3 de octubre de 2022
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La elección del Fiscal

7 de noviembre de 2010

El titular de estas acciones deber ser designado por el Jefe del Estado, y por eso en Estados Unidos, por ejemplo, el Presidente nombra al Fiscal o Attorney General.

Pero por mucho que les copiemos, Colombia no es Estados Unidos. No lo es, en primer lugar, porque copiamos mal el sistema judicial anglosajón o ‘acusatorio’. Este sistema se basa en separar completamente la Fiscalía del proceso judicial: el Fiscal en Estados Unidos investiga y acusa ante los jueces, pero no tiene ninguna atribución judicial; en cambio en Colombia el Fiscal puede efectuar “registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones”, ordenar la captura del presunto delincuente, obligarle a indemnizar los perjuicios, o amparar a las víctimas y testigos, además de “dirigir y coordinar” las tareas de investigación que realiza la Policía Nacional (artículo 250 de la Constitución).

Ese híbrido es de por sí peligroso, y por eso los constituyentes trataron de enmendar la plana al declarar que la Fiscalía es “parte de la rama judicial” y que la Corte Suprema designe al Fiscal de la terna que envíe el presidente (artículo 251). Es el sistema que está haciendo crisis por las peleas de Uribe con la Corte, y que Santos propone cambiar por la designación directa desde la Presidencia.

Sólo que el híbrido sería peor, porque ahora tendríamos un fiscal designado por el Presidente que puede ‘chuzar’ teléfonos y meter personas a la cárcel sin pedirles permiso a los jueces. Y la cosa se enreda más con el “articulito” de la Constitución que hizo cambiar el anterior gobierno: mediante Acto Legislativo 3 de 2002, Colombia adoptó el famoso “principio de oportunidad” que autoriza al Fiscal para “suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal” en ciertos casos.

También, en el papel, este principio es impecable: para disminuir la congestión proverbial, alguien debe retirar de los juzgados los muchos pleitos menores o perdidos; y ¿quién mejor para esto que el representante de la sociedad que padeció esas ofensas? El problema por supuesto consiste en decidir cuáles casos son ‘menores’ o ‘perdidos’, porque esta facultad de perdonar y borrar se presta a todo tipo de abusos.

El diablo está en los detalles, y en este caso el lector tendría que repasar las 17 razones que estableció una Ley del año pasado (la 1312) para que el Fiscal ordene poner fin a las acciones penales. El hecho de que las causales sean 17 ya dice bastante, y dice más el hecho de que incluyan alusiones a “justicia restaurativa”, a extraditados, a peligros para “la seguridad del Estado”, a desmovilizados, a narcotráfico o a terrorismo. Pero aún en su lectura más benévola, esta Ley significa que el gobierno anterior amplió las potestades del Fiscal para frenar las acciones penales, sobre todo en los que son –o colindan–con el crimen político.

Y aquí entramos en otra infortunada diferencia entre Colombia y otros países donde se aplica el sistema acusatorio: la criminalidad –y criminalización– excepcional de la ‘alta’ política. Para no hablar de Samper u otros estadistas, a nadie se le escapa que el próximo Fiscal debería investigar y acusar –o, en su caso, excusar– a un gran número de funcionarios y allegados al anterior Presidente, contando entre otras las ‘chuzadas’, la ‘yidispolítica’, la parapolítica, los ‘falsos positivos’, Agro Ingreso Seguro, los contratos de obras, la DNE o el Incoder.

En un país así no es buena idea que el Fiscal sea escogido por el Presidente. Ni que sea postulado por el Presidente. Ni tampoco que elijamos presidentes que no entienden otro principio elemental del derecho: el de abstenerse en caso de un conflicto de intereses flagrante.