19 de septiembre de 2021
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La reunión paramilitar que complica al ex ministro Sabas Pretel

2 de marzo de 2011
2 de marzo de 2011

El alto funcionario también habló sobre las acciones que se adelantarán por el caso de los medicamentos vencidos.

Con relación a los supuestos contactos que habría sostenido el ex vicepresidente Francisco Santos con cabecillas de las autodefensas, el Vicefiscal General señaló que: “La Fiscalía General, por medio un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, había negado la práctica de unas pruebas. Luego se produjo una apelación y el despacho del Vicefiscal General de la Nación accedió a la práctica de la prueba, que consiste en recibir el testimonio del ex conductor de Salvatore Mancuso. Posteriormente, se decidirá de fondo acerca de la responsabilidad o no que le quepa al doctor Francisco Santos. La decisión la tomará el fiscal que lleva el caso, la Vicefiscalía simplemente accedió a la práctica de la prueba”.

Al referirse al caso del ex ministro Sabas Pretelt, el Vicefiscal Forero Ramírez indicó que: “Se inició una investigación preliminar en la que se menciona que el doctor Sabas Pretelt acudió en marzo de 2004 a una reunión en la finca “La Chava” cerca de Valledupar en el departamento del Cesar. A esta reunión también, según cuenta el expediente, habrían asistido el ex senador Jorge Visbal Martelo, Salvatore Mancuso, Jorge Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y alias ‘039’. Lo que trata de determinar la investigación son las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en las que se produjo tal reunión. Una vez agotadas las pruebas y en un plazo de 30 días dispuesto por el despacho del Vicefiscal se oirá en versión libre y espontánea al doctor Sabas Pretelt de la Vega”.

Finalmente, en torno de los medicamentos vencidos el Vicefiscal Forero Ramírez informó que su despacho “iniciará una investigación con el fin de determinar si existen o no responsables por el almacenamiento, la custodia y la distribución de los medicamentos; y establecer si eventualmente hay un delito de peculado, un delito contra la administración pública o posibles delitos en contra de la salud pública relacionados con el uso, la distribución y la conservación de tales medicamentos”.