26 de septiembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

No más negar la realidad

19 de marzo de 2011

Es el caso de nuestro conflicto armado: durante ocho años la visión y la actuación del Gobierno correspondía a la posición de ‘no existe conflicto armado’.

Partiendo de tal premisa no se aplicaba el Derecho Internacional Humanitario y por el contrario se cayó en el ‘todo se vale’, puesto que se suponía que se trataba simplemente de acabar con unos bandidos, terroristas y delincuentes.

Ni siquiera la participación de los paramilitares y la amnistía política que se les dio sirvió para que se aceptara que sí existía una situación de confrontación bélica.

El no reconocer esta realidad relegaba además a un segundo plano la otra realidad que la acompaña y que, en una u otra forma, tiene relación con ella: bien por ser un movimiento idealista de protesta que busca de verdad un cambio en el modelo de Estado y de Gobierno que tenemos, o bien porque simplemente es la única o mejor opción de empleo y de ingreso para algunos de los miles de compatriotas que no tiene alternativa diferente (o para quienes la alternativa es el paramilitarismo, el narcotráfico, las bacrim, la delincuencia ordinaria o aun las fuerzas armadas oficiales), el hecho es que la guerrilla por uno u otro lado se alimenta del conflicto social que existe en Colombia y que también se niega.

Más que cualquier propuesta de leyes aisladas –probablemente convenientes y necesarias, pero difíciles de tramitar y más de cumplir de no cambiarse el marco conceptual-, lo que daría una verdadera pauta para decidir hacia dónde vamos sería la declaración del Presidente de que, a diferencia del Gobierno anterior, sí reconoce que existe un conflicto armado, y que parte de la razón de éste es un orden social que requiere correcciones.

El dar este nuevo marco permitiría un tratamiento más adecuado y más positivo para el tema de los secuestrados, para el tema de la paz, para el tema de la reparación a las víctimas, para los debates sobre el reordenamiento del campo, para la colaboración extranjera, y, en general y concreto, para un manejo más constructivo de la realidad.

Algo similar pasa con la otra causa de nuestros males: la política antidrogas. La realidad es que es una política que ha fracasado. Pretender que se está avanzando con una expectativa de encontrar una solución definitiva bajo la consigna de ‘tolerancia cero’ es más que un error o una torpeza: es negar lo que los hechos prueban.

También es absurdo pretender que no es una política impuesta por los Estados Unidos o afirmar que es por razones internas que se han tomado las medidas y seguido las estrategias que han producido los insatisfactorios resultados.

Es obvio que Colombia depende en este tema de lo que el mundo y más concretamente los americanos consideren; pero no al punto de tener que ser un protagonista mudo.

Y menos cuando es quien más ha sufrido las consecuencias negativas de esa orientación, y se reconoce en todos los foros especializados la necesidad de buscar modificaciones al enfoque que hasta ahora se ha dado al tema. Los Unasur, Consejo de Seguridad de la ONU y demás escenarios ganados por el Gobierno Santos dan la oportunidad para no seguir negando esa realidad y proponer en forma afirmativa una rectificación al respecto. El Heraldo.