24 de octubre de 2021
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Reorientar la tutela en el proyecto de Reforma a la Justicia proponen en foro en el Congreso

29 de octubre de 2010
29 de octubre de 2010

A juicio de González, "hay que obrar con diligencia en la evacuación de todas las providencias y hacer que los jueces constitucionales sólo se ocupen de conflictos verdaderamente relevantes, para evitar que el sistema siga colapsando".

"A los ciudadanos hay que garantizarles la igualdad frente a los jueces como creadores del derecho", anotó tras indicar que “la reforma debe estructurarse en torno al ciudadano porque es el eje de la actuación del Poder Público”, agregó.
"El ciudadano es el eje del Estado y de las Reforma de las Instituciones, por lo cual hay que garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, con unas reglas justas que sean dispensadas por un juzgador a través de un proceso confiable y debido para todas las personas y con un criterio de oportunidad", apuntó.

Por su parte, Francisco Escobar, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, sostuvo que para adelantar la Reforma del sistema judicial hay que pactar y convenir y que su despacho está en disposición de hacerlo
Hay que garantizar acceso al sistema judicial, fortalecer su calidad, hacerlo acertado, transparente, ágil y oportuno", reiteró.

Escobar dijo que un cimiento esencial de cualquier cambio al sistema jurídico "debe asegurar un buen servicio al usuario, para hacer más eficiente la función judicial y se puedan hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y la convivencia nacional".
Entre tanto, el presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez y el Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, coincidieron en reconocer  como “real y preocupante” la crisis por la que atraviesa la Justicia en Colombia y recomendaron, por separado, propuestas estructurales que permitan estructurar un sistema ágil, oportuno y justo para el fortalecimiento del Estado.

Los participantes en el evento, a lo largo de sus intervenciones, señalaron que debe ser “un gran propósito nacional” consolidar el aparato judicial,  que recoja las aspiraciones de la ciudadanía, “decepcionada por la lentitud y la no aplicación de las leyes”, durante la realización de un foro sobre reforma de la Justicia en el salón Elíptico del Capitolio Nacional por iniciativa de la Comisión Primera del Senado.

“Un aspecto fundamental es la definición de las normas y otro bien distinto es la administración del aparato de justicia”, dijo el presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, al señalar que la congestión existente en los distintos organismos judiciales es resultado de la acumulación de tareas alrededor de la administración procesal de Justicia y el exceso de funciones administrativas inherentes a sus cargos.
“No se cuenta con herramientas administrativas y tecnológicas adecuadas que faciliten la descongestión”, dijo el profesor universitario Julio Cesar Ortiz, al señalar que “la percepción de los ciudadanos es que la ley existe y es buena pero no se aplica en toda su dimensión”.
Ortiz dijo que “urge llamar la atención del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional, que son responsables de los lentos y tardíos desembolsos para que la función judicial funcione adecuadamente” y señaló que “la mala imagen ante el ciudadano se queda en el sector Justicia pero no se mira que su ineficiencia está ocasionada porque los presupuestos los entregan a cuentagotas y los despachos judiciales se congestionan de procesos que no son resueltos con prontitud”.
El Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, calificó de “situación desesperante” la cantidad de responsabilidades que debe atender su cargo sin que exista claridad de sus funciones, dijo al señalar que “además de los procesos judiciales se deben atender los más mínimos detalles de la administración de recursos humanos, físicos y presupuestales”.

“Hay necesidad de avanzar ante los nuevos desafíos que impone el momento y lo más importante es que se fortalezca el aparato judicial, pero por separado de todas las responsabilidades administrativas que van minando la capacidad de acción de los funcionarios”, dijo el Fiscal.

A su turno, Jaime Arrubla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, insistió en que la Reforma a la Justicia debe incluir y definir categóricamente cómo mejorar la independencia   y la eficiencia del sistema.
Arrubla precisó que la ocurrencia de conflictos aumentó de 3.000 casos a 6.000 casos por cada 100 mil habitantes, "lo cual incrementa la congestión judicial, por lo que se requiere un verdadero plan de descongestión pero que tenga en cuenta a los jueces".  

El Magistrado también reportó que de miles tutelas que ha recibido el sistema en el último tiempo hay 400 mil que responden a reclamaciones porque el Estado mismo es el que no cumple, lo cual no debía ocurrir.

En su opinión, en la reforma a la justicia "el Gobierno debe garantizar autonomía para la Rama Judicial y comprometer mayor presupuesto para que la oralidad apoye la descongestión que es el principal problema del sector".
El presidente de la comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez, realizó un recuento histórico del sistema judicial del país y en torno a la reforma a la Justicia, descalificó la propuesta de "que los servidores públicos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sean objeto de fiscalización y vigilancia por parte de los organismos de control".
Por su parte, los voceros de los jueces de la República dijeron que el volumen excesivo de procesos que deben atender y las calificaciones exigentes que les piden para mantenerse en sus cargos, “están atentando la calidad de los fallos que se profieren”.

Los delegados insistieron en señalar que la Reforma Judicial debe tener en cuenta nuevos métodos para seleccionar los jueces municipales, jueces del circuito y demás profesionales que requiere el sector para hacerlo más abierto a quienes se preparan para impartir justicia en todo el territorio nacional.

Diagnósticos de otras voces

El penalista Jaime Granados, integrante de la Comisión de Seguimiento a la Reforma Penal, dijo que si no se soluciona el grave problema de la congestión judicial que tiene el país, “en cuatro años más no habrá Fiscalía General de la Nación” y explicó que el sistema judicial no puede continuar con un volumen de trámite “que impone 800 procesos para un solo fiscal y que en el corto plazo puede llegar a acumularle hasta 7.000 procesos”.

El experto precisó que “existen 2 millones de procesos represados en los últimos cinco años”, al argumentar que “el sistema penal en el país no puede seguir desgastándose en la resolución de pequeños conflictos y causas menores y que debe hacer énfasis en la prevención general y especial”.

En su opinión, “se hace necesario crear un verdadero Consejo de Política Criminal que no dependa del Ministerio del Interior, que proyecte verdaderas políticas jurídicas, sociales y económicas que sirvan de mapa de navegación normativa para el país”.
Para Gloria Borrero de la Corporación Excelencia a la Justicia, La Reforma del sector debe incluir la creación de un representante del sector ante el Presidente de la República y el Presidente del Congreso.

“Debemos impulsar una transformación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que las demandas sobre la actuación de los jueces sea competencia de un organismo interno de ellos y que el Tribunal Administrativo del Consejo Superior de la Judicatura no tenga funciones judiciales”, explicó.

Borrero insistió en que para reducir la congestión judicial, hay que vigilar que los jueces se apersonen de los casos.

El invitado especial al Foro, Eloy García, profesor de la Universidad de Vigo, en España, destacó que Colombia es una sociedad integral y que en materia de justicia “el país entró en el siglo de los deberes”.

“La Ley otorga derechos que no pueden existir sin que haya deberes. No se puede pedir a una Nación que haga lo que no estamos dispuestos a hacer, porque la justicia no es sólo dar a cada uno lo que le corresponde sino solicitar a cada uno lo que puede dar”, dijo García al recordar a varios especialistas del pasado.
“Colombia es un país maravilloso porque ha superado desafíos como el narcotráfico y en justicia ha logrado imponer la idea de deber por encima de la de derecho”, puntualizó.