Apertura del año económico

Con un aumento del salario mínimo de 3,4%, el Gobierno trató de distanciarse un poco de los empresarios, que no quisieron ofrecer más de 3%, pero fue tan pequeña la diferencia que acabó siendo simbólica. El nuevo discurso económico se quedó solo en intenciones.

Es un avance conceptual importante que dentro de los motivos del Gobierno para definir el ingreso mínimo de los trabajadores esté incrementar su poder adquisitivo, y reconocer que esto favorece el consumo interno y dinamiza la demanda.

En este enfoque, más keynesiano que neoliberal, el salario no se ve solo como un costo de las empresas ni como el precio de la mercancía trabajo, sino como determinante de la demanda agregada. Entonces, el incremento del salario no obstaculiza la creación de empleo, sino que es un estímulo a la producción y al enganche de nuevos trabajadores.

Sin embargo, la realidad se quedó muy lejos de la teoría, y el incremento pírrico de $17.500 mensuales no estimulará la demanda, sobre todo con la alzas autorizadas en varios componentes de la canasta familiar, y las que se van a dar en el grupo de alimentos por el desastre invernal.

Es contradictorio que los precios de los bienes y servicios regulados por el Estado crezcan cerca del 7% anual, y el salario mínimo solo la mitad. Así no se estimula la demanda. El aumento autorizado en el pasaje en buses urbanos –por ejemplo- fue de $100, es decir, que un trabajador que haga dos viajes diarios tendrá que pagar $6.000 más al mes. El 40% del aumento de su salario se le irá en los pasajes más caros que tendrá que pagar, de manera que no le quedará para pagar los aumentos en todo lo demás y deberá reducir aún más su consumo.

El Gobierno gano el año en la forma como financiará las inversiones para remediar la destrucción del invierno, mediante la ampliación del impuesto al patrimonio, una medida liberal y progresista.

El primer mensaje acertado que está enviando el Gobierno con esta decisión es que estas inversiones serán adicionales a las ya incluidas en el Plan de Desarrollo, y por lo tanto, que se necesitan recursos nuevos para financiarlas. Si el propósito fuera solo sustituir gastos, recortando otros proyectos para dar cabida a las obras de reconstrucción, no necesitarían nuevos recursos.

El segundo acierto fue decidir que el esfuerzo tributario para financiar estos gastos lo debían hacer los colombianos más pudientes. Hubiera podido acudir a otros impuestos, como un aumento del IVA, que es muy regresivo o, como en el caso del terremoto del Eje Cafetero, el 4 por mil o gravamen a los movimientos financieros, que paga toda la población. Pero no lo hizo y en su lugar puso a pagar impuesto de patrimonio a aquellos colombianos cuya riqueza esté entre 1.000 y 3.000 millones de pesos, y aumentó la tarifa para patrimonios superiores.

La esperanza para 2011 es que las ideas progresistas lleguen a ser las predominantes en la orientación de la economía. Así podremos tener un feliz año para todos los colombianos. El Universal.