28 de octubre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Regalías: entre la solidaridad y la autonomía

18 de septiembre de 2010
18 de septiembre de 2010

¿remodelaría su casa, viajaría, se daría algunos gustos le parecían lujos antes de ganarse el premio o de encontrar el tesoro? ¿qué opinaría de que su padre quisiera administrar todo o parte del premio o el tesoro y le exigiera ahorrar para el futuro de sus hijos?

Estas preguntas son una analogía de las inquietudes que se plantean las entidades territoriales – ET respecto a la administración de las regalías derivadas de la explotación de recursos naturales no renovables. Las respuestas variarán según la personalidad de los participantes padres e hijos (dirigencias políticas y la sociedad civil).

Es evidente que el tesoro, el premio o la regalía generan una enorme tensión entre los actores que creen tener derecho a los recursos por razones (o principios constitucionales) diferentes: “son míos” (el Estado es propietario del subsuelo), “es mi casa” (las ET son beneficiarias de las regalías derivadas de los recursos de su jurisdicción), “yo hago lo que quiera con mis cosas” (autonomía territorial), “usted debe ayudar” (principios de solidaridad y complementariedad del gasto público) “hay que prever” (el principio de planeación; el deber Estatal de garantizar el acceso a las oportunidades a las personas y el desarrollo armónico regional).

Unos y otros son argumentos persuasivos que requieren del debate público y de una visión de largo plazo en cuanto al futuro de la familia del ejemplo (el Estado colombiano) y la relación entre sus miembros (Nación y las ET).

Las ventajas que ofrece el proyecto de reforma a las regalías están asociadas con el impulso que se le da a la solidaridad interregional, aspecto que encuentra acogida en el Senado. Sin embargo, el costo principal es poner a medio camino el modelo de descentralización, lo que resulta particularmente gravoso para regiones que tienen una institucionalidad fuerte, visión más cercana a la de la Cámara de Representantes.

A este roce se suman los intereses derivados de la inequidad intra-regional, los daños ambientales por la explotación minero-energética y la debilidad institucional de muchas de las ET.

La necesidad de un régimen de transición es evidente, y sobre todo la de analizar esta iniciativa paralelamente con el proyecto de ordenamiento territorial, para compensar el impacto para la autonomía regional.