18 de septiembre de 2021
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Faltan garantías para que justicia investigue asesinato de jueza

24 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011

La fiscal general de Colombia, Viviane Morales, admitió este miércoles que los investigadores carecen de una hipótesis en torno al móvil del asesinato, así como organizaciones sociales han denunciado también obstáculos en el inicio de las investigaciones.

“Se trata de un claro mensaje de impunidad y obstrucción de la justicia. También se busca silenciar a las comunidades, a los familiares y víctimas”, señaló la abogada Olga Silva, integrante de Humanidad Vigente.

En entrevista exclusiva con teleSUR, la abogada afirmó que cualquier hecho dilatorio afectará, indudablemente, el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a ver reparados sus derechos fundamentales.

El homicidio se produjo en la mañana del día martes en una zona rural de Arauca, cuando la juez penal se dirigía a su residencia. La funcionaria investigaba la violación y asesinato de tres menores de edad en el Departamento del Arauca (noreste), supuestamente, a manos de efectivos del Ejército colombiano. En el mes de febrero, la jueza denunció maniobras dilatorias por parte de la defensa militar en el proceso que se llevaba a cabo.

A continuación el texto íntegro de la entrevista:

¿Cuál es la percepción de usted frente al asesinato de la jueza Gloria Constanza, que llevaba el caso de la investigación a militares involucrados en la muerte de niños en la localidad de Tame, en el departamento del Arauca?

Para nosotros, como representantes de las víctimas, es un hecho muy lamentable y muy preocupante porque consideramos que puede llegar a quedar impune. Esperamos se desarrollen las investigaciones lo más pronto posible y que no causen traumatismo a la investigación penal que se viene adelantando contra el subteniente Raúl Muñoz Linares.

¿En qué condiciones quedan las víctimas cuando el proceso jurídico en este caso sufre toda clase de tropiezos en su desarrollo normal?

Nosotros siempre hemos dicho que cualquier situación que dilate el proceso, bien sea por maniobras dilatorias como en algún momento hemos venido denunciando, o también por hechos como éste, que lamentamos y repudiamos, afectará el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

¿Cuál puede ser el transfondo que tiene la muerte de esta jueza?

Se evidencia una vez más la falta de garantías para que la justicia pueda obrar correctamente con eficiencia y efectividad. Este hecho criminal busca enviar un mensaje de impunidad, de obstrucción a la justicia, intimidar a los funcionarios judiciales que adelantan estos casos, y también busca silenciar a las comunidades, a los familiares y víctimas en general.

¿Cuál es la situación humanitaria en esta región del país, específicamente en el departamento del Arauca?

Es una región que atraviesa una grave situación humanitaria desde el año 2002, cuando fue declarada laboratorio de guerra por el Gobierno nacional. A partir de allí, hubo un incremento alarmante de violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida y la libertad. Esto ha dejado una gran cantidad de víctimas.

Entre 2007 y 2008, el departamento de Arauca fue uno de los que tuvo el mayor número de víctimas de las llamadas ejecuciones arbitrarias en Colombia. Por la mayoría de estos hechos están siendo investigados, como presuntos responsables, miembros oficiales del Ejército nacional, varios de ellos ligados a la Brigada número 5.

Otra grave situación son las afectaciones al derecho a la libertad. Gran parte de la población, sobretodo campesinos, campesinas, dirigentes sociales y sindicales vinculados a algún proceso social organizativo, son vinculados luego a un proceso judicial y acusados injustamente por el delito de rebelión.

La situación humanitaria es muy preocupante y alarmante, lo que ha agudizado la confrontación armada y generado desplazamiento masivo dentro del departamento.

¿En qué va la investigación, particularmente de este caso, y qué injerencia puede tener la justicia penal militar?

Este caso es de advertir que se trata una violación a los derechos humanos de los niños y niñas. Es un caso que adelanta la justicia ordinaria y no tiene competencia la justicia militar. Violar a niños y asesinarlos no es un acto de servicio, por eso no puede ser competencia de la justicia penal militar.

La investigación está encabezada por una unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos. En este momento se encuentra en etapa de audiencia preparatoria ante el Juzgado Penal del Circuito de Saravena. La audiencia que se encuentra interrumpida dede el 23 de febrero y se espera se reanude el 31 de marzo. Sin embargo, con este nuevo hecho vamos a esperar a ver qué sucede.

La justicia penal militar no tiene ninguna injerencia, aunque (la Fiscalía Militar) ha venido actuando como defensores del subteniente Muñoz Linares.

El defensor del pueblo Volmar Pérez propone el cambio de radicación que tiene el proceso por el riesgo en seguridad, ¿qué opinión tiene usted frente a esto?

Lo vemos necesario, desde el comienzo de la investigación habíamos solicitado ese cambio por considerar que no había garantías suficientes para los familiares y testigos potenciales. Dado que los presuntos responsables son miembros del Ejército y eso puede llegar a causar cierta intimidación.

El cambio no se había podido lograr, pero con este hecho vemos de manera muy acertada la solicitud y consideramos que es en la ciudad de Bogotá donde debería llevarse este juicio por lo grave y connotado del caso.

 
teleSUR/mr – FC