26 de septiembre de 2021
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Cómo fortalecer el fisco

19 de febrero de 2011

No existe una panacea para todos los males que aquejan el erario, sencillamente porque siempre serán mayores las necesidades que los recursos para atenderlas. Pero sí hay medios para aliviarlos, y a uno de ellos habremos de referirnos en esta columna, a riesgo de incurrir en la manía de la repetición y fatigar a los lectores.

Antes de la reforma constitucional de 1991, la contribución de valorización era una facultad de la nación, los departamentos y los municipios. Cuando las obras que construían aumentaban el valor de bienes inmuebles de los particulares, podían imponer la contribución y cobrar parte de ese enriquecimiento. Era un acto de justicia distributiva que, además, permitía crear un fondo destinado a las tareas de mejoramiento de las ciudades.

Medellín dio ejemplo a Colombia al transformarse mediante la utilización de esa herramienta. Armenia, para hablar de la provincia perdida tan próspera en otros tiempos, tuvo una oficina de valorización que era un modelo. Después, como lo he relatado en esta columna, los politiqueros, entre ellos algunos alcaldes que no vale la pena mencionar, invocaron la defensa del pueblo para favorecer el bolsillo de los ricos, acabaron con la oficina y anatematizaron el tema.

Por fortuna la reforma de 1991 hizo obligatoria la contribución de valorización. El inciso segundo del artículo 82 de la Constitución, dispone: “Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística…” Obsérvese que no dice “podrán participar” con lo cual crearía una facultad, sino “participarán” expresión que impone una obligación. ¿Qué hace falta? Únicamente desarrollar el mandato constitucional, por medio de una ley. ¿Cómo podría ser ésta? “Doctores tiene la santa madre Iglesia” respondían los abuelos. Sin embargo, mientras se espera la opinión de los expertos, pueden anticiparse algunas ideas.

La primera, reglamentar la obligación constitucional, en un principio solamente en relación con la nación y los municipios con más de cien mil habitantes. Estos últimos tendrían que hacer obras por el sistema de valorización al menos por la tercera parte del valor de las participaciones que recibieran de la nación en el correspondientes año. Así se obtendrían estas ventajas:

1ª) Impedir el enriquecimiento injusto que se presenta cuando las obras que benefician unos pocos se pagan con los recursos ordinarios del tesoro municipal, a cuya formación contribuyen todos: impuestos predial y de industria y comercio, gravamen a la gasolina;

2ª) Crear frentes de trabajo;

3ª) Liberar recursos que se destinarían a satisfacer otras necesidades de la comunidad; y,

4ª) Transformar las ciudades mediante la construcción de parques, avenidas, escenarios deportivos y las demás obras que traen consigo el bienestar de la población.

Por su pobreza, en los sectores de estratos uno y dos no se cobraría la contribución. Y en la proyección de las obras que con ella se financiarían, lo mismo que en el proceso de fijación de los gravámenes, tendría participación real la comunidad beneficiada (como siempre la ha tenido). Con esto y con la utilización de los recursos previstos en la ley, se buscaría no cometer errores en perjuicio de los contribuyentes o enmendarlos cuando se hubieran cometido.

Lo que se promete no es diferente al cumplimiento de la Constitución, que no puede reducirse a la acción de tutela. Las ciudades no tienen por qué limitarse a vegetar, deben progresar, pues si no lo hacen retroceden. Retroceso que ahora sufre la provincia perdida, a causa de la negligencia y la ineptitud de quienes en vez de gobernarla descansan, ven pasar el tiempo y no actúan por temor a equivocarse. Podría ser un exceso de optimismo, pero hay que confiar en que algún día las cosas cambiarán. Mientras tanto, “paciencia y barajar”, como, según don Quijote, aconsejaba el caballero Durandarte a sus compañeros, en la cueva de Montesinos.