8 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Más alzas para los más pobres y menos contribuciones para el gran capital

19 de noviembre de 2010

Busca excluir de la sobretasa o contribución especial, que estableció la Ley 143 de 1994 en su artículo 47, a los usuarios industriales, es decir, eliminar el sobreprecio que hoy paga la industria y que es equivalente al 20% sobre el costo de prestación del servicio de energía.

A los usuarios que pertenecen a los estratos residenciales 5 y 6, a los usuarios comerciales y a los industriales no regulados* que compren energía, a las empresas generadoras de energía no reguladas, se les seguirá cobrando el sobreprecio que hoy pagan. Es decir que los pequeños y medianos industriales  -englobados en los usuarios no regulados- continuarán pagando la contribución del 20% mientras que los grandes industriales serán exonerados.   

La reforma propuesta por el gobierno, que seguramente apoyarán las mayorías uribo-santistas en el Congreso, plantea eliminar en el año 2011 el 10% de la contribución y en el 2012 el otro 10%. Esta reforma significa sustraerle al fondo de solidaridad y redistribución de subsidios para energía eléctrica, que maneja el Ministerio de Minas y Energía, y que atiende los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 de la población, el 53.7 de los recursos que le ingresan por el pago que hacen al mismo los industriales y que fueron, en el año 2009, de un poco más de 591 mil millones de pesos.

Debe señalarse también que esa propuesta implica aumentar el “déficit” que tiene el fondo -cubierto con recursos del presupuesto nacional- y que el año anterior ascendió a 643 mil millones de pesos. Con la reforma propuesta y según las cifras presentadas por el ministerio de hacienda, en la exposición de motivos, el fondo alcanzaría un faltante en el 2011 de $648 mil millones de pesos (mm), en el 2012 de $682 mm, en el 2013 de $719 mm y en el 2014 de $757 mm.

*Usuario No Regulado: Persona natural o jurídica, con una demanda promedio mensual de potencia durante seis meses, mayor a 0.1 MW, o en energía de 55 MWh-mes en promedio durante los últimos 6 meses por instalación legalizada, cuyas compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente.

De aprobarse el proyecto se aumentará el “déficit” del fondo que atiende el pago de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y, lo que es más grave, para suplir las exenciones que se conceden a los grandes industriales, la exposición de motivos plantea que: “Dado que este proyecto genera un mayor gasto para la Nación, se propone como fuente de financiamiento la implementación de la nueva metodología de estratificación, proyecto que viene adelantando el DANE. De esta forma se lograría generar las contribuciones necesarias para pagar los subsidios otorgados.”

Lo anterior quiere decir que con la implementación de la nueva metodología de estratificación que adelanta el DANE, los que aportarán para pagar los subsidios que hoy se otorgan a los más pobres, se encontraran entre las capas medias de la población. Seguramente aumentarán las contribuciones que hoy pagan los sectores residenciales 5 y 6, los comerciantes y los usuarios industriales regulados. Es posible también que se acabe el subsidio del 15% para el estrato 3 y que obliguen al estrato 4 a aportar para atender “los subsidios de los más pobres”.

La obligación de subsidiar la prestación de los servicios públicos y de esa manera dar algún bienestar a la población del país y a los más pobres, y que antes de la Constitución de 1991 era obligación del Estado, dejó de serlo con la Ley 142 de 1994 y pasó a ser responsabilidad de “los más ricos”. Ahora con la reforma propuesta pasará a entregársele a las capas medias de la población y excluirá a los grandes monopolios industriales nacionales y extranjeros. Una manera bastante neoliberal -uribo-santista- de aplicar la “redistribución de la riqueza” pero sobre todo de aceptar la petición de la ANDI de darle a la gran industria -instalada en Colombia- precios de la energía que les permita “competir en un mundo globalizado y en los TLC”.   

Los usuarios y sus organizaciones deberán prepararse para enfrentar esta nueva arremetida contra sus bolsillos y para luchar porque los servicios sean servicios y dejen de ser negocios que fue en lo que los convirtieron quienes redactaron la constitución de 1991.

Coordinador Unión Nacional de Usuarios
Manizales, Noviembre de 2010