16 de agosto de 2022
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¿Qué hacer con el DAS?

7 de agosto de 2010

Por cuenta de lo que inicialmente fue un informe periodístico de Semana, que le originó a su director una descalificación pública por parte del Presidente de la República, el país comenzó a enterarse de lo que desde ese momento quedó bautizado como las “chuzadas del DAS”, que en principio parecía ser un caso aislado de desviación del ejercicio de las funciones de Inteligencia por parte de algunos empleados de ese organismo.

Como dice el enunciado de la Ley de Murphy, “toda situación mala es susceptible de empeorar”, en este caso, más que en ningún otro, el panorama del DAS no ha hecho más que agravarse en los últimos seis años del mandato de Álvaro Uribe.

Ya era suficientemente grave la situación que se había presentado con la investigación, captura y enjuiciamiento de Jorge Noguera, ese “buen muchacho” que Uribe nombró como Director del único organismo de Inteligencia adscrito directamente a la Presidencia de la República. Que Noguera haya sido acusado y lo estén juzgando prácticamente por haber puesto el DAS al servicio del paramilitarismo, que entre otras cosas dio origen a casos tan aberrantes como el asesinato del profesor barranquillero Alfredo Correa de Andreis, era sobradamente peligroso como para haber modificado profunda y estructuralmente ese organismo de seguridad, tarea que el presidente Uribe se empeñó en no hacer.

Como si lo anterior no fuera escandaloso, luego apareció, según se ha sabido por el reconocimiento que los propios implicados han hecho en la investigación judicial, que desde la propia Presidencia se determinó que el DAS utilizara toda su estructura de Inteligencia y toda su plataforma tecnológica única y exclusivamente para inmiscuirse en la vida privada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas, César Julio Valencia y Sigifredo Espinosa, del magistrado Humberto Sierra de la Corte Constitucional y de Rafael Osteau del Consejo de Estado. De igual manera, en la vida de los senadores opositores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, con el propósito de averiguar datos íntimos que permitieran desprestigiarlos públicamente y de “neutralizar la investigación de la parapolítica”, en el caso de los magistrados de la Corte Suprema.

Así las cosas, el problema no es sólo del DAS, sino que sus actividades al margen de la Ley, que según la Fiscalía constituyeron una verdadera empresa criminal a la que se vinculó, además, a la UIAF, cuyos director y subdirector se encuentran privados de la libertad, corresponden a una estrategia consciente y deliberada diseñada, dicen los implicados, desde la propia Presidencia de la República contra quienes allí estimaban incómodos para el unanimismo presidencial.

De manera que el embrollo también involucra a la Presidencia de la República y por tanto es una de las tareas que el nuevo Presidente debe asumir de forma personal como quiera que no sólo se requiere rediseñar el DAS y reeducar a sus funcionarios, de Policía Judicial y de Inteligencia, sino que es necesario que desde la Presidencia se defina qué es un blanco de Inteligencia legítimo y que se aclare de una vez por todas que la seguridad del Estado es muy diferente de la seguridad del Gobierno y que la seguridad del Gobierno no se afecta por la crítica legítima de un periodista, ni por el control político que hagan los partidos de oposición y menos aún por las investigaciones judiciales de los magistrados de la Corte Suprema dentro del marco de la Constitución y la Ley.

No tiene buenos antecedentes el Presidente electo para acometer semejante tarea, pues él mismo ha sido señalado de confundir una cosa con otra en más de una ocasión. Sus reuniones en épocas de Samper con grupos organizados al margen de la Ley -que él mismo ha reconocido- para buscarle una salida -con violación de la Constitución- a la crisis de ese Gobierno, es un mal precedente. También lo es la investigación y juicio del contralmirante Gabriel Arango Bacci, en cuyo fallo absolutorio la Corte Suprema determinó librarle copias para que lo investigaran como ministro de Defensa por omitir sus deberes legales ante la existencia de pruebas falsas contra el alto oficial de la Armada Nacional.

Y como si fuera poco, el actual director del DAS -ficha suya más que de Uribe- tiene la obligación de explicar las versiones que lo comprometerían con el posible encubrimiento de las interceptaciones ilegales que esa institución hizo a los magistrados de la Corte Suprema.

El panorama de ese organismo de seguridad pinta bastante oscuro. Pero la solución no puede ser, como se oye, adscribir todas sus funciones a la Policía Nacional, pues parte de la esencia de un sistema democrático es que haya un organismo de Inteligencia de carácter civil que sea de plena confianza del Presidente de la República y que no esté sometido a las reglas de la línea de mando militar o policial, sino a las de la Constitución y la Ley. Estados Unidos de América no sería tan poderoso sin el NAS, o la CIA, ni tampoco Inglaterra sin el MI5. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, con todo y lo que hizo Richard Nixon, jamás se les ocurrió involucrar a esas agencias en el Watergate, como sí ocurrió aquí con el DAS.

Ante la gravedad de los hechos, la solución no puede ser una reforma cosmética al DAS o su desaparición forzosa. Juan Manuel Santos tiene una muy buena oportunidad para ensayar algo que a él le gusta mucho: “la Tercera Vía”.El Heraldo