20 de septiembre de 2021
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De testigos sobornados y amañados

19 de febrero de 2011

Ramón Ballesteros, reconocido abogado penalista y tenido en las esferas judiciales como un doctor en leyes serio, echó por la borda su brillante carrera al pasar de defensor a mandadero de sus clientes, al ejecutar un acto absolutamente contrario a la Ley y a la dignidad de su profesión.

Pero más allá de la vergüenza de la captura, de lo reprobable de la conducta del abogado, e incluso de la exageración de los cargos que le imputan, lo verdaderamente importante es analizar el tema de los testigos en el proceso penal. Esa es la nuez del asunto. La misma Corte, que hoy se rasga las vestiduras, tampoco tiene la mayor autoridad moral en el tratamiento de los testigos.

El propio magistrado auxiliar Iván Velásquez, cuyo nombre salió a relucir en el caso del pretendido soborno de Ballesteros a un testigo de la parapolítica en Estados Unidos, estuvo inmerso en un escándalo en los Llanos Orientales, cuando, supuestamente, les habría ofrecido licor a unas personas para ‘convencerlas’ de ir a la Corte a declarar en contra de varios políticos.

El llamado caso Tasmania, y sobre todo el arrepentimiento de dicho testigo, tiene detrás la figura de Iván Roberto Duque, situación que no ha publicitado ni el magistrado Velásquez, ni la propia Corte Suprema. Es más: el testigo que intentó sobornar Ballesteros (David Hernández López) tampoco ha sido claro en los casos de otros procesados que están detenidos, hasta el punto de que algunos jueces han tenido que absolver a varios de ellos por considerar que dicho testimonio resultaba amañado o simplemente mentiroso.

Y es que Hernández López se ha convertido en una especie de ‘banco de declaraciones’, a quien la Corte Suprema, o los magistrados que lo manejan, entre ellos el propio Velásquez o Fernando Murillo, le van sacando declaraciones de acuerdo a las necesidades de cada caso. El comportamiento habitual es que de pronto, y con aparente espontaneidad, Hernández ‘recuerda’ que tiene datos contra algún parlamentario y entonces llama a la Corte a ofrecerlos o, peor aún, la Corte ‘descubre’ que ese declarante tiene nueva información y lo cita a declarar.

No son pocas las veces en que testigos dijeron una cosa en sus declaraciones privadas ante los magistrados auxiliares, pero contaron otra distinta en la audiencia pública ante los magistrados titulares, y con la presencia del Ministerio Público, los abogados defensores y los medios de comunicación. Así ocurrió, por ejemplo, con la absolución de Carlos García Orjuela, aunque siempre podrá decir la Corte que se sintió presionada por la permanente presencia de un delegado del gobierno francés en la Sala de Audiencia, debido a la doble nacionalidad del parlamentario, injustamente detenido durante más de dos años.

La verdadera crisis que plantea el caso Ballesteros es, pues, la dependencia que el proceso penal tiene de los testigos. Ese es el bosque que hay que ver. Montar macro investigaciones tan delicadas, como la de la parapolítica, exclusivamente sobre testimonios de reconocidos criminales ha sido tal vez el peor error de la Corte Suprema, pero sobre todo el más grave riesgo para la sociedad colombiana.

Esa benemérita institución, probablemente sin calcular las consecuencias, terminó empoderando a todos los miembros de las organizaciones paramilitares, al otorgarles la llave de la libertad de toda la clase política colombiana y de mucha de la clase empresarial, particularmente regional, al decidir que en sus testimonios está la diferencia entre la vida y la muerte de todas esas personas, porque un ‘carcelazo’ es otra forma de matar.

No han sido extraños los casos de sobornos de testigos, pero no para favorecer a los parlamentarios, sino para perjudicarlos. La diferencia aquí es que no ha habido exposición mediática, sencillamente porque a nadie le interesa que se descubra un testigo tratando de perjudicar a un congresista, pues, curiosamente, a la hora de cotejar versiones entre unos y otros, los malos siempre serán los políticos. Sobre ese tema, el ‘célebre’ alias Pitirry tiene mucho que contar, así como un reconocido abogado que hace parte de la oficina de un exprocurador General de la Nación.

De manera que el tema de los testigos tiene tanto de largo como de ancho. Quienes hoy los usan para perjudicar a la clase política nacional no advierten que están engendrando un monstruo incontrolable que puede voltearse contra sus propios creadores, cuando comiencen a declarar en la Comisión de Acusación de la Cámara sobre algunas decisiones judiciales o elecciones cambiadas a última hora en altas corporaciones judiciales. La regla debería ser la misma que enseñó el ‘Juez de Jueces’ durante su paso terrenal: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti.El Heraldo.