5 de marzo de 2021
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declarada improcedente una acción de tutela en Circasia

23 de mayo de 2011
23 de mayo de 2011

El juez segundo promiscuo Miller Gaitán Martínez declaró improcedente una acción de tutela entablada por un grupo de funcionarios de la administración de Circasia contra la alcaldía en la que solicitaban el reconocimiento, liquidación y pago de primas de servicios y bonificaciones.

Argumentaron los accionantes que se le estaba violando el derecho a la igualdad señalado en el artículo 13 de la Constitución Política y que ante las mismas situaciones de hecho la alcaldía de Buenavista mediante resolución 078 del 16 de diciembre de 2010, le reconoció la prima de servicios a los empleados de dicha administración durante las vigencias de 2008 al 2010, por lo cual consideraron que “con la negativa de Circasia a reconocerle esos emolumentos salariales se les está vulnerando su derecho a la igualdad, pues consideran que las normas que regulan el régimen salarial de las entidades territoriales es de igual aplicación para todas estas, teniéndose en cuenta que también la gobernación del Quindío igualmente ya reconoció el pago a sus empleados”.

En las consideraciones que hace el juez en la sentencia expone “que la razón para que la alcaldía de Circasia no haya accedido a lo solicitado por los accionantes, es su acatamiento a las disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los empleados, sin ser su decisión caprichosa o arbitraria sino fundamentada en criterios y conceptos jurídicos que recibió respecto de desconocer la norma citada, y frente a la procedencia de hacer extensivos esos emolumentos salariales a los empleados de la administración conceptos que tienen como procedencia entidades del rango nacional y con la facultad de ser órganos consultivos de los funcionarios de la rama ejecutiva, tales como el departamento administrativo del servicio civil y la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, quienes señalan que el decreto 1042 de 1978 se encuentra vigente, y los elementos salariales en él contenidos no han sido extendidos a los servidores públicos”.

Decisión que los accionados consideran vulneratoria de su derecho a la igualdad, con fundamento en el hecho que uno de los alcaldes de otro municipio decidió hacer extensivo a los empleados los elementos salariales de la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, contenidos en el decreto 1042 de 1978 para los empleados del orden nacional “frente a lo cual podemos decir que le asiste la razón a la administración al señalar que las decisiones de los burgomaestres de los otros municipios no son vinculantes para las autoridades de Circasia, pues cada funcionario es responsable por sus actos y debe asumir las responsabilidades que se le puedan endilgar por los mismos, y las decisiones que dentro del ámbito de su competencia toman los burgomaestres tienen la calidad de cumplimiento dentro de la localidad que administran y rigen su destino durante su período de elección, ello mientras no sean atacadas por las autoridades correspondientes y no sean declaradas por fuera de la legalidad, y máxime que en este caso no se conocen los fundamentos legales que sirvieron de base para que el mencionado alcalde de Buenavista tomara dicha decisión”.

Se consagra en el artículo 4 de la Constitución Nacional que ella es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, pues a pesar de una norma estar acorde con la Constitución ello no es óbice para que al aplicarla a un caso particular y concreto, que por circunstancias especiales, resulte inconstitucional y deba prescindirse de su aplicación, porque los efectos de esa ley en ese caso en particular produce consecuencias contrarias a la misma Constitución, así lo ha señalado en reiterados pronunciamientos la misma Corte Constitucional, dice el documento.

“Esa inaplicación de la norma no indica que dicha disposición sea inconstitucional, o que en adelante no se podrá aplicar a otros casos o que siempre que el funcionario tenga que inaplicarla, no, ello es sólo para ese caso en particular y con efectos interparte, sin que pueda exceder ese marco jurídico de las personas frente a la cual se está inaplicando, ello no implica la pérdida de vigencia de la norma sino que ella sigue teniendo la obligatoriedad y ejecutabilidad frente a sus destinatarios”.

La abstención de su aplicación se convierte en una obligación para el funcionario al existir un evidente enfrentamiento de la norma frente a la Constitución que es normade normas y debe prevalecer dentro del sistema jurídico -sentencia C-600 del 21 de octubre de 1998-, agrega.

Considera el despacho improcedente la acción de tutela para obtener unos beneficios laborales, máxime si dependen de la inaplicación de una ley, o de su aplicación extensiva con el fin de modificar el régimen prestacional de los empleados, haciéndoles extensivos los elementos salariales establecidos para los empleados del orden nacional en el decreto 1042 de 1978, pues frente a su pretensión no puede el juez constitucional ordenar a un funcionario público inaplicar una disposición legal que se encuentra vigente, y frente a la cual no existe una evidente contradicción con la Constitución, máxime que en este caso no se ha invocado por los accionantes el estar en una situación de indefensión ni frente a un perjuicio eminente e irremediable.

“Es claro para el despacho que la vía expedita para que los actores controviertan la decisión de la mandataria municipal, e incluso para que se deje sin vigencia la restricción que significa para sus pretensiones de mejoras de sus condiciones laborales, es la vía contencioso administrativa, pues es esa jurisdicción la competente para dirimir los conflictos laborales que surgen en la administración pública, e igualmente para establecer la correspondencia de ciertas leyes con la Constitución, cuando esa competencia no esté atribuida a la misma”.

La decisión, según se informó, podía ser apelada.