17 de octubre de 2021
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

¿Una vergüenza?

2 de octubre de 2010

En los correos, comentarios, columnas de opinión, e incluso en las expresiones de personajes públicos, tanto quienes están contra ese pronunciamiento como quienes lo defienden minimizan la importancia de los aspectos de derecho, y justifican una u otra posición –y el comportamiento del Procurador o de la Senadora- según la alineación que tienen ante la guerrilla y ante el anterior gobierno.

Eso sucede porque se ha asumido que la Administración de Justicia puede ser usada en la política para adelantar las convicciones de cada cual. Una y otra parte han participado de ello; aunque justo es reconocer que un ‘bando’ porque lo ve como funcional a sus propósitos, mientras el otro porque busca oponerse a eso, aunque cayendo eventualmente en la misma deformación.

Caso ilustrativo es el de la parapolítica, donde de un lado se dieron toda clase de aproximaciones y vínculos con los paramilitares, y del otro se ha buscado minimizar los matices que existen entre las diferentes relaciones y las diferentes circunstancias, llegando al punto de crear en la práctica el ‘delito de opinión’ o de dar carácter de criminal de lesa humanidad a cualquiera que haya caído en ello.

Sin embargo no se había llegado a extremos del uso del poder de juzgar para la defensa de posiciones personales como la del Procurador actual (lo ha mostrado con la prelación que da a sus creencias religiosas sobre las limitaciones que implicarían sus funciones).

Sus convicciones políticas y la afinidad ideológica con el gobierno anterior son lo más contrario a las de la Senadora, quien a su turno podría calificarse casi como su enemiga por la forma en que ha hecho oposición y crítica al estilo y a las políticas de las fuerzas que lo eligieron.

Todo esto contribuye a explicar el fallo y la animosidad del debate a su alrededor.

Pero no por eso le da validez. En cambio algunas consideraciones adicionales tenderían a hacer pensar lo contrario:

Tan identificada como Jojoy con la guerrilla puede ser Piedad en cuanto a un claro compromiso por la paz y por la liberación de los retenidos por las Farc. Mal se puede dar a sus contactos con los subversivos para el intercambio humanitario el sentido de ‘falta administrativa’.

No es el pensar u opinar de una u otra manera –aún si fuera como simpatizante de la subversión- lo que hace que un colombiano merezca un castigo: es el cometer actos delictuosos para concretar ese objetivo y esa manera de pensar lo que lo convierte en conducta sancionable. Ninguna de las acusaciones del Procurador se refiere a un acto delictivo, y menos a una eventual violación a deberes administrativos que ni se establece cuáles serían ni cómo se violan.

Las pruebas aportadas son procesalmente cuestionables (a juicio de la defensa probablemente inválidas, y en todo caso muy lejos de ‘más allá de la duda razonable’, sobre todo en cuanto a la culpabilidad que de ellas se deduciría), pero más lo es el no haber tenido oportunidad de ejercer el derecho de defensa y de oposición al respecto.

Infortunadamente, el fallo más que decir algo del Procurador lo dice del país. El Heraldo.