17 de septiembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Ley de víctimas: empezando por el final

20 de marzo de 2011

En 1982 se fundó ASFADDES, quizá la primera organización de víctimas de la desaparición forzada en Colombia, y en 1991 surgió el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Una y otra llevan décadas luchando por el reconocimiento de sus casos y exigiendo del Estado y la sociedad verdad, justicia y reparación.

La Ley de Víctimas debería ser un primer acto para reestablecer el vínculo entre la sociedad y las víctimas al reconocerlas y extender nuestra mano para dignificarlas, aliviar su situación y reparar el daño causado. Hay dos daños que requieren ser compensados de alguna manera: por un lado el hecho en sí que hizo de la persona víctima como la masacre, el atentado terrorista, reclutamiento forzado, la mina antipersonal, desplazamiento, la desaparición, el secuestro y despojo, entre otros. Por el otro, la indiferencia de la sociedad y de los gobiernos que la representaban.

No obstante lo anterior, la ley está desenfocada del meollo del asunto: la verdad, la justicia y la atención psicosocial. Las organizaciones de víctimas que hemos consultado coinciden en que el proyecto se concentró en la reparación material, bien sea como indemnización o mediante la materialización de algunos derechos sociales y deja en segundo lugar la memoria y lo simbólico.

¿De qué sirve una suma de dinero o el acceso a la educación si no es posible establecer la verdad sobre los hechos y responsables que hicieron de alguien una víctima? ¿En qué proyecto de vida puede invertir alguien unos recursos cuando le han robado la esperanza o la ilusión?

El objetivo debe ser la verdad, la sanación y con ella la justicia. Esta es una verdad colectiva. Todos tenemos nuestra visión de lo que pasó y por qué. Una memoria que no recoja los testimonios de todas las partes, una verdad sesgada, una verdad estratégica para alcanzar beneficios, ni es verdad, ni contribuye a la reconciliación. Todas las organizaciones de víctimas tienen por lo tanto el derecho y el deber de participar en este proceso. Una Ley de Víctimas que no responda a estos puntos sale coja y con altas posibilidades de ser ineficaz.