20 de octubre de 2021
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

El peor de todos los males

12 de septiembre de 2010

En muchos casos, la actividad política se ha convertido en una empresa criminal, en donde las ideas, la ética y el bienestar de la comunidad, fueron permutados por mezquinos intereses particulares. Para algunos políticos, el servicio público es un negocio, a través del cual se pueden enriquecer, una moda que les da estatus y reconocimiento: la mística y la vocación que impulsaban el quehacer de los políticos de antaño parecen haber quedado en el olvido.

La mediocridad y la ignorancia son los referentes de gran parte de la política colombiana actual. Gentecillas que hoy fungen como ‘dirigentes’ hace 20 ó 30 años no habrían tenido cabida en el juego democrático. La decadencia es evidente: el ejercicio de la política dejó de ser hace muchos años una actividad de la inteligencia para convertirse en una orgía incestuosa de negociados y chanchullos de toda índole.

El prestigio, la preparación y la idoneidad poco o nada importan por estos tiempos: quien tiene los cientos de miles de millones que vale una campaña se hace elegir en cualquier cargo. El problema, entonces, no es solo legal, de inoperancia de la justicia, sino también cultural, pues la doctrina del “todo vale” se ha enquistado en nuestra sociedad y al parecer ha hecho metástasis: el bandido es acogido y prohijado como si se tratara de un príncipe.

El gobierno del presidente Santos acaba de presentar al Congreso el Estatuto Anti Corrupción, un proyecto que tiene por objeto adoptar la lucha contra la corrupción como una política de Estado (ya era hora que alguien le prestara atención a este nefasto flagelo). La iniciativa contempla puntos muy importantes, como el endurecimiento de penas para los corruptos, la vigilancia a la contratación, mecanismos de control ciudadano y procesos disciplinarios efectivos, entre otros.

A mi juicio, el estatuto debería centrarse, sobre todo, en la financiación de las campañas: quien gasta cuantiosas sumas de dinero para hacerse elegir no tiene otro propósito diferente que el de lucrarse a costillas del Estado. Es justo allí donde los organismo de control y la ciudadanía debemos estar alertas y vigilantes.

En el papel se ve muy bien el proyecto, pero lo realmente importante es que se pueda implementar y que sea efectivo. Está por verse si el Congreso lo aprueba.

Me pregunto: ¿Quién causa más daño?: ¿El narcotraficante que envenena con su droga o el Político que se roba el presupuesto y como consecuencia le quita a la gente pobre la posibilidad de tener acceso a la salud y a la educación? La verdadera maldición de Colombia no es el ‘traqueteo’ sino el saqueo. Quienes consumen drogas pueden elegir, los pobres no tienen opción.

La corrupción se puede combatir a través de mecanismos jurídicos lo suficientemente contundentes y certeros; pero nada lograremos si la conciencia colectiva no reacciona. Por eso es necesario denunciar y rechazar a los corruptos. Nuestros hijos y nietos merecen un mejor país.

La ñapa: sobrecogedora la situación de los habitantes de la mojana sucreña. La inundación tiene dimensiones apocalípticas. El Estado debe hacer presencia y tomar correctivos para que esta tragedia no se repita.