20 de octubre de 2021
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Más razones para no compartir la modificación de matrículas

8 de noviembre de 2010

La situación de la Universidad de Caldas no es muy distante a la que vive la principal universidad colombiana, y un cambio en las matrículas como el que se propone afectaría sin lugar a dudas el acceso de los sectores más vulnerables de la población.

Llamo la atención sobre un punto importante con el cual concluye su escrito el profesor Moisés Wassermann: “El problema en Colombia no es que haya algunas personas que no participen en los costos de su educación sino que hay muchísimos jóvenes que no podrían hacerlo (…) El cobro a quienes hoy son "subvencionados" desestimularía el estudio en los estratos socioeconómicos más bajos, disminuiría sus posibilidades de formación de posgrado y limitaría sus opciones de calidad al tamaño del préstamo que puedan adquirir."[1]

La supuesta inequidad, argumento con el cual se ha sustentado el proyecto de la administración del doctor Ricardo Gómez, rector de la Universidad de Caldas, no aparece cuando se da una lectura distinta a las mismas cifras suministradas por la Oficina de Planeación de la universidad, en informe presentado en la sesión del Consejo Superior del 15 de octubre de 2010. Miremos algunas de ellas:

El 91% de los estudiantes de la Universidad de Caldas pertenece a los estratos 1, 2 y 3 de la población.

El 74% proviene de un colegio público.

El 85% de los que estudiantes que obtienen un cupo reportan ingresos de tres salarios mínimos hacia abajo.

En consecuencia, la actual tabla de matrículas exonera al 72% de los estudiantes del pago de matrícula, es decir, su matricula es cero. Solo pagan un porcentaje del 30% sobre ésta destinado a servicios universitarios y servicios de salud. Desde nuestro punto de vista, esta exoneración es muy positiva, ya que la actual composición por estrato socio-económico muestra la importancia del actual sistema de matrículas para garantizar el acceso a los sectores con mayores restricciones económicas y el profundo compromiso social de esta alma mater en la educación de los más pobres.

Tan solo el 9% de los estudiantes de la Universidad de Caldas pertenece a los estratos 4, 5 y 6 de la población. El 8.5% reporta ingresos desde 5 salarios mínimos en adelante, pero de ellos solo el 5.5% de los estudiantes, es decir, 327 personas, pertenecen a familias cuyos ingresos son de tres millones de pesos en adelante. No puede decirse que esta sea una universidad que subsidia a los “ricos”, pues el mismo estudio muestra que el 6% de los estudiantes, una cifra coincidente con los que más ingresos reportan, paga matrículas entre 660 mil y 2 millones 700 mil pesos.
La supuesta inequidad de la que hace gala el señor rector de la Universidad de Caldas es la misma que pregona Rudolf Hommes, uno de los gurúes del neoliberalismo, la privatización y la apertura económica en Colombia. En un artículo reciente, publicado también por El Tiempo, planteaba como alternativa al crecimiento de los recursos de la educación superior: “Cobrar matrículas y ofrecer préstamos para estudiantes de ingresos bajos”[2], desafortunada coincidencia entre la dirección de la Universidad y uno de los economistas que con sus tesis, o mas bien con las tesis del Banco Mundial, ha sido el causante de la tragedia económica que vive más del 90% de la población colombiana.

Otro de los argumentos utilizados y con los que se quiere aprobar la reforma a como dé lugar, es la omisión de algunos estudiantes que para la liquidación de su matrícula presentan información que no corresponde a su situación socioeconómica. De manera astuta, esta práctica malsana, y que por supuesto rechazamos, ha querido mostrarse como recurrente y generalizada sembrando un manto de duda sobre el conjunto de los estudiantes, al punto que hemos merecido un Editorial[3] de La Patria y la presentación con gran alborozo[4] por este mismo diario de la sanción de 12 estudiantes por estos hechos. Sea importante resaltar que estos 12 estudiantes representan el 0.1% de los 12 mil estudiantes de nuestra universidad, de lo que se colige que frente al 99.9% no hay ninguna tacha. Si bien lo deseable es que este tipo de hechos no se presenten, lo que debe decir honestamente la Universidad es que muchos de estos casos obedecen a los mismos errores cometidos en el proceso administrativo, tal y como lo tuvieron que reconocer en el Consejo Superior del 15 de octubre.

Evidentemente, en la propuesta del doctor Ricardo Gómez subyace una concepción de la educación como mercancía y de la universidad como empresa, hecho que contradice la reciente inclusión, que por unanimidad se hiciera en el Consejo Superior, en el Estatuto General de la educación superior como bien común en la lógica de la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior. En un artículo posterior resaltaré los puntos más controversiales de la propuesta, señalando de antemano que los más perjudicados serán los estratos bajos y de estos las familias de Manizales y Villamaría, a quienes en los ejercicios de simulación que hemos realizado se les carga con unas costosas y onerosas matrículas.