6 de mayo de 2021
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El control que ejerce el Gobierno de Chávez sobre la justicia ha socavado las libertades

25 de enero de 2011
25 de enero de 2011

El observatorio afirma que "sin un control judicial de sus acciones, el Gobierno ha socavado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de organizaciones y defensores de promover derechos básicos".

"También ha perseguido a opositores políticos. Ha discriminado a medios que difunden opiniones contrarias y ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión", se afirma en el capítulo dedicado a Venezuela.

Como muestra del escaso respeto por los controles democráticos, HRW citó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que se encuentra en prisión "en condiciones deplorables" luego de concederle libertad condicional al ex banquero Eligio Cedeño, acusado de corrupción.

"Afiuni estaba cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, ya que Cedeño había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, a pesar de que el período máximo establecido por la ley venezolana es de dos años", explica.

HRW recordó que en 2004, Chávez y la Asamblea Nacional de entonces emprendieron una estrategia de copamiento del Tribunal Supremo, que incluyó designar a partidarios y depurarlo. "Desde entonces, el TSJ prácticamente ha abdicado su rol de contralor y ha dejado de proteger derechos fundamentales consagrados en la Constitución".

La ONG detectó claras faltas a la libertad de expresión y contribución al clima de autocensura con la salida de RCTV Internacional de la televisión por suscripción, en enero de 2010, y la condena al periodista de El Carabobeño Francisco Pérez "por el delito de difamación contra el alcalde de Valencia". El informe también menciona las acciones judiciales emprendidas "contra varias personas reconocidas por sus críticas al Gobierno", entre ellas el presidente de Globovisión, Guillermo Zuluoga, y el dirigente político Oswaldo Álvarez Paz.

El informe considera que el Gobierno actúa de forma deliberada contra los defensores de derechos humanos y pone como ejemplo la campaña de descrédito contra Carlos Correa, director de Espacio Público.

Declaración

Vivanco presentó el informe en Washington y aportó que su grupo observa retrocesos en los derechos humanos en los últimos meses, sobre todo en diciembre, cuando la Asamblea aprobó, en medio del paquetazo legislativo, la Ley Habilitante por 18 meses.

Dijo que las medidas dejan en una posición difícil a la oposición, que ahora pasará a tener una función prácticamente "decorativa".

"Esta ley obviamente daña los principios básicos del derecho e impide contrarrestar el ejercicio cada vez más personal y concentrado de poder del presidente Hugo Chávez", opinó, según informó la agencia de noticias Efe.