19 de septiembre de 2021
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Remedios para un fracaso

2 de abril de 2011

Era el mes de enero de 1983 y algunos amigos me despedían porque viajaría con el fin de asumir la representación de Colombia ante el gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia. Al acto asistía Luis Carlos Galán, quien pronunció las palabras de despedida. Al contestarle, agradecí la atención y agregué algunas consideraciones sobre la situación de la provincia perdida, sus posibilidades y hacia dónde debían encaminarse los propósitos comunes. Es oportuno reproducir lo que manifesté en esa oportunidad, en relación con lo que es tema de esta columna:

“…miro con preocupación el proyecto de acto legislativo que establece la elección popular de alcaldes. Sólo hay en Colombia cuatro o cinco ciudades que han llegado a una madurez política que las libera del clientelismo. Por ello, tengo el temor de que estemos entregando a los municipios en usufructo, a perpetuidad, a los respectivos caciques.

Lo que hoy se presenta como un perfeccionamiento del régimen democrático, puede ser un retroceso ostensible. Sin que sobre advertir que se corre el peligro de que las mafias, abusando del poder del gran dinero, sean las que, en últimas, designen los alcaldes…” No me referí a los bandoleros y a los dueños del chance, porque en ese momento el influjo de unos y otros no era tan grande como lo es hoy. Aunque al hablar de mafias bien podían quedar los dos grupos comprendidos en la expresión. En cuanto a los gobernadores, aún no se hablaba de establecer su elección popular.

Dicho sea de paso, en esa época Álvaro Gómez Hurtado alcanzó a proponer la elección popular de jueces, que habría sido una desgracia aún peor. Por fortuna nadie lo respaldo en esa insensatez.
Mis presentimientos, lamentablemente, se cumplieron. Lo ocurrido con el gobernador del Valle, el del Magdalena, el alcalde de Bogotá, el de Armenia, y aquel otro gobernador de un departamento costeño condenado por asesinato (¿Arana?), es elocuente.

No todas las ciudades tienen la suerte de Medellín, donde Aníbal Gaviria, después de ser un gobernador ejemplar, es candidato a la alcaldía. Casos como éste son excepcionales.

La revocación del mandato no ha funcionado y casi no se ha intentado. Ha sido tan inútil como la moción de censura. Habrá que modificar su reglamentación para hacerla ágil y, especialmente, educar a la gente para que haga uso de este mecanismo.
Es evidente que la iniciativa de abolir esta institución y volver al anterior sistema de nombramientos no prosperaría. En consecuencia, hay que buscar un freno a los abusos.

La Procuraduría General de la Nación tendrá que extremar su vigilancia sobre gobernadores y alcaldes y actuar sin contemplaciones.
Éste es uno de los frentes en que se debe combatir con mayor energía la corrupción. Por ejemplo, es necesario idear medidas para romper los vínculos entre los empresarios del chance y los gobernadores. Esto podría ser parte de una estrategia encaminada a defender al pueblo de la inmisericorde explotación que enriquece a los dueños de estos juegos. Que, por desgracia, van acompañados de las máquinas tragamonedas que nadie controla.

Ya la Contraloría General de la República dio un buen ejemplo, al exigir la suspensión del gobernador Omar Díazgranados, que algún tinterillo quiso impedir abusando de la acción de tutela, pilatuna que debería investigarse y sancionarse.
En fin, es urgente actuar. De lo contrario cada día empeorará el estado de los departamentos y municipios, convertidos en botín de politiqueros, caciques, empresarios de juegos de azar y contratistas corruptos. Esto tiene que cambiar, porque si no ¡que Dios nos tenga de su mano!

Nota: sigue su marcha silenciosa el tiempo que nos va acercando a la vergüenza de la prescripción en los casos del espionaje telefónico, los falsos positivos, los regalos del Ministerio de Agricultura a los ricos, la compraventa de votos de los congresistas. No se sabe si deliberadamente o por casualidad, los enredos de la contratación en Bogotá, han servido de cortina de humo. Además, en lugar de dedicarse a los tejemanejes burocráticos, bien haría la Fiscalía en atender estos asuntos. De lo contrario, toda su gestión se reducirá a pedir renuncias y ensayar nuevos empleados inexpertos. Y no se olvide que esa es una de las entidades donde la corrupción es más ostensible y perjudicial. El caso del doctor Mario Aranguren es una campanada. Pero, ¿la habrá oído la señora fiscal, al parecer absorta en otros menesteres?