Problemas de la justicia

Es lo que viene aconteciendo en Colombia en los últimos años. La justicia cojea y generalmente no llega. Y todos los días se cree menos en ella. Es muy significativo el hecho de que los estudiantes de Derecho no tengan entre sus ambiciones la de ser jueces: no, solamente piensan en los grandes negocios y en el enriquecimiento.

De los problemas, el primero es la morosidad de los jueces. A pesar de tener aceptables oficinas, computadores y todos los elementos necesarios para trabajar, muchos prefieren cultivar la pereza como si fuera una virtud. Siempre he sostenido que lo que falla en esta materia no es el sistema, no son las normas, sino el hombre. Esta lentitud trae consigo diversos problemas. El primero es la tendencia generalizada a hacerse justicia por su propia mano. Algunos se han acostumbrado a amenazar para conseguir el pago de lo que se les debe. Hace algunos años existían los “chepitos”, cobradores que con llamativos atuendos acosaban a los morosos. Ignoro si hoy quedan algunos.

La justicia contenciosa administrativa no es una excepción a la regla general del paso de la tortuga. Por desgracia, es el propio Consejo de Estado el que da el mal ejemplo. Como en las del infierno, en su puertas podría ponerse el aviso que imaginara Dante: “Los que llegáis aquí perded toda esperanza.”

A los procesos interminables se suman los jueces corruptos. Alguna vez me referí en esta columna a un juez civil del circuito de Bogotá, que estaría en el lugar apropiado si se le encerrara en la prisión del Barne o en otra peor. A pesar de sus desafueros sigue en su cargo, dedicado a sus actividades ilícitas, y no sería raro verlo en el Tribunal Superior, en el futuro.
En los procesos penales, las consecuencias de la demora en su trámite son terribles. Ellas llevan a la impunidad que desmoraliza y es caldo de cultivo de más delitos. Mientras los expedientes reposan en los anaqueles, el tiempo corre inexorablemente, hasta que un día los delincuentes esgrimen la prescripción como un arma que los libera. Después, muertos de la risa, pregonan su inocencia, que tiene que presumirse porque no fueron condenados.

Lo que Colombia necesita es, como decía la Constitución antes de su reforma en 1991, que se ejerza “pronta y cumplida justicia.” Los escándalos de Bogotá, el espionaje telefónico, la compraventa de votos de los congresistas, los falsos positivos, los regalos de miles de millones que hiciera el Ministerio de Agricultura, tienen que ser prontamente investigados, para que los responsables sean condenados y los realmente inocentes, absueltos. Lo peor que podría ocurrirle a la nación, sería que toda esta podredumbre quedara cubierta por el manto de la impunidad, y que ella únicamente se recordara como otro capítulo de nuestra picaresca.

Nota final: convendría que las seudo autoridades de la provincia perdida se informaran de lo que se hizo en Barranquilla para recuperar la plaza de San Nicolás, de la cual se habían apoderado los vendedores ambulantes. Hoy es un sitio bellísimo que adorna esa ciudad. La diferencia no es difícil de encontrar: allí tienen uno de los mejores alcaldes de Colombia, en tanto que en la provincia perdida ni siquiera se sabe quién manda…