18 de octubre de 2021
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Desaparece la verdad

18 de septiembre de 2010

Y se refiere a que en sus juicios se ejerció la facultad que tienen los jueces de ‘sellar’ la información en determinados casos, por ejemplo en temas como seguridad nacional, investigaciones gubernamentales en desarrollo, o víctimas o testigos en peligro; según las circunstancias y el criterio del juez, se puede desaparecer nombres, o parte de los expedientes, o eventualmente, según el precedente existente, ‘bajo circunstancias extraordinarias’ cualquier rastro del mismo [1].

Se supone que el caso de estos colombianos se aplica por su colaboración con la justicia para protegerlos de posibles retaliaciones. Pero resulta que todos ellos son, más que capos de la mafia, jefes paramilitares que tiene pendiente en Colombia crímenes confesados, desde el asesinato de un Juez, hasta el asumir uno de ellos la responsabilidad por 450 muertes. Y no hay forma de saber ni siquiera si fue negociación de penas u otra la razón para que no deba quedar ninguna información sobre estas personas. Incluso no se sabe si se les hace el seguimiento pues a uno de ellos, que tenía como garante un primo, al ser requerido sobre su existencia , dijo haber perdido el contacto con él.

En Estados Unidos despierta interés el uso de tal sistema y no necesariamente por ser el caso de los colombianos. Entre otras porque aunque la justicia federal presionó para que quedara constancia en el registro bajo el rubro de ‘bajo sello’ (‘classified’) y no quedara ni siquiera constancia de proceso, varios Jueces de Distrito no han acatado esa directriz.

A nosotros nos interesan otros aspectos.

De por medio está el incumplimiento de lo que dijo el Embajador Brownfield que había sido acordado con el Gobierno Uribe al momento de la extradición, a saber, que los Estados Unidos garantizaba que “las víctimas, sus apoderados, y los fiscales colombianos tendrían acceso a los individuos extraditados y a sus bienes” de tal manera que no se impediría el desarrollo de los procesos de ‘Verdad, Justicia, y Reparación’.

A sabiendas que por lo menos 14 de los jefes paramilitares que se habían acogido a la ‘jurisdicción’ de Justicia y Paz fueron extraditados y que el Gobierno Uribe reivindicó haber enviado cerca de otros 500 nacionales, una inquietud sería la de saber cuáles y cuántos de estos han quedado en estas condiciones.

El estudio hecho por la justicia federal en 2006 estableció que sobre un millón de procesos cobijados en alguna de las variantes de ese ‘sellamiento’ solo 275 habían desaparecido completamente. Al mismo tiempo una investigación de la AP señaló que a partir de ese año aumentaron los casos tratados de esa manera. A nosotros nos interesaría saber que porcentaje se refería a colombianos y sobre todo que porcentaje del aumento nos correspondió.

Y, para presentar la inquietud que muchos manifiestan respecto al hecho que se extraditaran en plena confesión los jefes paramilitares, dado que su envío fue una decisión personal de Uribe y que existía la ‘relación especial’ con Bush, es posible que el fuero que cobije a los ‘esfumados’ sea bajo el fuero de ‘Interés Gubernamental’ y no decisión de los jueces.