Argumentos estadísticos
Respecto a la disminución de homicidios que divulgó el anterior Gobierno, el informe de Medicina Legal lo contradijo: en el último año aumentaron 16%; la tasa era de 39.3 por cien mil habitantes, muy distante del promedio centro y suramericano que es de 25 por mil; y muy fuera del rango tolerable del 5 por mil que considera la ONU.
Según la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, entre 2005 y 2010 hubo 173.183 homicidios, 34.467 desapariciones forzadas, 1.597 matanzas y el desplazamiento masivo de 74.990 comunidades; bajo la Ley de Justicia y Paz los paramilitares han confesado más de 45.000 homicidios y han denunciado como implicados en estos delitos a 8.032 personas, de las cuales 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas armadas y 155 funcionarios públicos. Al día de hoy solo hay 2 sentenciados a 8 años de cárcel. El Índice Global de Paz de 2010 ubica a Colombia en el puesto 138 entre los 149 países más violentos.
Al momento de escribir esto sale la noticia de la captura de 1.038 delincuentes en una barrida de la policía. La capacidad de las prisiones es el orden de 115.000 reos –y ya hay hacinamiento-. La comandancia de la policía había informado que en el 2010 se presentaron 220.000 capturas. ¿Dónde los meterán?
Por su parte y en relación a las víctimas, el Programa de Protección de Tierras cruzó los datos desde 1998 hasta 2010 y les dio un total de 5.4 millones de hectáreas abandonadas.
Para ese desplazamiento forzado lo aprobado en la Cámara dentro de la Ley de Víctimas menciona 70 billones de los cuales para la reparación propiamente solo se asignan 10 billones, puesto que el resto es asistencia humanitaria y servicios sociales. El estimado para la reparación integral a las víctimas -incluyendo daños a inmuebles y semovientes y lucro cesante- se estima en cerca de diez veces esa cifra.
En el mismo periodo la política oficial ha sido la de dar en concesión en subsuelo: durante el Gobierno Uribe pasó de 1.13 millones de hectáreas a 8.53 millones (casi el doble de las extensiones dedicadas a la actividad agrícola), de las cuales el 6.3% están en los páramos (a pesar de que la ley 685 de 2001 resguarda los parques naturales).
En lo ambiental, en 1998 el sector recibió el 0,76% del presupuesto general de la nación y en la versión del actual PND, incluyendo lo asignado para atender temas de riesgo, sólo suma el 0,26%.
En lo social nuestro modelo Colombiano -que llaman ‘ortodoxo’- aumentó el desempleo, disminuyó la participación del sector laboral en su proporción del PIB, el salario mínimo en términos reales no creció, la pobreza absoluta aumentó y la brecha de la desigualdad se convirtió en abismo, mientras en los mismos 8 años el Brasil disminuyó en 30 millones los pobres, redujo la brecha entre estos y los ricos, bajó la tasa de desempleo de 10.5% a 5.7%, y simultáneamente aumentó el salario mínimo en 155%.
¿No será hora de ver las cosas de frente y dejar de atribuir nuestros problemas a la naturaleza de los colombianos, y más bien pensar en un modelo diferente al que las autoridades y los ‘gurús’ defienden? El Heraldo.
