19 de septiembre de 2021
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Decreto de Emergencia Social es Constitucional dijo Procurador

8 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011

El Jefe del Ministerio Público señaló que el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia para responder “en forma exclusiva, precisa y adecuada a una notoria calamidad pública nacional, causada por un fenómeno climático global, cuyas devastadoras consecuencias fueron sobrevinientes e irresistibles”.

En concepto del Procurador General, las consecuencias producto de la ola invernal perturbaron y amenazan con seguir perturbando, en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país.

Al solicitar a la Alta Corte que declare ajustado al orden constitucional el Decreto por medio del cual se declaró el estado de excepción planteado, indicó que las circunstancias que lo motivaron tuvieron un inusitado e inmediato impacto en la realidad nacional, al extremo de desbordar el control y la capacidad de solución de los poderes ordinarios del Estado.

Así mismo, consideró que fue muy poco lo que el Gobierno Nacional pudo hacer de manera eficaz y efectiva antes de declarar el estado de emergencia para enfrentar la ola invernal.

Mencionó que, “fue tan evidente la situación de calamidad pública que una Comisión Especial de la Procuraduría General de la Nación , luego de un sobrevuelo de una visita a los sitios de desastre en los Departamentos de Atlántico y Bolívar el pasado 18 de enero de 2011, denunció en un comunicado publicado en la página web de la Entidad , la crítica situación de los damnificados en dichas regiones.”

Refirió que la gravedad de la situación además de concitar el esfuerzo y la atención de la Procuraduría General de la Nación , llevó al ente de control a emprender una “acuciosa tarea de seguimiento a las ayudas para las personas afectadas en especial para las más vulnerables” y destacó el “requerimiento” que se hizo el pasado 27 de enero al ICBF para que optimizara la atención a los niños, niñas y sus familiar, así como el “enérgico llamado” a los gobernadores por no haber firmado oportunamente los contratos para atender a los damnificados por la ola invernal.