18 de mayo de 2021
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Audiencia pública en juicio contra Claudia López por los delitos de injuria y calumnia

21 de enero de 2011
21 de enero de 2011

El pasado 11 de julio de 2006, Claudia López publicó en el periódico El Tiempo la columna, “La reinserción Uribista: del 8.000 al 64.000” , en la cual criticó el eventual nombramiento de Samper como embajador en Francia. A raíz de esta publicación, el ex presidente denunció a López por considerar que la columnista había hecho afirmaciones deshonrosas en su contra y le atribuyó la comisión de algunos delitos.

En principio, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación al no encontrar méritos para imputarla. La petición fue avalada por el Juez, pero el denunciante apeló y la decisión fue reversada en segunda instancia. En 2010 la Fiscalía retomó la investigación e imputó cargos contra López.

En la audiencia que se realizará el próximo lunes, la defensa de López presentará los testimonios de Eduardo Bertoni, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos- OEA, María Teresa Ronderos, periodista que cubrió ampliamente el escándalo del proceso 8000 y activista de la libertad de expresión, y el testimonio de la propia López.

Por su parte, la Fiscalía presentará el testimonio de Samper, así como algunos documentos relacionados a la preclusión de la investigación del proceso 8000, especialmente en lo relacionado con la responsabilidad del ex mandatario.

En agosto de 2010, la FLIP le solicitó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos –OEA que emitiera un concepto aplicable al caso sobre los estándares interamericanos de libertad de expresión y de opinión. El organismo respondió en septiembre del mismo año, y citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó: “En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.”

A su vez, la Relatoría resaltó que las opiniones o juicios de valor sobre funcionarios públicos no pueden estar sometidas a responsabilidad de ningún tipo y recordó que en una sociedad democrática “los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la critica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan.” Conozca el concepto completo de la Relatoría.
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La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, invita a todos los sujetos procesales a respetar y garantizar la libertad de expresión y opinión, y espera que las pruebas que se tienen en este proceso demuestren que la columnista Claudia López actuó acorde al ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Asimismo, la FLIP manifiesta su preocupación por el incremento de las denuncias penales sin justa causa contra periodistas, por parte de funcionarios públicos o personas vinculadas a la política. En muchos de estos casos, las denuncias no buscan defender la intimidad y el buen nombre de los denunciantes, sino silenciar y obstruir la libertad de expresión de los periodistas.