Una gerencia para el Estado de Emergencia
Más de 3.000 viviendas destruidas y más de 300.000 averiadas, cientos de miles de hectáreas cultivadas inundadas, la mayoría de los sectores económicos y ambientales de la vida nacional se han visto afectados y la tragedia cubre casi todo el territorio colombiano.
A la tragedia de Bello, dolorosísima por la pérdida de vidas humanas y porque al parecer pudo ser prevenible, se une en los últimos días, la inundación de La Mojana, la ruptura del canal del Dique, el desbordamiento del embalse de Urrá en la cuenca del Río Sinú y de varios ríos desde Arboletes hasta Mutatá, dejando el 90% de este territorio bajo agua.
Así mismo, cualquier cálculo del valor de los daños se queda corto. Se mencionan cifras aisladas, pero hasta el momento no hay una aproximación al valor global sencillamente porque la tragedia está en curso, no ha terminado, y en esas circunstancias no es posible cuantificar asuntos complejos como la reconstrucción económica, social y ambiental y los apoyos sectoriales, en especial el agropecuario y las futuras acciones de prevención.
Por otra parte, el Gobierno ya apropió recursos cercanos a $500 mil millones y está reasignando $1 billón, que rápidamente se agotará en asistencia humanitaria y gastos de choque por daños de infraestructura. Dichos recursos provienen de reasignación o traslados presupuestales, que involucran a entidades del orden nacional, aplazamiento o cancelación de gastos o inversiones no ejecutadas en el año corriente, como los autorizados en el decreto 4627/10, es decir, no son recursos nuevos.
De igual forma, los otros decretos expedidos a la luz del Estado de Emergencia, el 4628/10 se refiere a la expropiación por vía administrativa y sólo el 4629/10 tiene que ver con nuevos ingresos, al gravar con el 6% sobre las ventas brutas de las empresas que generen más de 10 Megas de energía, lo que es importante, pero lastimosamente no será suficiente. La atención de la catástrofe requiere con urgencia recursos frescos representativos, cuya obtención no signifique incrementar el enorme déficit fiscal, ni poner en peligro las metas fiscales y de deuda pública fijadas en el presupuesto del 2011, en el marco fiscal de mediano y largo plazo y en las bases del plan nacional de desarrollo 2011-2014.
Como lo dijimos e insistimos, si tiene alguna validez el principio constitucional de que el que contamina paga, es necesario revisar la política tributaria minera. Deben eliminarse los estímulos a la depredación ambiental, empezando por la eliminación de beneficios tributarios de orden nacional y territorial a la actividad, lo que fortalecería las finanzas territoriales. Colombia tiene uno de los regímenes de regalías más generosos del mundo, un promedio de 11% en hidrocarburos frente a una media internacional del 18%; la elevación de la tasa a los promedios internacionales generaría abundantes recursos. No solo se trata de los hidrocarburos, es toda la minería, la de metales, calizas y cemento, las canteras, e inclusive la explotación de material de río. Puede pensarse en tasas diferenciales en relación con los riesgos ambientales por tipo de minería.
Además de la consecución de recursos nuevos por parte del Estado o de la solidaridad, será fundamental su administración eficiente, eficaz y transparente, independiente de su procedencia. El Presidente de la República, al presentar la organización "Colombia Humanitaria", dijo que esta tendrá un comité directivo mixto, con representantes del sector privado, de la comunidad internacional, de organizaciones humanitarias y del Gobierno Nacional.
La coordinación de las actividades recaerá en el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Gestión de Riesgo, que tendrá que rendir reportes periódicos y públicos sobre el uso que le dé a los recursos recogidos: "Hemos diseñado una alianza público privada como la que se hizo en Armero. Esperamos que el Gobierno y los privados podamos trabajar de forma unida por los damnificados del invierno".
Consideramos que la ruta trazada por el Presidente de la República, es la acertada. En tal sentido, en compañía de la senadora Maritza Martínez, le enviamos al Presidente, la propuesta de diseñar una estrategia que permita intervenir y conjurar integral, interinstitucional y articuladamente la grave situación de calamidad pública que vive el país e impedir la extensión de sus efectos y que incluya, la creación de una Gerencia -con estructuras regionales- y un Fondo para la Reconstrucción de Colombia. Una entidad dotada de personería jurídica, autonomía patrimonial y financiera; que bajo las orientaciones de la Presidencia de la República busque la reconstrucción física, económica, social y ambiental de las zonas afectadas por la ola invernal, bajo criterios de oportunidad, transparencia y economía y le devuelva a millones de damnificados, algo de lo poco que les queda por perder, la esperanza.
