El olvido que somos

Julián (*) era un paisa que se había radicado desde hacía algunos años en la población tolimense de Ataco. Poseía un pequeño consultorio de odontología y hacía el oficio de “dentista” del pueblo. Tenía una característica, eso sí, que para nuestro medio, sigue siendo peligrosa: poseía una gran sensibilidad social y esto lo había llevado a liderar una protesta de los mineros artesanales cuando una compañía norteamericana anunció el propósito de introducir una draga en el río Saldaña, con el fin de iniciar trabajos de minería.

La draga no llegó, pero Julián cometió el grave pecado de aceptar la postulación que le hicieron muchos mineros, líderes campesinos, para que fuera candidato a la alcaldía de Ataco en el año de 1986. Y a pesar de no ser militante del partido comunista, aceptó el respaldo que la Unión Patriótica le brindó a su candidatura. Arrancó la campaña y entonces quienes estaban interesados en continuar con el proceso de dragado de río, contrataron unos sicarios para que segara la vida del entonces candidato con mayores opciones de ser alcalde de Ataco. Su mujer y sus hijos debieron abandonar el pueblo y llegar a Bogotá a sufrir las penalidades propias de los desplazados, con un mundo de ilusiones y los bolsillos vacíos.

Estamos hablando de una etapa de la historia nacional en la cual fueron asesinados Guillermo Cano, Héctor Abad, Carlos Mauro Hoyos, José Antequera y muchos hombres más, por el delito de tener un credo político diferente al de una élite que con las armas quiso acabar con la guerrilla pero también con miles de campesinos que ocupaban tierras ricas en minerales preciosos o aptas para el cultivo de la palma africana.

Ya los principales líderes que encabezaron los ejércitos del horror, han confesado sus delitos, pero se hace necesario que los herederos de las víctimas sean reparados, al menos en parte, por el grave daño  que desde entonces han venido padeciendo.

Pero esas mismas fuerzas que alentaron la conformación de autodefensas campesinas, convertidas en paramilitares, aún tienen presencia en el Congreso y han levantado su voy para impedir que el Estado repare a los familiares de las víctimas, desde el año de 1985 y en cambio han propuesto que sea a partir de 1991, e incluso, de 1993.

Todo ello significa que los muertos de Toribío, Bagadó, Otanche, Tacueyó, Segovia, La Rochela, Río Frío, Coello y San José del Guaviare, quedarán olvidados y nunca reparados sus familiares.
Bien vale la pena decir, como Gerard Wajcman: “Dueños de los hombres y de la memoria de los hombres buscan aniquilar tanto al hombre como al otro. Borrar nombres y hombres de las listas de los vivos y borrarlas también de las listas de los muertos…Y luego borrar su propia lista, devolver una hoja en blanco, hacer desaparecer la hoja misma, reducirla a cenizas y luego dispersar esas cenizas y disipar el humo y el olor a quemado”.