2 de octubre de 2022
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El mayor desafío del presidente Santos

17 de noviembre de 2010

Según Armando Benedetti, presidente del Senado, el proyecto “está en la nevera” y “con muy pocas posibilidades de sobrevivir”. Quienes más se oponen a “esta estratégica norma” son los conservadores, entre los cuales sobresale el legislador barranquillero Roberto Gerlein.

Bloqueado en la Comisión Primera del Senado, que preside Eduardo Enríquez Maya, el proyecto es de alto interés para el presidente Santos, quien le ha pedido a Enríquez que “por favor, le dé curso a este estatuto que el pueblo colombiano está esperando y el Estado necesita para darnos más capacidad en la lucha contra la corrupción”. Por su parte, el ministro Vargas Lleras ha expresado que el Congreso “no puede darle la espalda al país en este campo tan sensible”. ¡El temor de Enríquez es que si se aprueba el proyecto de Ley se tengan “que construir muchas cárceles”! En cambio, el vocero liberal, Juan Fernando Cristo, les ha pedido a sus colegas de la Comisión Primera que le den prioridad a la iniciativa del Gobierno Nacional.

El proyecto de Santos prohibiría que quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública contraten con el Estado; evitaría que quienes financien campañas electorales se favorezcan con contratos públicos, y eliminaría los beneficios de casa por cárcel o de libertad provisional en delitos relacionados con corrupción. Además, y éste es el artículo más polémico, la iniciativa crearía la figura de las “personas políticamente expuestas” –que combate el testaferrato– y pretende colocar bajo la lupa las cuentas y bienes de los servidores públicos, de sus cónyuges, de sus parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y de las personas jurídicas de las que sean socios.

Este proyecto, prometido por Santos en la campaña presidencial, es clave en una coyuntura dramática para el país, repleta de escándalos producidos en varios organismos nacionales en el gobierno de Uribe, y en momentos en que se ha divulgado por Transparencia por Colombia el Índice de Percepción de Corrupción, IPC 2010, que sitúa al país en el puesto 78, es decir, en el grupo de naciones en el que más se atenta contra los dineros públicos. La calificación que Colombia ha recibido en materia de transparencia es 3,5 sobre 10, lo que significa que, de nuevo, nos hemos rajado de manera alarmante en ética pública, una asignatura que definitivamente no parece tener posibilidades de ingresar en la genética colombiana. Nuestro único consuelo, en América Latina, es Venezuela y su ‘robolución bolivariana’.

Conviene esta Ley y es muy importante que el presidente Santos se emplee a fondo en sacarla adelante para que el país cuente con mecanismos legales e institucionales que golpeen durísimo la corrupción. Pero, al tiempo, hay que trabajar mucho en lo cultural. Colombia tiene que elevar sus niveles de intolerancia a la corrupción. Es quizá el frente más difícil porque en este país se volvió ‘normal’ enriquecerse con el erario y disfrutar luego el dinero mal habido. Además de cárceles para los corruptos, es imperioso que el país deje de ser permisivo y encierre a los pícaros en lo que Adela Cortina llama metafóricamente “la mazmorra del rechazo”. El Heraldo.