Para evaluar a la Corte Suprema
Decir que la actuación de la Corte es normal y que la prolongada ausencia de un Fiscal General no ha tenido consecuencias negativas en la Rama Judicial y en la persecución del crimen y el delito en Colombia sería una vergonzosa y deliberada acción para tapar el sol con las manos.
Claro que mantener por cerca de año y medio a un fiscal interino y a una instancia judicial de primer orden como la Corte Suprema en una permanente disputa interna es un hecho a todas luces negativo para el país.
Mucho más cuando la justicia tenía al frente procesos cruciales para el futuro de la nación: dar cuenta del fenómeno paramilitar; juzgar a más de cien parlamentarios y a más de quinientos dirigentes políticos locales y regionales; arrojar luz sobre hechos indebidos en la tramitación legal de la primera reelección y en la búsqueda de la segunda reelección; continuar su batalla contra las guerrillas; indagar los nuevos fenómenos de narcotráfico y criminalidad urbana; develar magnicidios ocurridos en un pasado no lejano que han saltado nuevamente a la opinión pública como el crimen de Galán, de Gómez Hurtado.
No ha sido buena la confrontación. No ha sido buena la larga espera. Nadie puede alegrarse de ello. No voy a caer en la tentación de exaltar la actuación de la Corte. No son esas las actuaciones que uno reclama del alto tribunal. Lo mejor hubiese sido una actuación tranquila y un conjunto de decisiones oportunas en un país habido de verdad y de justicia.
Pero es igualmente inadmisible que a la hora de las evaluaciones una parte de los formadores de opinión se olviden de las acciones que condujeron a esta actuación anormal de la Corte Suprema de Justicia. La anormalidad empezó con la reacción del presidente Uribe ante la investigación de la parapolítica.
Hasta ese momento se presentaban las controversias lógicas y normales entre las ramas del poder público. A partir de allí el ambiente se enrareció completamente. El presidente Uribe no fue capaz de tomar distancia del numeroso grupo de políticos que saltando por encima de todas las barreras éticas y legales se había aliado con criminales para cometer los más execrables delitos contra la democracia y contra los derechos humanos.
Se abalanzó contra la Corte que en medio de grandes dificultades intentaba juzgar a personas como Álvaro García, acusado de la masacre de Macayepo; Álvaro Araújo, acusado de secuestro; Mario Uribe, con cargos de concierto para delinquir. Para citar sólo algunos ejemplos. Atacó públicamente a los magistrados acusándolos de aliados del terrorismo. Fustigó una y otra vez al organismo señalándolo de parcializado, mendaz y preso de intereses políticos oscuros. Después vendrían el espionaje, las presiones y las amenazas, contra los magistrados y sus familias.
El país fue testigo de estos hechos. Un Presidente salido de sus cabales intentando defender personas acusadas de graves crímenes. Un espectáculo grotesco como el que más. La Corte, ya nadie lo duda, se atrincheró en su fuero, se encerró en sí misma y dejó pasar el tiempo a la espera que los cauces institucionales permitieran la salida de Uribe. No quisieron nombrar un fiscal de las postulaciones hechas por Uribe. Es así. Nadie puede negar ni lo uno ni lo otro.
Ahora tenemos que procurar que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos que luchar para que nunca más se le ocurra a la clase política aliarse con criminales y para que ningún presidente tenga la tentación de enfrentarse a la justicia para protegerlos. Tenemos que luchar para que ninguna Corte sea sometida a vejámenes. Y tenemos que buscar que las Cortes puedan actuar normal y lógicamente sin acudir a dilaciones para cumplir con su mandato. El Colombiano.
