La acción de tutela
La farragosa enumeración de derechos fundamentales, que apenas es enunciativa, bien podría no haberse hecho sin que por eso tales derechos dejaran de existir, pues son inherentes a la naturaleza humana. Así lo reconoce expresamente el artículo 94, de conformidad con el cual “la enunciación de los derechos y garantías…no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellos.”
La tutela cambió la relación entre la Constitución y la gente. Antes aquélla era lejana, incomprensible y carecía de interés para la inmensa mayoría. Solamente estaba al alcance de unos pocos que se dedicaban demandar las leyes. La tutela la convirtió en artículo de primera necesidad. A ello contribuyó la desesperante lentitud de la justicia que hace de los procesos historias inacabables que resisten el paso de los años cuando la maquinaria judicial no se aceita con los sobornos. Para ejemplo, un botón. El 5 de agosto de 1998, con poder de la Nación, demandé a Electranta y Termo Río para que se declarara la nulidad absoluta del contrato de suministro de energía que habían suscrito, contrario a la equidad y a los intereses de la comunidad. Hoy, después de casi trece años de ires y venires, duerme, no el sueño de los justos sino el de los injustos, en el Consejo de Estado. ¿Cuándo se dictará la sentencia definitiva? Nadie lo sabe y a nadie parece interesarle.
De otra parte, la deficiente prestación de algunos servicios públicos, especialmente el de la salud, hace que para recibirlos sea necesaria la orden de un juez.
No se pueden negar las bondades de la tutela. Ha servido para corregir monstruosos errores de los jueces, comenzando por la Corte Suprema de Justicia. Basta recordar que una sentencia de la Corte Constitucional impidió que la Sala de Casación Penal acabara con la inviolabilidad parlamentaria consagrada por el artículo 185 de la Constitución, que es una característica de todos los regímenes democráticos.
Claro está que ha habido fallos injustificados. Recuérdese el que obligó al Fondo Nacional del Café a asumir las obligaciones de la antigua Flota Mercante con sus pensionados, que acabó con el concepto de la sociedad anónima. Y el otro que se dictó contra la sociedad Leonisa, que abrió el camino a todos los abusos. Y ni para que hablar de algunas sentencias que han librado de la cárcel a delincuentes convictos. Pero esas equivocaciones no tienen por qué achacarse a la acción de tutela sino a su mal uso.
De tiempo en tiempo se habla de la necesidad de reformar la tutela, para que esta acción no proceda contra las decisiones de las altas cortes. Así se acabarían, se dice, los choques entre ellas. Nada más equivocado. Si existe la tutela, tiene que existir contra las providencias judiciales, porque los jueces también se equivocan. Y no solamente los municipales, sino los de la cúpula.
No hay que alarmarse ni sentir pánico cuando la Corte Constitucional, al revisar fallos de tutela de la Suprema, del Consejo de Estado o del Superior de la Judicatura, los revoca. No, aquí no hay un choque, vale decir, una colisión de dos poderes iguales. Lo que acontece es diferente: el superior corrige el error en que incurrió el inferior. No hay que olvidar que la guarda de la Constitución compete a la Corte Constitucional, que es su máximo intérprete. Como se escribió en la sentencia que muchos no entendieron, “entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, no puede interponerse ni una hoja de papel.”
Hay que hacer a un lado las vanidades y no tratar de modificar lo que está bien. Una conducta diferente conduciría a consagrar constitucionalmente el principio de que las altas cortes sí pueden quebrantar la Constitución y que no existe un poder que les enmiende la plana.
Nota: no conviene dilatar procesos judiciales que interesan a todos los colombianos, como el del espionaje telefónico. El fantasma de la prescripción, responsable de la impunidad en tantos casos, no tiene por qué hacer de las suyas en éstos. Una aparición de ese engendro en uno de estos asuntos, sería una calamidad para la nación.
