28 de septiembre de 2021
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Piden Investigar a Álvaro Uribe por chuzadas anteriores a 2005

8 de marzo de 2011
8 de marzo de 2011

De acuerdo a lo explicado por el periodista colombiano Alfonso Cuéllar en reciente entrevista con CNN México, “hubo dos periodos de las chuzadas. El primero, en 2005, cuando hubo la persecución a periodistas y a personas de la oposición por ser de izquierda. Y el segundo periodo fue entre 2007 y 2009 cuando se reveló además el seguimiento a los magistrados de las Cortes”.

Cabe recordar que el procesado ex director del DAS, Jorge Noguera, estuvo al frente de esa entidad entre 2002 y 2005. Según el expediente del juicio que se le sigue a al ex subdirector del organismo José Miguel Narváez, por las chuzadas correspondientes a los años 2004 y 2005, un total de 275 personas estuvieron en lista de seguimientos e interceptaciones ilegales dentro de lo que los documentos internos y los testigos llamaron “guerra política”, es decir “seguir y anticiparse a los movimientos de ONG, políticos y periodistas” que supuestamente ponían en riesgo políticas oficiales, particularmente la seguridad democrática.

Toda esa operación, según Carlos Arzayús, ex jefe de inteligencia del organismo, estuvo a cargo del controvertido grupo G-3 que habría funcionado entre 2002 y 2005.

Cargos

La compulsa de copias sobre el ex presidente Uribe se desprende de las referencias que aparecen en varios expedientes de la investigación que se sigue contra cinco exfuncionarios del DAS que ayer fueron acusados por la Fiscalía por estar involucrados en las interceptaciones telefónicas ilegales: Ignacio Moreno Tamayo, ex subdirector de fuentes humanas; Gian Carlo Auque, ex director de inteligencia; Eduardo Aya Castro, ex coordinador de la subdirección de operaciones; así como a los miembros del G-3 Rodolfo Medina y Mario Orlando Ortiz.

Preacuerdo

Un preacuerdo al que llegaron los ex funcionarios del DAS, Fernando Tabares (ex director de contrainteligencia) y Jorge Lagos (ex subdirector de contrainteligencia), con la Fiscalía, fue avalado por una juez de conocimiento, lo que les permitió obtener una condena anticipada por las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes políticos.

Tabares deberá pagar 8 años y Lagos 8 años y 4 meses de prisión por las denominadas chuzadas.

Tabares y Lagos fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública e interceptación ilícita de comunicaciones.