19 de octubre de 2021
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“Capitis Diminutio con “piedad”

7 de octubre de 2010

Dura lex, sed lex”. Dura es la ley, pero es la ley. Este aforismo latino es como la piedra angular del Derecho positivo. He sostenido, y es lo justo y equitativo, que la persona inocente debe de ser absuelta y la culpable condenada, sin miramientos políticos o religiosos, sea guerrillero o paramilitar, raponero o atracador, delincuente de cuello blanco o del bajo mundo del hampa.

La violencia tiene diversas y desconcertantes manifestaciones y una de las tantas dañinas con efectos polarizantes, es la que ejercen en determinadas ocasiones los medios de comunicación; de igual manera, ocurre frente a una tardía y mala administración de justicia o a un deficiente control fiscal o ante una pésima vigilancia a quienes desempeñan funciones públicas y, lo màs grave, una parcialización para adelantar las investigaciones administrativas e imponer las respectivas sanciones, dentro del ejercicio del poder disciplinario.

Aquí no se trata de establecer ‘comités de aplausos’ para apoyar o censurar a ciertos columnistas por sus “pro” o “contras” a decisiones judiciales o a decisiones  administrativas que impongan sanciones disciplinarias, sino a  hacer un llamado respetuoso por el bien de las instituciones en procura de evitar que sus respetables opiniones las presenten en unos casos, de manera altanera e irrespetuosa, en otros, como si fueran los portadores de la verdad revelada, y que, sin duda alguna, es màs el daño que el bien que le hacen al país.

Respeto mucho la defensa a ultranza, mas no la comparto en su integridad, que hace Daniel Samper Pizano en su columna de El Tiempo de Piedad Còrdoba o las de Daniel Coronel y Antonio Caballero en Semana, todas del pasado domingo; asì mismo, respeto las apreciaciones acusatorias de María Isabel Rueda y de Plinio Apuleyo Mendoza, quienes, como buenos nefelibatas y sin lugar a equívocos, posan como ‘consejeros’ de cabecera de quien regenta el ministerio público. En cambio, comparto a plenitud con la de Daniel Samper Ospina, respecto al Procurador.

No se puede convertir una columna periodística como trinchera o burladero, amparado en la libertad de prensa, para lanzar a diestra y siniestra críticas infundadas carentes de veracidad contra ciertas instituciones que por su dignidad merecen respeto y acatamiento, sacando conclusiones pontificales y haciendo aseveraciones de mala fe y dañinas, sin conocimiento de causa, movidos únicamente por rencores fruto de una polarización política.

En cualquiera de las investigaciones que se adelante, sea en materia penal o administrativa, el funcionario de conocimiento está en la obligación de apreciar en forma integral todas las pruebas que conforman el acervo probatorio, de acuerdo a las reglas de la “sana crítica”, a fin de establecer la verdad real, cuyo objetivo principal es la conducción al conocimiento y convencimiento certero de la existencia del hecho, sea delito o falta disciplinaria, y de la responsabilidad del sindicado o incriminado, màs allá de toda “duda razonable”, presupuestos necesarios para proferir una providencia sancionatoria o absolutoria.

No tengo a mano las pruebas electrónicas que reposan en los computadores que resistieron las bombas y la metralla oficial a los campamentos de esos personajes, para poder establecer una verdad real que me conduzca al absoluto conocimiento y convencimiento de la responsabilidad o no de la Senadora del ‘turbante’ en los nexos criminales que se le acusa. Afortunados los columnistas mencionados que recibieron copias del disco duro o información al oído, por parte del organismo puntero en el palmarés de la impunidad.

Lo que si tengo muy presente, y casi como un axioma, son las declaraciones televisivas,  radiales y consignadas en la prensa del señor Procurador, quien expresó de manera clara y tajante que la senadora Piedad Còrdoba era auxiliadora y asesora del grupo subversivo de las Farc, y que por menos había destituido a otros funcionarios por vínculos con los ‘paramilitares’, dando a entender, el doctor Ordoñez, que las ‘motosierras paramilitares’ son menos dañinas que los tiros de gracia que propinan los ‘farianos’.

El debido proceso es un derecho fundamental  inalienable e inviolable y se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es una norma de orden público, y como tal, su aplicación es “obligatoria”, sin consideración a la dignidad del funcionario que deba aplicarla. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante autoridad competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

“Cada quien es dueño de su propio destino. Cada quien es un arquitecto de su propia vida. Uno recoge lo que cosecha. A la gente hay que creerle lo que dice. Cuando no se tiene la certeza de un hecho es mejor ser prudente y guardar silencio. Cuando no hay la evidencia concreta se debe otorgar la duda, Condenar a priori encierra crueldad”, estas máximas de pensadores tienen mucha aplicación al caso de la senadora Piedad Còrdoba, visto desde la óptica de la equidad y la razón.

Si se hace un análisis imparcial y desprevenido de la filosofía política y religiosa entre el  Procurador y la Senadora afrocolombiana, la posición es antípoda, en todo el sentido de la palabra. Sus ideologías son distantes, lo que les ha granjeado cierta distancia personal, muy notoria en los dos. Ordoñez es conservador recalcitrante, fanático religioso, enemigo a ultranza del libre desarrollo de la personalidad y su cargo se lo debe al ex presidente Uribe. La Senadora es anti – uribista, izquierdista y lenguaraz, no va a misa, es amiga de Chàvez, ha tenido relación de vista, trato y comunicación con los farianos, es amiga de las lesbianas y de los maricas, defiende el aborto y no votó por el Procurador. ¿Les parece poco para que existan distancias?

Todo lo anterior, nos lleva a hacer algunas reflexiones sobre este caso tan complejo y controvertido y que ha levantado muchas suspicacias:
La animadversión entre la Senadora y el Jefe del Ministerio Público, es pública y de fácil comprensión.
El show mediático que montó el Procurador lo hizo sobre una decisión tomada en una providencia sancionatoria que le cabía el recurso de reposición dentro de los términos legales, para completar asì la plenitud de la forma propia del proceso administrativo. Esta violación olímpica al debido proceso puede encerrar “nulidad”, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, como por ejemplo: un presunto Prevaricato.
El recurso de reposición, en caso de no haber impedimento o recusación, le corresponde resolverlo al Procurador, pero éste se pronunció al respecto antes de tomar una decisión sobre dicho recurso, o sea, que prejuzgó, lo que lo obliga legal, ética y moralmente a declararse impedido.
En el evento de un impedimento o recusación la competencia recae en el vice – Procurador, quien es subalterno del Procurador, el efecto del recurso es nugatorio.
Hay que distinguir y dejar muy en claro la diferencia entre correos dirigidos y recibidos y un documento Word. El primero requiere de un intercambio entre 2 personas, dueños cada uno de una dirección electrónica personalísima, el segundo, es un archivo que puede ser digitado por una tercera persona ajena al intercambio o a una relación.
La responsabilidad objetiva está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, Tanto en lo penal como administrativo.
Un documento Word guardado en un disco duro sin tener la certeza de quien lo pudo haber digitado, no puede acogerse como plena prueba.

El fanatismo es una locura que exaspera, es desproporcionada y de gran tenacidad y, en casi todos los casos, supera la racionalidad. Un fanático es un peligro latente para la sociedad, máxime si el enfermo ostenta alguna alta dignidad.

No conozco a ninguno de los dos protagonistas, ni estoy interesado en conocerlos.

Manizales, Octubre 8 de 2010.