18 de septiembre de 2021
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Pardo al Buen Pastor; a la Picota el excontralor Moralesrussi y Julio Meléndez

29 de marzo de 2011
29 de marzo de 2011

Finalmente, Meléndez Julio fue cobijado con la medida de aseguramiento por su aparente responsabilidad en los punibles de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y concusión.

Luego de acoger los argumentos presentados por el fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón Gómez, la Juez Séptima Penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, profirió medida de aseguramiento, de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra del ex contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi Russi, de la ex directora del IDU, Liliana Pardo Gaona, y del ex director técnico de la misma entidad, Inocencio Meléndez Julio, investigados por procesos de contratación para la capital.

Al dar a conocer su decisión, la Juez manifestó que los imputados incurrieron en delitos graves y por tal razón la petición de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía era razonable, ya que así se podrá impedir que abandonen el país debido a la capacidad económica que tiene cada uno de los procesados.

LA IMPUTACIÓN DE LA FISCALÍA

En la audiencia de imputación de cargos, realizada el 24 de marzo último, el Fiscal Segundo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el ex Contralor exigió una suma de dinero indeterminada a Guido Nule Marino, para otorgar su aval con respecto de los contratos del IDU 137 de 2007 y 072 de 2008.

Según la investigación de la Fiscalía, Moralesrussi como Contralor debía imponer sanciones pecuniarias a quienes incumplían los contratos, tenía que evaluar la ejecución de las obras públicas, debía hacer visitas a las obras y tenía que iniciar investigaciones contra los causantes del detrimento patrimonial al Distrito Capital, obligaciones que no cumplió.

Respecto a la ex Directora del IDU, el Fiscal Segundo Delegado indicó que de acuerdo a lo establecido en la investigación, desde esa entidad, entre el 2007 y el 2010 se produjo un descalabro por la suma de 2 billones 235 mil millones 926 mil 997 pesos, cuando se abrió la contratación para la Tercera Fase de Transmilenio, la malla vial y la valorización para obras en la Carrera Décima, Calle 26 y Carrera Séptima.

Señaló que la Dirección de esa entidad dio luz verde al manejo irregular de anticipos, con lo que benefició a terceras personas, y en ningún momento hizo consultorías permitiendo de esta forma que los contratos se cancelaran en dos ocasiones.

En la investigación se demostró, prosiguió el Fiscal Segundo, que la entonces directora Pardo junto con su jefe técnico, Meléndez Julio, aprovecharon las facultades de su cargo para elegir a los contratistas de obras millonarias. Para las contrataciones y las interventorías se presentaban las mismas personas, sin que el IDU rechazara esas actuaciones.

También, continuó el Fiscal, se omitió la selección objetiva de la contratación al hacer pliegos a la medida de los Nule; además, en ningún momento el IDU hizo cumplir las fechas de inicio y de terminación de obras, lo que se traducía en retrasos.

Con respecto al incumplimiento de las fechas, el funcionario judicial explicó que las multas por esa causa a favor del Distrito no se cobraban, pues las deudas se condonaban.

Sobre Meléndez Julio, el Fiscal Segundo Delegado manifestó que le exigió a los contratistas la suma de 4 mil 500 millones de pesos, para él y para la directora Pardo, y recibió un apartamento, un vehículo y 200 millones de pesos en efectivo.

Estos fueron los argumentos presentados por la Fiscalía durante la imputación de cargos, que sirvieron de base a la Juez Séptima Penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, para dar a conocer hoy su decisión de asegurar a los tres procesados.