28 de octubre de 2021
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‘Chuzadas’, más graves que ‘Watergate’

13 de septiembre de 2010
13 de septiembre de 2010

Que desde la Presidencia de la República, y a través del organismo de inteligencia adscrito directamente al despacho del Presidente de la República, se montara toda una operación de seguimiento, espionaje y acoso en contra de la Corte Suprema de Justicia con el único y definido propósito de desprestigiarla como Institución y a sus miembros como magistrados y ciudadanos, es algo que supera, y por mucho, un escándalo como el del Watergate, que tumbó Richard Nixon, entonces presidente de la Nación más poderosa de la tierra.

Cuando los medios de comunicación empezaron a denunciar el tema, parecía tan absurdo y tan increíble que hasta el propio Presidente Uribe se dio el lujo de ofender públicamente al director de Semana, Alejandro Santos, por haberse atrevido a publicarlo.

Ahora que han trascendido los testimonios de los involucrados en este oscuro episodio, algunos de los cuales he tenido el privilegio de conocer de primera mano, es evidente que la prensa se quedó corta y que la realidad del acoso a la Corte Suprema es mucho más extensa, estructurada y vil, que lo que cualquier mente acostumbrada a la legalidad pudiera llegar a pensar.

Todos los testimonios, absolutamente todos, evidencian el perverso propósito de no solo desprestigiar al alto tribunal sino, tal como lo dijo uno de los involucrados, “neutralizar la parapolítica”; es decir, impedir que la Corte sacara avante el proceso que inició, para demostrar el maridaje criminal de algunos políticos con los grupos paramilitares.

¿Cuáles son las causas, el desarrollo y las consecuencias de semejante situación? Son las preguntas que el país se hace, y de cuya respuestas depende la supervivencia nacional.

Una verdadera empresa criminal.Hay plena certeza de que lo que se montó en contra de la Corte Suprema de Justicia por parte del DAS fue una verdadera “empresa criminal”, no sólo porque la Fiscalía General lo ha determinado en sus indagaciones, sino porque todos los involucrados así lo han reconocido. “Concierto para delinquir”, es el nombre jurídico que en forma de cargo han aceptado varios de los comprometidos en el delito.

Está probado que “alguien” en Presidencia, tuvo la idea de que había que seguir a los magistrados de la Corte. Semejante propósito fue transmitido, sugerido o simplemente ordenado al DAS y a la Uiaf, que se aplicaron mancomunadamente al efecto.

A los magistrados de la Corte, especialmente a los de la Sala Penal, y sobre todo a sus ex presidentes Valencia Copete y Ramírez Bastidas, se les interceptaron sus teléfonos, esculcaron sus cuentas, averiguaron sus propiedades y hasta visitaron sus lugares de origen, tratando de buscarles nexos, así fueran remotos, con organizaciones al margen de la Ley o con alguna actividad delictiva. Nada encontraron.

La información obtenida era obviamente ilegal de modo que el Gobierno no podía utilizarla. Para lograrlo, se idearon filtrarla a través de periodistas amigos, que la publicaban, para que el Gobierno fustigara a la Corte a partir de las revelaciones de la prensa.

¿QUÉ SIGUE?

Como dijo el juez que le revocó la detención domiciliaria al ex director de la Uiaf Mario Aranguren, “esto es más grave que el Watergate”. Sin embargo, digo yo, a nadie le parece lo suficientemente serio, pues si nos pareciera así, Uribe hubiera corrido la misma suerte de Nixon y en Colombia éste sería el debate que ocuparía toda la atención del país.

Las propuestas para solucionar el problema van desde la desaparición absoluta del DAS, que es como vender el sofá, hasta la promesa personal que acaba de hacer el Presidente Santos en el encuentro con la Jurisdicción Contencioso Administrativa, celebrado en Cartagena la semana pasada, en el sentido de que el Gobierno no volverá a usar el DAS en contra de la administración de justicia.

Pero nadie hace una propuesta de reforma estructural a los servicios de inteligencia nacional para que no respondan al capricho del gobernante de turno, sino a los verdaderos intereses del Estado. Y lo más importante, que nunca vuelva a ocurrir que se confunda la seguridad del Gobierno, que se siente amenazado por la aplicación de la Constitución la Ley que haga un organismo de Justicia, con la seguridad del Estado, que jamás puede verse amenazada por las decisiones de uno de los órganos que lo componen.

SABÍA ÁLVARIO URIBE: ¿SÍ O NO?

Nadie duda de que Palacio sí sabía. La pregunta es, ¿sabía Uribe? Es bastante probable que supiera lo que estaba pasando, pues era el único que se beneficiaba con el espionaje a los magistrados de la Corte. Y, además, el único que, en privado y en público, manifestaba su absoluto rechazo a las actuaciones de esa Corporación.

En una declaración pública, citada por José Gregorio Hernández en su columna de El Nuevo Siglo, Uribe dice que la prensa dice que hay, una presunta infiltración de narcotraficantes en la Corte Suprema. Lo que no dice Uribe es que la fuente de la prensa son las investigaciones ilegales del DAS y que los narcotraficantes solo fueron una excusa para perseguir a los magistrados.

La otra prueba que comprometería la actuación de Uribe, es que Luis Carlos Restrepo, al día siguiente del fallo de Yidis Medina y después de que Uribe les dijera a los magistrados de la Corte que “se prestaban para la trampa del terrorismo agónico”, formuló una denuncia penal contra ellos, fundada exclusivamente en las informaciones que la prensa había publicado, con origen en las investigaciones que el DAS y la Uiaf denominaron “Caso Paseo”.

Y además, si el mérito de Uribe como Presidente era que sabía y tenía en la cabeza todo lo que pasaba en el sitio más recóndito del Putumayo, cómo era posible que desconociera lo que pasaba en la propia sede de su gobierno. A menos que, como le ocurrió a Ernesto Samper, todo haya ocurrido a sus espaldas.

DE LA CASA DE NARIÑO A LA “CASA DE NARI”

Por cuenta de la ejecución de la “empresa criminal”, la Casa de Nariño terminó siendo lugar de encuentros de oscuros personajes, como el tristemente célebre “Job”, con altos funcionarios de Palacio. La sede del Gobierno, y lugar de residencia de la familia presidencial, fue uno de los lugares escogidos para que unos y otros intercambiaran información, diseñaran estrategias y planificaran los pasos a seguir.

El episodio en el que un ex gobernador del Cauca, en trance de ser nombrado por Uribe como embajador en una isla del Caribe, instiga a los funcionarios del DAS a perseguir a los magistrados de la Corte Suprema, demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes veían amenazada su tranquilidad y veían en la Corte a su enemigo más poderoso.

A quienes allí laboraban no les importó llevar a ese estado de degradación a la sede del Gobierno y símbolo de uno de los tres poderes del Estado. Fue así como la Casa de Nariño terminó convertida en la “Casa de Nari”.

¿QUÉ TANTO SABÍA LA CASA DE NARIÑO?

Todos los involucrados coinciden en afirmar que “Presidencia presionaba por los resultados”, de modo que, no hay duda de que en la Casa de Nariño sabían lo que se estaba haciendo y reclamaban la información ilegal que se obtenía, porque era desde allá donde se filtraba a la prensa, o desde el propio DAS, por instrucciones de Palacio.

Suficientemente conocido es el incidente presentado con la revista Semana cuando publicó el artículo “El mecenas de la justicia”, referido a Ascencio Reyes, que fue ilustrado con una foto equivocada que suministraron desde Palacio, según lo testimonió uno de los involucrados en el tema.

El artículo le costó el puesto al periodista que lo preparó, a Semana una rectificación pública y a los hombres de Palacio su vinculación al proceso penal de las chuzadas. La conclusión, entonces, es no sólo que Palacio sí sabía sino que, además, ordenó, orquestó y era el único beneficiario de la tramoya montada contra la Corte Suprema.

¿CUÁL FUE EL ORIGEN DE LAS CHUZADAS?

En 2006 las relaciones de Uribe con la Corte eran las mejores, al punto que a través de su ministro de Justicia Fernando Londoño, se comprometió con ese tribunal a decidir el conflicto por las tutelas contra sentencias a favor suyo y no de la Constitucional. Sin embargo, por cuenta de la reelección y del cambio de Ministro, Uribe terminó decidiéndose a favor de la Constitucional, y la Corte Suprema reclamándole esa supuesta traición.

Desde entonces, Uribe identificó todas las acciones judiciales de la Corte como una venganza en contra suya o de su bancada. Fue por eso que cada decisión jurídica del alto tribunal fue respondida con un insulto presidencial.

Cuando los magistrados decidieron con la Ley de Justicia y Paz que el paramilitarismo no podía recibir trato político, Uribe les dijo que estaban decidiendo con “sesgo ideológico”; cuando condenaron a Yidis Medina, que se estaban prestando para “el juego del terrorismo agónico”; y cuando libraron copias contra Tomás Uribe, su hijo, lo menos que les dijo fue prevaricadores.

Por el camino, Luis Carlos Restrepo y Diego Palacio, presentaron denuncias penales contra los magistrados y el propio Uribe se querelló contra el magistrado Valencia Copete. Como Uribe siempre descalificó como terrorista a todo aquel que no se plegara a sus condiciones, la Corte fue para él poco menos que un grupo subversivo, tal vez fue por eso que el DAS la declaró “blanco de inteligencia”.