Censura llega a Internet
El miércoles último, el Gobierno de Hugo Chávez aprobó una ley para controlar el Internet y las redes sociales y prohibir la difusión de textos, sonidos e imágenes que le perjudiquen.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la reforma a la llamada ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social de la radio y televisión), que establece fuertes restricciones a los contenidos informativos de los medios digitales en ese país. La medida es un claro intento oficial de censura.
El control será especialmente sobre los medios digitales, sitios Web (redes sociales, internet) y televisión por cable, es decir, toda nueva tecnología habida y por haber con el fin de abarcar la difusión y recepción de mensajes.
Hay que recordar que todos los poderes están dominados por Chávez. Por eso, el oficialismo está aprobando todas las leyes socialistas o chavistas antes de su cierre el 28 de este mes, aunque sean consideradas inconstitucionales por la nueva legislatura, que comienza en enero.
Restricciones
Los aspectos que ataca la norma son “aquellas informaciones que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público. Los que estén destinados a desconocer las autoridades legítimamente constituidas, irrespetar a los poderes públicos o personas que ejerzan dichos cargos”.
Establece, así mismo, que “los proveedores de servicios de Internet deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes y acceso a portales divulgados”.
¿Consecuencia de Wikileaks?
Según los especialistas, esta ley podría representar una consecuencia de las filtraciones de Wikileaks.
La reforma de la ley Resorte también limitará las informaciones de Wikileaks o las otras que circulan por Internet, como la publicada por las redes recientemente y divulgada por el diario La Razón de México, que denuncia que la familia de los Chávez tiene 140 millones de dólares en las cuentas bancarias de Estados Unidos, según la CIA.
Pero las cuentas bancarias no sólo terminan en los Estados Unidos a pesar de su discurso antimperialista. La reforma de la ley impedirá que el público conozca las cuentas que tienen los Chávez en otros países, especialmente en los árabes, rusos y chinos.
‘Protegiendo’ al pueblo
El presidente Hugo Chávez negó que su Gobierno vaya a limitar el uso de Internet, aunque admitió que es necesario un instrumento legal para proteger a los venezolanos de mensajes que puedan incitar o promover el odio, entre otras conductas nocivas.
El control a las redes sociales en Internet castigaría los mensajes irrespetuosos a los poderes públicos y otros que “puedan constituir manipulaciones mediáticas”.
Ya la Asamblea Nacional aprobó la primera fase del proyecto de ley, del que el presidente Hugo Chávez asegura que “aquí no se está prohibiendo Internet. Así que nadie nos puede acusar a nosotros de que estamos restringiendo el acceso a las nuevas tecnologías o al Internet”, indicó el gobernante, resaltando que durante su presidencia la Internet ha crecido enormemente en esta nación.
“Sencillamente son códigos que están ordenados en la Constitución. Tenemos que proteger a nuestro pueblo de la campaña de guerra, de la incitación al odio, la incitación al magnicidio o al asesinato, a la criminalidad, la incitación a la pornografía a los niños. Bueno hasta venden drogas por Internet”, añadió.
Una lápida a la libre expresión
Varias son las opiniones sobre el polémico tema. Para el editor del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero, con el nuevo texto legal se estaría violando la libertad de expresión de los venezolanos.
Reporteros Sin Fronteras (RSF), por su parte, denunció las “ambigüedades” y “carencias jurídicas” de la ley.
RSF criticó en particular el refuerzo e incorporación a Internet que prevé extender “el conjunto de las sanciones previstas en la versión inicial”.
“Las intenciones de una reforma como ésta son aún más dudosas”, señaló.
A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sostuvo que lo que se quiere es “poner una lápida” a la libertad de los medios y de expresión en esa nación.
El copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que “estamos ante uno de los mayores atropellos contra el derecho del público a la información en esta década en el continente”.
