24 de octubre de 2021
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La corrupción atornillada

14 de septiembre de 2010

No es extraño el enriquecimiento ilícito en las gobernaciones, alcaldías, ministerios, concejos municipales, juntas de acción comunal, y todo el aparato estatal, arrollando, ¡y de qué manera!, el fisco público, mediante las contrataciones amañadas, la inflación en los costos de cualquier infraestructura, hechos delictuosos de los que no se salva la empresa privada, que se las ingenia para raponearle al estado millones de pesos en las declaraciones de renta, con toda clase de malabares ilegales de evasión.
Hay corrupción en los precios que se les dan a los artículos, tanto los de la canasta familiar, como los de cualquier cosa, verbigracia,  carros, camiones, repuestos, medicamentos, materiales de construcción, y todo lo que tienen todas las sociedades de consumo.
Un caso aberrante lo vemos en las entidades bancarias, que cada año muestran utilidades por varios billones de pesos, pero que mantienen a sus empleados con salarios miserables; y que se valen, además, de una sucia maniobra, como es la del recorte de personal, y el consiguiente aumento de responsabilidades de los empleados que quedan.
¿A quiénes le prestan plata los bancos? ¿A los más pobres, a los miserables? Pues no, ese privilegio lo tienen los ricos, lo cual, de hecho, discriminación.
En un sentido clásico del pensamiento político, la corrupción la definen “como el abuso autoritario del poder, que en casos extremos puede incluso llegar al ejercicio de la tiranía”, y es donde cobra fuerza la frase de Lord Acton,  cuando afirma que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. En nuestro caso, el referente del abuso del poder político se manifiesta en el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de las autoridades, bien en la forma de corrupción personal, o en el favorecimiento ilegal a las organizaciones a las que están integrados, aunque no se beneficien directamente, lo que sería la llamada corrupción oficial, según el cargo que se ostente, o sus conexiones con quienes los tienen.
Si se acude a las tipologías jurídicas, lo que más abunda es el soborno, el peculado, la extorsión, la concusión, el tráfico de influencias, muy utilizado por los políticos, el peculado, abuso de información privilegiada y otras tantas de la misma clase. En este país de leyes, pues los mismos políticos diseñan mecanismos anticorrupción, pero, a la vez, dejan el portillo abierto para que los actos de corrupción tengan continuidad, y es donde se aplica la singular y manida frase de que “hecha la ley, hecha la trampa”, siguiéndose así el mismo círculo vicioso, o mejor aún, maquillándola de otra forma. Es admirable la relación  que existe entre corrupción y política, donde el manejo que se le da, para beneficiarse de ella, puede ser o persuasiva, o coercitiva. Ésta ultima muy usada en vísperas electorales, y que está estrechamente ligada a las formas que emplean las diversas clases de mafias existentes. El caso más sonado es el del tráfico de armas, de precursores químicos para elaborar el clorhidrato de cocaína, y otras formas delincuenciales  de más alto turmequé.
Aquí se mezclan los intereses de personajes corrompidos nacionales e internacionales, lo que agrava aún más la problemática, pues se configura una red compleja de intereses e interesados.
¿Qué han hecho durante los últimos 60 años los gobiernos de turno para ir cerrando semejante boquete, donde hoy por hoy están inmersas todas las instituciones, con el agravante de que no sólo quienes hacen las leyes,  a muchos de los cuales se les  siguen procesos por corrupción, sino quienes deben aplicarlas también están siendo cuestionados, y, para colmo de males, el ejecutivo entorpece el trabajo de los entes anteriores?
Pasa un gobierno, llega otro, y sólo los bellos discursos  al inicio le endulzan el oído a un sufrido pueblo, que navega entre la desesperanza, la miseria y la desolación.
Para colmo, al “chapulín” le dio un preinfarto, me refiero a Gómez Bolaños, entonces, ¿“ quién podrá defendernos”’?

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