Reflexiones y propuestas sobre el salario mínimo en Colombia
El incremento en términos de cantidades se constituye en un alza de apenas $20.600 mensuales, para alcanzar un monto definitivo de $535.600, en un país donde una persona necesita un ingreso de $298.000 para estar en la frontera de la pobreza, es decir, un promedio aproximado de $ 1`192.000 por familia, o atendiendo el nivel de ocupación de $745.000 por trabajador[1]. En vista de lo anterior, la propuesta presentada por parte de las Centrales Obreras para la negociación, de incrementar el salario mínimo en 7%, resulta bastante tímida ante las necesidades reales de los trabajadores.
Por demás, aunque el Gobierno incluye en las motivaciones del último decreto de ajuste, su intención de incrementar el poder adquisitivo del salario mínimo, lo cierto es que en términos reales el ajuste del ingreso para las familias de ingresos bajos es de solo 0,4% (resultante de la inflación causada de 3,6% y el ajuste obtenido del 4%) que bien puede ser absorbido solo por la inflación del primer mes del año.
En este orden de ideas vale la pena reflexionar acerca de dos puntos fundamentales para la fijación del salario mínimo: el proceso de fijación del salario mínimo y la economía política que subyace a su fijación vía decreto presidencial.
En cuanto al primer aspecto es absolutamente evidente que el sistema de fijación de salario mínimo, a través del esquema actual de la Comisión de concertación de políticas laborales y salariales, es un rotundo fracaso, demostrado al observar que durante los últimos cinco años no ha sido posible conseguir consenso en la mesa, por lo cual el salario ha sido decretado por el ejecutivo. En la práctica el fracaso obedece a que la comisión se encuentra formalmente compuesta por tres partes: Empresarios, trabajadores y Gobierno, que deben adoptar las decisiones por consenso, cuando realmente se trata de dos partes con intereses contrapuestos (empresarios y trabajadores) y una parte que debiendo ser árbitro (Gobierno) toma partido hacia los empresarios por dos razones fundamentales, una, que quienes Gobiernan se identifican y por tanto representan los intereses de éstos y dos, que el Gobierno en su función de empleador también se ve afectado por la fijación del salario mínimo. De esta manera, los empresarios saben que, aun si fracasa la negociación, la fijación del salario que en tal caso compete al Gobierno, no va a estar en contra de sus intereses, lo que se refleja en una escasa voluntad de negociación.
En cuanto al segundo aspecto, acerca de la economía política, es ya una máxima inscrita sobre piedra, la tesis neoliberal según la cual, el aumento del salario por encima de la inflación solo conduce a desestimular la generación de empleo por un lado y a elevar el nivel de precios por el otro, luego el resultado final, es una mayor pérdida del poder de compra que afecta principalmente a los trabajadores, menores niveles de inversión y por consiguiente mayor desempleo y estancamiento económico. Máxima repetida letra por letra por cada Ministro de Hacienda y de Protección Social, una tras otro, llámese como se llame.
Pues bien, sistemáticamente hemos controvertido estas tesis desde la teoría y desde la realidad económica, cuando en diversos debates hemos planteado que incluso desde la misma óptica ortodoxa para que el postulado del Gobierno sea cierto, se requiere que la economía se encuentre en pleno empleo, tesis difícil de sostener en un país donde la tasa de desempleo promedia el 12%, por el contrario, la evidencia muestra que esta política salarial restrictiva no solo no ha contribuido a la generación de empleo, sino que además entra en franca contradicción con el propósito de reducir la pobreza y la desigualdad.
En esta ocasión, quisiéramos entonces siguiendo la línea propuesta por el doctor Alfonso Gómez Méndez en su columna de El Tiempo, proponer un estudio de caso latinoamericano: la experiencia brasileña.
Durante el Gobierno de Lula da Silva (2003 – 2010) el salario mínimo paso de ser 200 reales en 2002 a 510 reales en 2010, es decir, un aumento del 155%, mientras que la inflación para el mismo periodo pasó del 12,5% al 5,9%; el crecimiento económico arrojó un promedio por encima del 5% y la tasa de desempleo bajó del 10,5% al 5,7%. Cifras que contradicen en su totalidad los argumentos presentados por el gobierno colombiano para no aumentar de manera al menos aceptable el salario mínimo. Como resultado, Brasil ha conseguido una significativa reducción en sus niveles de pobreza y desigualdad, a través del efecto redistributivo que conlleva la política salarial expansionista.
En este orden de ideas es imperativo impulsar una reforma estructural al mecanismo de fijación del salario mínimo, cuyas líneas iniciales ya presentamos a la discusión de las Centrales Obreras, y que se resumen en los siguientes dos aspectos:
Primero, La modificación del mecanismo de concertación para que ya no sea tripartita sino bipartita, en reconocimiento a la realidad evidente del papel del Gobierno como patrón con intereses directos en el resultado de la negociación, y además, para que las decisiones se tomen por mayorías calificadas y no por consenso. Esto con el objeto de eliminar la posibilidad de que el Ejecutivo pueda fijar el salario de manera arbitraria a través de decreto presidencial.
Y segundo, la necesidad de adoptar como regla de oro, como criterio mínimo, como punto de partida, la adopción de un salario mínimo suficiente para que el trabajador y su familia puedan estar por fuera de la pobreza, lo que implica establecer un tope mínimo no negociable, fijado a partir del valor de la canasta de pobreza. Sólo así se puede esperar una senda de reducción de la pobreza y la desigualdad que conduzca a su erradicación definitiva.
Este es el contenido de la política en materia salarial que desde el Polo Democrático Alternativo queremos presentar al país, en el marco de nuestra intención de alcanzar para la sociedad colombiana escenarios de realización de la dignidad humana.
