Gobernación del Quindío, bien librada en informe sobre riesgo de corrupción

Las regiones son cada vez más vulnerables a que la corrupción haga de las suyas en gobernaciones, alcaldías y contralorías. Ese es el preocupante panorama que encontró la Corporación Transparencia por Colombia y que presenta este jueves en su informe ‘Índices de transparencia departamental y municipal 2008-2009’.

En términos generales, son múltiples las deficiencias que hallaron: exceso de contratistas, funcionarios que no cumplen con las condiciones exigidas para desempeñar sus cargos y bajo nivel en la publicación y difusión de la contratación y procesos licitatorios, así como de sus planes de acción.

Para Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia (TC), las noticias no son buenas. “Hay alta discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades locales, incumplimiento de las normas en asuntos centrales como la apertura informativa sobre las acciones de gobierno, errores en la contratación pública, deficiente gestión de los recursos humanos y precariedad de los controles, incluyendo el social”.

El problema se agrava en zonas en donde es más fuerte la presencia de grupos armados ilegales y narcotráfico.

En este estudio no fueron incluidas Bogotá, Cali y Medellín por ser capitales grandes que ameritan un método de estudio diferente. Aquí las conclusiones.

Gobernaciones

La gobernación de Santander (84,0 de calificación), seguida de las de Caldas (81,7), Boyacá (80,3), Risaralda (78,4), Quindío (78,3), Cundinamarca (78,2), Atlántico (77,9), Norte de Santander (77,7) y Nariño (76,8) lideran la lista de las entidades con mejor nivel de transparencia y se ubicaron en la categoría de riesgo moderado.

Contrario a éstas, la gobernación del Guaviare tiene la peor calificación al ubicarse en un nivel muy alto de riesgo de corrupción. Llama la atención que los departamentos con frontera, excepto Chocó, están en el grupo que tiene un riesgo alto de corrupción: Amazonas, Vaupés, Cesar, Putumayo, Guanía, Vichada y La Guajira.

El panorama en la contratación deja mucho qué pensar. Según el informe, hay demasiada discrecionalidad en la contratación. “Hay poca o nula publicidad antes y después del proceso (de licitación), muchas veces con un solo proponente y la mayoría de las veces sin interventorías”.

Durante 2008 y 2009 sólo se publicó en el Portal Único de Contratación el 50% de las licitaciones adjudicadas por las gobernaciones. Sólo el 40% de ellas usaron la figura de interventoría para verificar el cumplimiento de los contratos y el 30% de la contratación que adjudicaron en 2008 se hizo sin un concurso o llamado público.

“El 7% de las gobernaciones tienen en cargos directivos a funcionarios que no cumplen con los requisitos mínimos definidos en el manual de funciones de la entidad”. Además, “la contratación de empleados por prestación de servicios superar en 60% el personal vinculado a la planta de personal”.

A ello se suma la poca información que las gobernaciones publican para que sus habitantes conozcan quiénes son los funcionarios principales y cómo es el organigrama.

“Hay debilidades en la gestión de las oficinas de control interno disciplinario de las gobernaciones. En la región Occidente sólo la mitad tramitan cerca de 90% de las denuncias recibidas por estas oficinas, en las regiones Amazonía y Pacífica sólo 33% de las gobernaciones alcanzan este 90%, en la región Caribe únicamente 28% gestiona el porcentaje mencionado y en Centro Oriente, apenas 16% hace una adecuada gestión de las denuncias”, contempla el informe.

Alcaldías

Al igual que las gobernaciones, es bajo el porcentaje de las alcaldías que difunden sus procesos licitatorios, sus planes de acción, trámites, sistemas de atención al ciudadano y lo más grave: sus programas sociales.

“No se sabe con qué condiciones, con qué criterios exactos, cómo, ni quiénes pueden acceder o han accedido a programas como Familias en Acción, Programas de Adultos Mayor, entre otros. Ninguna de las 148 entidades evaluadas publica información en su sitio web sobre programas sociales que se ofrecen en educación, vivienda, salud y adulto mayor”, se describe en el informe.

La contratación en las alcaldías también es un tema que debería mirarse con lupa. Como ocurre en las gobernaciones, éstas se rajan: obtienen un 49,9 de calificación, indicador que se convierte en una “fuerte alerta sobre la situación de opacidad en los procesos de contratación de las entidades territoriales”.

Tampoco hay coherencia entre las licitaciones realizadas y las publicadas en el Portal Único de Contratación. “Mientras los municipios informan que se realizaron 548 licitaciones, sólo aparecen publicadas 147, es decir, más del 70% de las licitaciones realizadas no se publicaron el PUC como lo expresa la ley”.

Para Transparencia por Colombia es muy grave que ninguno de los municipios esté situado en un riesgo bajo de corrupción. Sólo 10% está en riesgo moderado y el 90% restante en riesgos medio, alto y muy y alto.

Entre las calificaciones más aceptables están los municipios de Madrid (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), San Juan de Pasto (Nariño), Carmen de Viboral (Antioquia), Tocancipá (Cundinamarca), Los Patios (Norte de Santander), Chía (Cundinamarca), Sabaneta (Antioquia), Yopal (Casanare), Bucaramanga (Santander), Facatativá (Cundinamarca), Envigado (Antioquia), Rionegro (Antioquia) y Calarcá (Quindío).

De los 19 municipios con la peor calificación y tienen un riesgo muy alto de corrupción están Dibulla (La Guajira), El Paso (Cesar), Carmen de Bolívar (Bolívar), Chalán (Sucre) y San José del Guaviare (Guaviare).

Contralorías

Sólo las contralorías departamentales de Valle y Antioquia se ubican en un nivel bajo de riesgo de corrupción. Sin embargo, también preocupa que solo 12 de ellas (de las 32 evaluadas) publiquen en su sitio web el plan estratégico. En cuanto a las municipales, sólo 15 publicaron dichos documentos en sus páginas en internet.

“El escenario más dramático se configura al detallar la publicación de los Planes de Acción. Tan sólo el 22.2% de las contralorías municipales (6 entidades) y sólo 12,5% (4 contralorías) cuentan con los Planes de Acción en sus respectivos sitios web”.

Fuente: Transparencia por Colombia

Semana.com