24 de octubre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

La Justicia colombiana

6 de noviembre de 2010

Se achaca al organigrama de la Rama Judicial sus fallas y se proponen repetidas ‘Reforma a la Justicia’ que se pierden entre el mar de reformas que tienen que hacerse en el Congreso. Ningún dicho más repetido que el de ‘la justicia es para los de ruana’. Los medios de comunicación se confunden con los jueces y estos producen noticias en vez de sentencias. Los políticos no hacen política con las ideas y las propuestas sino por la vía de las denuncias que ni siquiera necesitan presentar ante los jueces. Ni qué hablar de los índices de impunidad… En fin, la idea de que en Colombia la Justicia no existe parece ser un consenso.

Pero toda la ‘administración de justicia’ se concreta –en lo que se refiere a la Justicia Penal- en la pena, en el castigo. Y en esto sí que se refleja el caos que vivimos.

Por el hacinamiento en la población carcelaria Colombia ha sido acusada reiteradamente de violación a los Derechos Humanos. Aún se recuerda el caso en que en alguna ciudad se llegó al punto de hacer un corral al aire libre para mantener encerrados a los presos.

En la actualidad teniendo una capacidad total para 63.311 presos hay 81.914.

De esos, 25.429 no tienen sentencia, encontrándose apenas en calidad de sindicados. En contraste me parece recordar que hay del orden de 26.000 individuos con sentencia a quienes se les ha dejado en libertad provisional, cerca de 6.000 con la casa por cárcel, y algunos centenares con control electrónico de artefacto en el tobillo (según parece, varios de ellos de alta peligrosidad).

Sin embargo para todo problema que crece en nuestra sociedad solo se presenta como solución el ofrecer más penas de prisión. Para los consumidores de dosis personal de droga (más de dos millones); para los conductores que tomen trago (por lo menos otros dos millones); para los violadores de niños, pasar de 40 a 60 años (gracias a Dios no hay tantos); etc.

Y sin embargo paralelamente se busca desahogar el sistema: reducción de penas por toda clase de ‘buenas conductas’; procesos y leyes de amnistías (entre la Ley de Justicia y Paz y la Ley 782 del 23 de diciembre de 2002 con la anterior, ni reinsertados ni paramilitares deben pagar más de 5 años); libertad condicional para toda sentencia de menos de tres años; ‘colaboración con la justicia’; etc…

Todo este escenario se complementa con la reacción natural de la ‘justicia privada’ y la infinidad de delitos de sangre entre particulares. Y lo que es peor, las ‘operaciones de limpieza social’ que se ejercen contra la pequeña delincuencia (marimberos, raponeros) o contra quienes consideran ‘basura social’ (homosexuales, ‘desechables’, prostitutas, etc…).

Estas reflexiones las despertó el que en las noticias se da cuenta del ingreso de nuevos delincuentes en un número superior a 50 diarios de promedio (algunos por delitos ordinarios- atracadores, contrabandistas, violadores, etc.- pero aún más entre policías, militares, narcos, guerrilleros, parapolíticos, etc. ¿Cómo se puede manejar esto? y ¿cómo lo están manejando? El Heraldo.