El aeropuerto de Palestina

Estos son los números de las cédulas de los personajes que, por acción u omisión, tienen que ver con la conductas penales (?) o culposas(?) o subsidiariamente, administrativas, en este drama regional: 19.499.313, 10.277.115, 17.169.508, 4.335.855, 10.278.087, 75.077.596, 10.240.622, 10.247.788, 10.230.770, 10.237.897, 15.905.139, 80.407.418, 80.411.578, 10.243.027, 18.386.718, 10.243.027, 93.377.988, 3.228.182, 10.285.508, 10.277.495. Detrás de los siguientes nits hay personas con sus nombres y apellidos : 810.003-739, 900.269.770-3, 900.122.824-0, 800.216.899-4, 800.164.336-5, 891.500.599-8, 9000222.360, 800.018.654-8, 800.201.591-6, 800.058,912-4, 890.318,278-6, 800.003.776-2. El daño al patrimonio de la nación, es decir, al bolsillo de todos nosotros, es de diecisiete mil doscientos ochenta y un millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos veinticinco pesos ($17.281.855.325.oo).

Tanto el periódico LA PATRIA en sus ediciones del 29 de agosto y del 13 y 14 de noviembre de 2010, como el semanario "El Andino" del 14 de octubre del mismo año, publicaron alarmantes inquietudes centradas en los siguientes hechos: 1).- Incremento desorbitado del presupuesto inicial a causa de la deficiente planeación del proyecto. 2).- Las fallas de los terraplenes 4 y 9 por el comportamiento del suelo en donde fueron construidos. 3).- Cambio de diseños en los terraplenes sin justificación. 4).- La paralización de la obra del terraplén 4 por falta de presupuesto. 5).- Intolerante cargo, incrustable en el Código Penal (?), sobre la contratación "por cuanto varios socios se entrelazan en diferentes consorcios y son dueños de empresas en común, que al parecer tienen vínculos con la firma contratista o con los interventores"-.

El daño patrimonial se puntualiza en una planeación deficiente, en construcciones innecesarias, en despilfarros en los terraplenes 4 y 9 con obras no efectivas para corregir las inestabilidades del terreno.

La incuria administrativa se evidencia en los comportamientos de servidores públicos y particulares que "ejercieron actividades reprochables", (¿delitos?) es decir, conductas que provocaron lesión patrimonial.

En la etapa precontractual, sin contar con estudios técnicos, se adelantaron actividades censurables, con violación del Estatuto General de Contratación Pública. Resultado de esos afanes fue la afectación de las obras y mayores costos adicionales. En cuando a licencias y autorizaciones previas, no hubo estricto seguimiento a los permisos concedidos.

En la etapa contractual, se incumplieron obligaciones, dando origen a nuevas obras, mayores costos no previstos y otros compromisos complementarios. Así mismo, hubo falla en la supervisión y control por parte de la interventoría, dando lugar al pago de sumas injustificadas.

En la etapa de liquidación hubo recibo a satisfacción de obras no concluidas.

En posesión de documentos y dejando espacio para otras posibles crónicas, hago referencia a un artículo de Óscar Tulio Lizcano del 5 de febrero de este año, aquí en LA PATRIA, en el cual escribió: "El comunicado de la Corporación Cívica denuncia irregularidades que atentan contra la moral". (¿delitos?). Y concluye Lizcano: "No sé qué sería más beneficioso para el proyecto: ventilar sus reparos o callar para que no se perjudique nuestro sueño de tener aeropuerto".

Por fortuna los entes fiscalizadores ya están actuando. La Contraloría para precisar la cuantía del desangre al patrimonio de la nación. La Procuraduría para sancionar a los funcionarios que quebrantaron sus deberes como servidores públicos. La Fiscalía para investigar los ilícitos y, finalmente, si encuentran pruebas, vendrán los jueces para condenar a los corruptos.