18 de septiembre de 2021
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Plan de Desarrollo estatizaría aportes de los empleadores al subsidio familiar

16 de marzo de 2011
16 de marzo de 2011

De ser aprobado este artículo, según el Presidente Ejecutivo de ASOCAJAS, Álvaro José Cobo Soto, se reformaría por la puerta de atrás un Sistema que por más de medio siglo de capitalización social y administración cogestionada y solidaria, hoy por hoy beneficia con programas y servicios sociales a cerca de 21 millones de compatriotas de bajos y medianos ingresos.

Es más, asegura el Presidente de ASOCAJAS, al convertir el aporte patronal en impuesto (generando de esta manera un efecto hacendístico perverso), se afectaría flagrantemente el principio de participación al definir de manera discrecional por parte del Gobierno el uso de recursos que les pertenecen a los trabajadores y que provienen exclusivamente de los empleadores.

El mencionado artículo, que involucra las Cajas de Compensación en el Sistema de Protección Social, dice Cobo Soto, “vulnera también el principio de representatividad política y de participación democrática en cuanto pretende dejar al arbitrio de autoridades gubernamentales decisiones públicas que deben ser tomadas por el Congreso de la República”. Y agrega que “de un tajo se pretende deslegalizar el régimen de funciones y financiación del Sistema de Subsidio Familiar, al trasladar esa responsabilidad al Conpes, sin que en modo alguno sea aquella la autoridad competente al efecto”.

Son muchos los perjuicios que generaría la aprobación de una medida como esta, y citó que, entre otros:

-Recorta derechos y garantías mínimas de los trabajadores.
-Afecta la redistribución de ingresos, empobreciendo a los trabajadores y las familias de menores ingresos en Colombia.
-Reduce la cobertura de la seguridad social, pues menos personas tendrían acceso a la misma.

Además, sostiene el Presidente de Asocajas, el Plan Nacional de Inversiones Públicas es de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas que ejecutan recursos del Presupuesto General de la Nación, pero que no es obligatorio, sino meramente indicativo, para los particulares, como lo establece la Constitución Política y la misma Ley Orgánica de la Planeación.

No podemos olvidar que las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, las cuales ejecutan actividades relacionadas con la protección y la seguridad social, pero no son destinatarias del Plan Nacional de Inversiones Públicas.

Por estas razones, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, ASOCAJAS, le solicitó al Gobierno Nacional retirar del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo el mencionado artículo, por cuanto éste, además de vulnerar disposiciones constitucionales, generaría un perjuicio grave e irremediable para los Sistemas del Subsidio Familiar, la Protección Social y la Seguridad Social; y lo llama a un proceso de concertación en el que tengan directa participación empleadores, trabajadores, Cajas de Compensación Familiar, y el Gobierno Nacional.

El proyecto

ARTÍCULO NUEVO. “CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Las Cajas de Compensación Familiar (CCF) harán parte del Sistema de Protección Social del país, de acuerdo a los lineamientos definidos en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo que hacen parte integral de esta Ley. Se integrarán al conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de la población, y armonizarán sus acciones con los lineamientos estipulados para el Sistema.

El Gobierno Nacional previa recomendación del CONPES redefinirá, bajo este marco, las acciones que adelantan las CCF con cargo al 4% del salario, teniendo como principio orientador la compensación familiar, la promoción de empleo y la protección social para los trabajadores y sus familias.

El Gobierno Nacional actualizará el sistema de reporte de información de las CCF de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con el propósito de identificar con mayor claridad la destinación de los recursos con cargo al 4% del salario, los programas, beneficiarios y el sistema de costos implementado.

Adicionalmente, los programas adelantados y recursos asignados con cargo al 4% del salario se articularán con el resto de acciones del Sistema de Protección Social y apoyarán, según sea el caso, el cumplimiento de las metas que el Gobierno Nacional se fije en materia social.

El Gobierno Nacional definirá la oportunidad y pertinencia de la utilización de las CCF como operadoras de servicios sociales, en particular en las regiones con baja presencia institucional y operativa o con rezagos en infraestructura social”.