18 de septiembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Pasó ponencia sobre ley de víctimas

23 de marzo de 2011
23 de marzo de 2011

Será un bloque de más de 130 artículos los que no tienen discusión y sí consenso entre los seis ponentes, de igual número de partidos, con que cuenta la iniciativa. Con los otros artículos, los de mediana discusión y los más polémicos, habrá debate a fondo, reconoció el senador y coordinador de ponentes, Juan Fernando Cristo (Partido Liberal).

"La ley de víctimas y de restitución de tierras es irreversible. Se buscará consenso de aquí al martes, en la definición del término de víctima, contemplada en el artículo tercero. Vamos a estudiarlas a fondo con juristas para responderlas. Segundo, todo el capítulo de la institucionalidad, donde hay acuerdo entre todos los ponentes, con excepción del senador Roy Barreras (Partido de la U). En  tercer lugar, hay dudas puntuales sobre restitución de tierras, requisitos y recursos que vamos a estudiar y toda una serie de propuestas, como las del senador Jorge Londoño (Partido Verde) para darle mayor participación a las víctimas en cuanto al proyecto de ley", dijo.

El tema de la fecha va a suscitar debate, dijo el legislador, pero recalcó que hay un consenso inicial en que sea el primero de enero de 1986, a partir de cuando se reconocerá el carácter de víctimas.

"Algunos de los ponentes hemos avanzado y le propusimos al Gobierno movernos al 1 de enero de 1985, pero todavía no hay decisión oficial. Pero puedo decir que este tema de la fecha, que era de mucha polarización se ha superado y no hay posiciones irrenunciables frente al tema", afirmó.

En cuanto al tema de las “bacrim”, de las bandas criminales y las víctimas que están produciendo actualmente en Colombia, afirmó que el mismo hará parte de las discusiones del artículo tercero de la ley y el de incluir a los refugiados, con la proposición presentada el martes 22 por el senador Manuel Enríquez Rosero.

Entre tanto el senador Roy Barreras (Partido de la U) y al mismo tiempo senador ponente hizo votos para que el proyecto sea aprobado entre martes y miércoles próximos, por cuanto la agenda legislativa está bastante apretada.

“Luego (en Comisión Primera) viene el referendo de cadena perpetua para violadores de niños y niñas, reforma a regalías, reforma a la justicia, y un grueso paquete legislativo. Hay Semana Santa y es una legislatura corta. No podemos perder más tiempo. Son 200 artículos de víctimas, pero saldrán adelante”, dijo.

Afirmó que su partido tiene tres preocupaciones fundamentales: "hay que garantizarle a los colombianos que quien reciba una indemnización no salga por la puerta de atrás a demandar al Estado de nuevo, porque no habría con qué pagar las multimillonarias demandas. Dos, vamos a reparar a las víctimas de todos los grupos armados ilegales, de bandidos, criminales, siempre y cuando  hayan sido violados sus derechos fundamentales. Entonces, las víctimas de Pablo Escobar o del cartel de Medellín, por ejemplo, tendrán que ser reparadas. Vamos a excluir a las afectadas en derecho internacional humanitario, porque no vamos a reconocer el conflicto, no les vamos a dar estatus político a las “bacrim”, ni a los viejos paramilitares. Hay que aclarar que sólo vamos a reparar a las victimas sin garantizar estatus político. Y la tercera, hay que garantizar que el aparato institucional que se cree funcione al otro día de sanción de la ley.  Nos mantenemos en defender que Acción Social trabaje directamente en reparar a las víctimas y sin agencia nueva burocrática que se demora un año en montar (como lo contempla el articulado)", afirmó.

Víctimas sin discriminación

Entre tanto, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras destacó la votación del informe con que terminó la ponencia y dijo esperar la aprobación en bloque el martes próximo. Acerca del tema de incluir a las víctimas que generen las bandas criminales o “bacrim” dentro de los beneficios de la futura ley, el ministro dijo que la discusión suscitada “no tiene razón de ser”.

“El concepto de victima que el proyecto prevé no hace relación a quién fue el victimario, simplemente a que la persona acredite que está en esa condición de víctima. Ese es el enfoque nuevo del proyecto, que no discrimina entre quiénes ocasionaron la violación, (puede ser integrante de organización paramilitar, o guerrillera, y aún mismo el proyecto prevé que puede ser algún agente del Estado) Bacrim es un debate que vamos a enfrentar pero que no se relaciona directamente con la ley de víctimas", añadió.

Dijo que la ley no tiene reversa para el Gobierno, para el Presidente (Santos), para todos nosotros hace parte de la agenda propuesta dentro de un punto muy importante y es el compromiso del Jefe de Estado y su gobierno con los derechos humanos, con el derecho internacional y con 4 millones de colombianos que aspiran a ser resarcidos con esta iniciativa.
Afirmó que la ley dentro de su cronograma fijado cuenta con los recursos para garantizar su cumplimiento. "Por eso nos ha extrañado que sea uno u otro congresista el que exprese mayores preocupaciones que las que tiene el ministro de Hacienda y el propio Presidente. Este programa se ejecutará en 10 años. Queremos que se privilegie a los más necesitados, pero no podemos decirles a las víctimas que los beneficios se extenderá más allá de una década" aseveró.

El ministro dijo que el concepto de víctima es muy claro, y no tiene cabida el tema de los refugiados, como lo propuso el senador Enríquez Rosero (Partido de la U). "Víctima es una persona que haya sufrido directamente o él o su familia una violación a sus derechos humanos, pero no refugiados. Sería hacerle una distinción al tema que no es adecuada", dijo.
En cuanto a la fecha a partir de la cual se reconocen las víctimas afirmó que el Gobierno ha dicho que no tiene reparo alguno a la que definan los ponentes.

Dudas metódicas

La sesión también estuvo matizada con dudas y preocupaciones, por parte del presidente de la comisión, senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), quien dijo que esta iniciativa es un reto importante de los últimos tiempos para reparar a las víctimas y restituirles las tierras. Asimismo, formuló una serie de interrogantes frente al proyecto, elaborado en el marco de la justicia transicional.

Afirmó que le preocupa "dejar atrás el derecho a la justicia y buscar la reparación. La ubicación de la verdad, la justicia y la reparación no es gratuita. No hay verdad, no hay justicia y ahora se busca la reparación a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? El Gobierno dice que es imposible calcularlas. Otra pregunta y que no tiene respuesta es ¿cuánto va a costar?, así como el tiempo y el dinero en que se va a calcular. Esta Ley va a tener resonancia, van a ser décadas y se van ampliar por parte del Congreso a las víctimas”.

El senador Hernán Andrade (Partido Conservador) señaló que los ponentes están preocupados por el alto costo de la reparación de las víctimas. "No sabemos cuánto va a costar, según el Gobierno las fuentes son las que están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo", afirmó Andrade.

Para el senador Jorge Londoño (Partido Verde), “es importante que en la Ley de Víctimas ellos nos expresen sus conceptos con respecto a la seguridad que van a tener cuando le sean reintegradas las tierras, es auscultar todo y conocer sus conceptos”.

Por su parte, el senador del Partido de la U, Manuel Enríquez Rosero, dijo “tenemos preocupaciones y queremos saber la posición del Gobierno referente al tema de las víctimas de las "bacrim", quedan o no incluidas dentro del proyecto, ese es un tema fundamental que tenemos que definir. Mirar cuál es el criterio de la señora Fiscal (General de la Nación), en qué condiciones esta entidad adelantará el cumplimiento de esta ley, que ha generado expectativas en todo el país y mirar si contamos con su respaldo”.

El senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) y otro de los ponentes dijo en su intervención que dentro de los temas a debatir demostrará las contradicciones de la postura del Gobierno en cuanto al establecimiento de un proceso administrativo de restitución de tierras cuando no haya conflicto judicial, como en el caso de las 4 millones de hectáreas abandonadas o lotes baldíos, de los 6 millones a restituir. "Para qué desgastamos a la justicia con un proceso sobre esas tierras que no tienen pelea jurídica", dijo.

De otro lado, en la sesión, el Partido Liberal dejó una constancia donde rechaza la inseguridad y los asesinatos que se han producido contra los jueces de la República. "El Estado debe evaluar seriamente las condiciones de seguridad de los jueces de la República que al ser competentes de conocer los delitos de mayor gravedad y que involucran a los grupos armados ilegales y otros actores del conflicto, deben enfrentar en nombre de la sociedad la lucha contra estas organizaciones", afirmó el senador Juan Manuel Galán.