Tan solo falacias
La reforma laboral de 1990 y la del 2002 partieron de la misma falsa premisa de responsabilizar a los altos costos laborales de las alarmantes tasas de desempleo, subempleo y de la informalidad laboral y ambas se encaminaron al propósito de flexibilizar la legislación laboral y por esta vía abaratar los costos laborales. Así hemos arribado al punto que, según el estudio de Ernest & Young y Proexport, “Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor flexibilidad laboral” y gracias a ello se han reducido los costos laborales para las empresas.
Pero, ello no se traducido en más empleo ni en menos informalidad, pero sí ha contribuido a mejorar el P & G de la empresas. Los resultados están a la vista: entre 2002 y 2007 la participación de las empresas en el PIB pasó de 28.9% al 33.7%, en desmedro de la participación de los asalariados que bajaron su participación entre 2003 y 2008 del 34.6% al 31%, para no hablar del sector financiero que vio multiplicar por 7 sus utilidades entre 2002 y 2009, al pasar estas de los $632.000 millones a $4.4 billones. Entre tanto las cifras en materia laboral siguen siendo las peores de la región.
Esta ha sido una de las mayores preocupaciones de la administración Santos, que se ha hecho el propósito de generar en su cuatrienio de gobierno 2 millones de empleos nuevos y formalizar 500 mil más. Pero la estrategia que se está siguiendo para lograrlo además de incoherente le puede salir muy costosa al país, al promover la “deducción del impuesto de renta sobre nuevas inversiones en activos fijos y una deducción sobre el incremento de la nómina”, tratando de combinar “incentivos al capital con incentivos a la generación de empleo formal”. Según el viceministro de Hacienda Rodrigo Suescún, “el proyecto tiene un costo fiscal, pero al mismo tiempo es una inversión. Se sacrifican unos ingresos en el futuro próximo, pero estamos haciendo la apuesta que con la generación de empleo habrá más recaudo”. Ojalá que esta vez Dios los oiga y les ‘suene la flauta’.
La reforma laboral que se acaba de tramitar en el Congreso de la República por iniciativa del Gobierno es más de los mismo; a través del proyecto de ley de Formalización y Primer Empleo se vuelve a la receta de más exenciones de impuestos a las empresas y deducción de parafiscales tendientes a reducir los costos laborales, que ya se habían ensayado sin éxito. Lo único rescatable del texto aprobado es la abolición de las ‘pseudocooperativas’ de trabajo asociado, las cuales se han convertido en el burladero de la legislación laboral vigente, siendo el Estado el mayor auspiciador de las mismas. En efecto, en el proceso de reestructuración del ICSS a los trabajadores desvinculados luego se les reenganchaba a través de las tales cooperativas, muchas de ellas en manos de gamonales políticos afectos al Gobierno. Por lo demás hoy en día más del 12% del total de los servidores públicos (122.705) están en las tan criticadas nóminas paralelas mediante contratos de prestación de servicios y el mal ejemplo cunde.
Son 4.111 cooperativas y son más de un millón trabajadores que por tener la calidad de “asociados” le birlan sus derechos laborales contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. Simplemente se convirtieron en intermediarias en el mercado laboral; la propia presidenta de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) que las agrupa, Clemencia Dupont, admite que “algunas empresas hacen los contratos, ponen las condiciones, pagan lo que quieren y las cooperativas de trabajo asociado no tienen otra opción que firmarlos”. Tan responsables de la transgresión a Ley son las empresas que contratan como las cooperativas que se prestan para soslayar su cumplimiento.El Heraldo.
