2 de octubre de 2022
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Lucha frontal contra la corrupción anuncia el presidente

7 de septiembre de 2010
7 de septiembre de 2010

La observación la formuló el presidente Juan Manuel Santos durante el acto de lanzamiento de la Política de Estado contra la Corrupción.

Santos dijo que Con esa suma, para ponerla en contexto, podrían entregarse 300 mil subsidios de vivienda para personas de escasos recursos.

"El dinero que se ha dilapidado de las regalías supera el billón de pesos, y aquellas se han convertido en ‘el tesoro de los piratas’ en muchos de los entes regionales que las reciben, paralizando la inversión en varios departamentos", expresó Santos para dar una idea de lo que ha sido la corrupción en Colombia.

El presidente planteó que la lucha contra la corrupción debe asumirse como una Política de Estado, en la que participen todos los sectores de la sociedad: por supuesto todas las instituciones públicas, pero también el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

"Nos apoyaremos en las mejores prácticas y estándares de los organismos internacionales que trabajan en el tema, como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el Plan Andino de lucha contra la corrupción de la CAF, y la Convención Anti-soborno de la OECD, a la que pretendemos adherir", agregó.

Indicó que la lucha contra la corrupción tiene que ser la bandera de una nación unida en la convicción de que su futuro sólo se construye sobre bases de honestidad e integridad.

"Es imperativo que el Gobierno y las entidades de control aunemos esfuerzos con el sector empresarial, los gremios y la sociedad civil para que avancemos en el conocimiento de las prácticas de corrupción y su control social, y logremos efectividad y transparencia en el uso de los recursos públicos", observó.

Insistió en que la Política de Lucha contra la Corrupción que lanzó ayer el gobierno —y que se ve plasmada en el proyecto de Ley Anticorrupción que presentaremos al Congreso— sólo tendrá éxito si la entendemos y la aplicamos como una política de Estado, que supere las coyunturas y sea interiorizada por toda la nación.

Puntos principales de la política

El Ministro del Interior, Germán Vargas esbozó lo que será esta Ley Anticorrupción, pero quisiera enfatizar algunos de sus componentes a través de los cuales nos ocupamos integralmente del tema de la corrupción:

– En el proyecto de Ley se establece un régimen penal más severo para los actos de corrupción, que facilita y hace más expeditas las investigaciones contra servidores públicos o particulares que incurran en estas conductas.

No será la pena capital, como en los tiempos de Bolívar, pero sí condenas que correspondan a la gravedad de la ofensa a la sociedad.

Y, tal como lo prometimos en la campaña, los plazos de prescripción de la acción penal se ampliarán en forma significativa.

– Se hacen cambios sustanciales a las normas sobre procesos disciplinarios y fiscales para que sean más efectivos.

– Se adopta la figura de las Personas Políticamente Expuestas para que el sector financiero realice un seguimiento más detallado a las cuentas de los servidores públicos y se convierta en un aliado en la lucha contra la corrupción.

– Se regula la actividad de lobby o cabildeo frente al Legislativo y el Ejecutivo para darle mayor transparencia a sus decisiones.

– Se redefine el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como un programa de diseño y coordinación de la política gubernamental de lucha contra la misma corrupción.

Tenemos que concordar en que la figura del Zar Anticorrupción poco ha servido para establecer una política realmente eficaz, con resultados más contundentes, por lo que este rediseño se hacía imperativo.

– Se crea la Comisión Nacional para la Moralización, presidida por el Presidente de la República, y con participación del Ministro del Interior, el Procurador, el Contralor, el Fiscal, el Presidente del Congreso, los Presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, el director del Programa Presidencial contra la Corrupción, y el director de la Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Transparencia.

– Se constituye la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, integrada por representantes de los gremios económicos, de ONGs enfocadas en la lucha contra la corrupción, las universidades, los medios, las veedurías ciudadanas, el Consejo Nacional de Planeación, las organizaciones sindicales y el director del Programa Presidencial contra la Corrupción, que ejercerá la Secretaría Técnica.

– ¡No más corruptos sancionados y tranquilamente en sus casas!

Se excluirán los más actos de corrupción de beneficios como la suspensión de la pena, la libertad condicional o la prisión domiciliaria, ¡para que los ladrones de cuello blanco paguen sus fechorías en la cárcel, como debe ser!

– Se establecen políticas más estrictas para las entidades públicas en cuanto a la información que deben brindar al ciudadano, generando una verdadera cultura de rendición de cuentas, que es una de las características esenciales el Buen Gobierno.

– Se hacen algunos cambios en el Estatuto de Contratación para impedir que la contratación pública sea fuente de actos que lesionen la moralidad pública.

Resumiendo: La Ley Anticorrupción que proponemos contempla el rediseño e implementación de directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, el acceso a la información y —algo muy importante— la promoción de una cultura de legalidad, probidad y transparencia.

Muy especialmente, daremos prioridad al combate a la corrupción que se presenta en la asignación y utilización de los recursos destinados a reducir la pobreza, como educación, salud, vivienda y servicios públicos, dirigidos a poblaciones vulnerables.

El proyecto de ley contiene medidas específicas para defender el sector salud de las ambiciones de los corruptos, como la sanción penal de la especulación con medicamentos, o el establecimiento de agravamientos en las conductas que defrauden el sistema general de seguridad social.