17 de septiembre de 2021
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Municipios donde se practica la minería ilegal tienen mayores riesgos electorales: Procurador

23 de marzo de 2011
23 de marzo de 2011

“En estos momentos, de acuerdo a la información de los organismos de seguridad hay más de 400 municipios donde se explota ilegalmente la minería; hoy es este el principal y más importante ingreso de los grupos al margen de la ley. Más que el narcotráfico, la minería ilegal es la primera fuente de financiación de las ‘bacrim’ y de las Farc y de los otros grupos al margen de la ley”, señaló el Procurador.

Hizo referencia la “transhumancia electoral” y citó cifras de la Registraduría General de la Nación, según las cuales hay ocho departamentos con muy alto riesgo de presentar este fenómeno, en el cual los ciudadanos inscriben la cédula y votan en un lugar distinto a aquel en el que residen. “(…) El departamento del Casanare tiene el 48% de riesgo en materia de fraude electoral; en las elecciones municipales anteriores fueron anuladas el 78,8% de las inscripciones realizadas; en el departamento de San Andrés, cerca del 61% de las inscripciones fueron anuladas, situándose en más de 48% de riesgo de fraude electoral”, destacó.

Anunció que la Procuraduría, en el marco de sus funciones preventivas, solicitará a la Registraduría que se cumplan los términos del Decreto 2245 de 1986, a fin de depurar el censo electoral, y destacó que si la Procuraduría encuentra irregularidades, impugnará las inscripciones.

De otra parte, destacó que es necesario fortalecer la vigilancia y el control sobre la contratación estatal en el periodo electoral, porque en las elecciones territoriales solo se restringen los convenios administrativos mientras que las demás modalidades de contratación, incluso la directa como los contratos de prestación de servicios, pueden ser implementadas.  “Esto implica un mayor énfasis cuando se utilicen fuentes de financiación con regalías, para el caso se utilizar… la revocatoria de los actos de apertura y la iniciación de p disciplinario cuando se desconozcan los principios de la contratación estatal.

El Procurador anunció además que la entidad a su cargo vigilará las modificaciones de las nóminas de las entidades públicas y recordó que la Ley 996 de 2005 establece la prohibición de modificarlas dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa, y advirtió: “Los contratos de prestación de servicio van a ser objeto de vigilancia especial y preventiva por parte de la Procuraduría; esta práctica es la que se utiliza con mayor frecuencia con fines electorales”.

Anunció igualmente que este órgano de control hará seguimiento y monitoreo a la financiación de campañas, coordinando acciones conjuntas con el Consejo Nacional Electoral. Propuso a los candidatos visibilidad y transparencia en tiempo real de las cuentas de campaña: “hoy no existe obligación de hacer visible la financiación, simplemente se registra el libro y posteriormente al proceso electoral se presentan las cuentas con el propósito de obtener los recursos por concepto de reposición de votos”, señaló.

Respecto de las eventuales modificaciones legales en materia de la contribución de contratistas a las campañas electorales, aseguró que, en su concepto, incluso bajo las normas vigentes se presenta un “conflicto de intereses” cuando la autoridad elegida contrata con su financiador: “con la actual normatividad se pueden derivar responsabilidades de carácter disciplinario”, enfatizó el jefe del Ministerio Público.

Finalmente anunció que para evitar el fraude electoral que se pueda originar en los software de escrutinio, la Procuraduría acompañará el preconteo, conteo, auditoría, vigilancia y control a los sistemas y centros de cómputo de la organización electoral y sus contratistas. Reiteró que la este órgano de control avanzará en sus actuaciones de carácter disciplinario contra los funcionarios que incumplan sus obligaciones y falten a las normas que rigen sus actuaciones.