4 de julio de 2022
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¿Un país de desastres?

30 de abril de 2011

Todo parece indicar que los augurios eran ciertos y que en poco tiempo el Jefe del Estado ha tenido que cambiar sus prioridades presupuestales para hacer frente a lo que según los expertos, parece ser el invierno más fuerte en cien años. Hasta los desastres -tal vez con la excepción de los terremotos- no se producen por generación espontánea. Nadie puede evitar los aguaceros, pero lo que sí deberían impedir las autoridades son las funestas consecuencias de los mismos.

Los ‘mamos’ tienen razón en cuanto al maltrato al medio ambiente. Su deterioro es producto de las equivocadas políticas durante muchos años. Si bien desde 1974, la administración Pastrana Borrero expidió el Código de los Recursos Naturales, muy poco se ha hecho para hacerlo cumplir. En los años 90 se creó el Ministerio del Medio Ambiente (durante el gobierno de Gaviria), pero a los pocos años, al comenzar la administración Uribe, con absoluta irresponsabilidad, se suprimió ese Ministerio de tan reciente creación. Valdría la pena que el país recordara quienes desde el Gobierno y el Congreso, en pocos meses, se apresuraron a extender la partida de defunción a un Ministerio, al que en todos los países del mundo se le da la importancia que aquí se le quitó.

Apenas ahora comenzamos a darnos cuenta del manejo politiquero de las Corporaciones Autónomas Regionales, entes que deberían haber impulsado las obras que hicieran menos graves las consecuencias del aumento del caudal de ríos y quebradas. A ciencia y paciencia de las autoridades se construyen, casi siempre para los pobres, viviendas en laderas y lugares de alto riesgo. En el mismo Bogotá se han permitido construcciones frente a los cerros tutelares de la ciudad. En la sabana -vaya uno a saber cómo- se autorizó la destrucción de humedales para construir costosas urbanizaciones, hoy víctimas de la furia de la naturaleza ofendida.

Alcaldes y demás autoridades administrativas han sido laxos en la concesión de licencias de construcción. Los responsables de cuidar los bosques a veces se encargan de destruirlos. Las secretarías departamentales de Agricultura o de desarrollo están en manos de agentes de los políticos y no de personal técnico y científico. Tenemos unas oficinas de prevención, que han terminado por convertirse en pesados entes burocráticos.

Es el momento de hacer un gran rediseño de la política ambiental del país. La construcción de carreteras y puentes debe efectuarse precisamente atendiendo los riesgos de deslizamientos, para que no ocurra lo que nos está pasando, que por imprevisión, carreteras claves se encuentran bloqueadas. La infraestructura debe manejarse teniendo en cuenta los riesgos ambientales y debe estar a cubierta de esos desastres naturales. Los trazados de las carreteras no pueden seguir haciéndose a la “topa tolondra”.

Es urgente una rígida planeación para la construcción tanto de las viviendas rurales como urbanas, para que no desaparezcan al primer aguacero.
Todos estos cruciales temas debemos tomarlos en serio, para que no sea necesario decretar más emergencias, cada vez que por el desorden climático tengamos que afrontar o el desborde de ríos y quebradas o veranos prolongados.

Al parecer, aquí son más graves los desastres políticos que los naturales. El Heraldo, Barranquilla.