29 de junio de 2022
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Los atropellos del gobierno de Manizales con el proyecto de renovación urbana

27 de abril de 2011
27 de abril de 2011

No vayan a creer que estoy en contra del progreso de la ciudad y de sus gentes. No. Pero si me manifiesto en contra de los abusos que han cometido, amparados en un proyecto que sólo va a beneficiar a unos pocos en perjuicio de centenares de familias y comerciantes.

Estoy de acuerdo con las obras de progreso, pero que se hagan con respeto a la dignidad de las personas y se les resarzan los perjuicios ocasionados. Y aquí vemos que la Alcaldía y la Empresa de Renovación hacen lo contrario.

Lo primero que hicieron fue abrir un boquete bajo el pretexto de construir un par vial, pero con la intención de desvalorizar bienes patrimoniales para generar un suelo en beneficio de unos cuantos mercaderes que se van a enriquecer. Aquí se le está haciendo juego a los urbanizadores y banqueros al entregarles, en bandeja no de plata sino de oro, el sector más plano y firme, situado en pleno centro de Manizales. Esa será la plus valía que podría mejor denominarse, irónicamente, enriquecimiento ilícito para unos pocos, y empobrecimiento lícito para muchos.

Sabemos que el bien común está por encima del bien particular, pero aquí se practica el corolario contrario con el amparo oficial: que prevalezca el bien particular o individual en contra del social, y ya nos imaginamos quienes se van a favorecer.

Si con esas obras trataban de justificar un presunto desarrollo humano, por qué no empezaron por erradicar los tugurios de las laderas de la comuna para prevenir tragedias, ahora que estamos en esta temporada invernal, en las que por fortuna, por ahora, no han ocurrido deslizamientos. Qué tal que sucedan, para preguntarnos cuál sería la responsabilidad de la administración por tales omisiones.

Todo comenzó al revés. Lo primero que hicieron fue echarle ojo a lo plano, ofrecer bajos precios por viviendas construidas en terreno firme, amenazar con expropiar a quienes no aceptaban las ínfimas ofertas y comenzar a tumbar desordenadamente, para causar desolación y propiciar daños a viviendas que aún quedan en pie. Inclusive, bajo la complicidad oficial, “expropiaron de hecho”, o para entender mejor, destruyeron dos viviendas sin haberlas adquirido oficialmente, a una de cuyas familias propietarias, tras un avalúo oficial de 59 millones de pesos, ahora le ofrecen la irrisoria suma de 14 millones. Más que una tremenda injusticia, es una perversa picardía.
 
Así empezó el más vil atropello, producto del “vandalismo oficial”, que provoca el desplazamiento forzado y acoso para vender a cualquier precio ante las amenazas de una expropiación, propaladas por un amanuense que hace las veces de secretario de la entidad promotora del susodicho proyecto. Y qué decir del daño ambiental, social, familiar y comercial, y el atentado contra el patrimonio arquitectónico e histórico de un sector por donde se abrió el desarrollo, tras la colonización antioqueña que comenzó su paso por San José.

La administración se afanó por tumbar y construir una avenida, en la que no sólo se han advertido fallas por la falta de planeación y de estudios de movilidad, sino posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de la correspondiente licitación de la morosa obra, tal como lo denunció en su momento el zar anticorrupción.

Qué decir de los confusos y oscuros contratos, por no decir sospechosos, firmados con los encargados de las demoliciones de viviendas, que investiga la Contraloría Municipal y la Fiscalía, cuyos detalles no enumero para no violar la reserva sumarial; la venta irregular de materiales de demolición, y la entrega de otros para ayudar a algunas campañas políticas; el incumplimiento a las medidas ordenadas por la justicia para remediar los daños a la comunidad que acudió a las acciones populares; las malintencionadas interrupciones del suministro de acueducto a la población que aún vive en el sector; la contaminación ambiental como consecuencia de las demoliciones; el incremento del vandalismo propiciado por la negligencia oficial; las violaciones al debido proceso y al derecho de petición; la imposición del cierre de vías en perjuicio de los comerciantes de la plaza Liborio Gutiérrez a quienes no se les ha permitido ejercer el derecho a participar tal como lo ordena la Constitución Política y la ley cuando de construir macroproyectos se trata, y lo que se esconde detrás de la constitución del fideicomiso para el manejo de los recursos del macroproyecto, denunciado esta semana por la concejal Adriana Arango Mejía, y otras cosas aún por descubrir.

Exhortamos a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría para que mantengan vigilantes frente a estas felonías. Que estén atentas frente a las posibles ilicitudes que podrían desencadenar en un detrimento patrimonial en perjuicio del Municipio como consecuencia de esas monstruosidades.

Ahora que no me vengan a decir que estas advertencias tienen tinte politiquero, o que estoy llamando al desorden y a la violencia; que no me vayan a tildar de guerrillero, subversivo o terrorista, argumento que siempre esgrime el alumno aventajado de Uribe, que funge como Alcalde de la ciudad, o que cometan contra mí un falso positivo, porque estoy llamando a la oposición frente a los abusos oficiales de la Alcaldía, y a defender los derechos humanos.

Hago un llamado señores Concejales, para que persistan en un verdadero ejercicio del control político y no se traguen enteras las mentiras de los burócratas que rinden informes maquillados donde dan a entender que “todo va a las mil maravillas”, que el proyecto urbanístico de San José es un éxito. Por el contrario, por el desorden administrativo, la falta de planeación y de gestión, y las irregularidades cometidas, este proyecto podría convertirse en otro llamado “elefante blanco” o porque no, en otro “Aerocafé”.

Es hora de que el Concejo en cumplimiento del reglamento interno, ante el sombrío informe de gestión del gerente de la Empresa de Renovación Urbana, le dicte, sino la moción de censura que por suerte no le aplica a él por no ser secretario de despacho, por lo menos se formule en su contra la moción de observación.
A los ciudadanos de San José, que han sido vilipendiados y estigmatizados para desarraigarlos de su hábitat, con el pretexto de mejorarles su calidad de vida, les digo que hay que insistir en la desobediencia civil, como una forma de disidencia, aplicada especialmente por los movimientos en defensa de los derechos civiles y políticos.
Una desobediencia civil de forma consciente, pública, manteniendo una actitud de protesta contra la autoridad con el fin de que rectifique los errores, y contra la omnipotencia de los poderes políticos y económicos, para desenmascarar lo que se esconde detrás de este proyecto de “renovación inhumana”.