Primeros pasos de consenso para la reforma judicial
Este anuncio lo hizo Vargas en la reunión que sostuvo el presidente Santos con magistrados de las altas Cortes en la Casa de Nariño. Allí, el jefe de la cartera del Interior y Justicia anunció además que desde ese mismo instante iniciaba la concertación con el poder Judicial de la reforma judicial que prepara el gobierno y que tendrá lista a finales de este mes.
“El propósito es tener un proyecto concertado antes de que finalice el mes de agosto concertado con la jurisdicción, pero también concertado en la mesa de trabajo con aquellos partidos que la integran, para garantizar y viabilizar su trámite”, manifestó.
Por otro lado, el alto funcionario señaló que el gobierno nunca más controvertirá las decisiones judiciales.
“Nunca más escucharán a ningún funcionario del gobierno controvertir decisiones jurisdiccionales mas allá de las instancias procesales a las que haya lugar, nuca se va a repetir lo que ha acontecido en estos meses y esa es la intención del gobierno Nacional”, aseguró el ministro.
Vargas también anunció que el Gobierno tendrá un mecanismo de diálogo permanente con las altas Cortes, al que calificó como la mesa de la justicia.
“A partir de hoy, el Gobierno Nacional, el Presidente tendrá un mecanismo de diálogo permanente. Podemos bautizarlo la mesa de la justicia, si así se quiere llamar, para que regularmente el intercambio de opiniones, de ideas, tenga cabida y lugar”, afirmó Vargas.
Por su parte, los presidentes de las altas Cortes celebraron esta nueva era de relaciones entre el Gobierno y el poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, resaltó la importancia del hecho de que ahora la justicia estará entre las prioridades del gobierno.
“La justicia estará en el centro de las políticas públicas buscando su mejoría”, manifestó Arrubla. Además, el magistrado vio con buenos ojos la reforma judicial que tiene el Gobierno. “En las cortes estamos dispuestos a la reforma. Es que la reforma debe ser permanente, continúa, es una revisión que debe hacerse a todas nuestras instituciones, a nuestras competencias, a nuestros organismos”.
El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, se mostró satisfecho con el anuncio del ministro del Interior de buscar una mesa de diálogo con las Cortes.
Por último, los presidentes del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, Luis Fernando Álvarez y Francisco Escobar, respectivamente, también resaltaron la independencia y autonomía que tendrán las Cortes en este gobierno.
Papas calientes de la reforma
Son varios los temas trascendentales que deberá afrontar una reforma judicial en el país. EL NUEVO SIGLO describe estos aspectos que deberán ser concertados con las altas Cortes:
• Elección del Fiscal: Ayer el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, al anunciar el retiro definitivo del proyecto de elección del Fiscal, anunció que “el tema puede y debe ser objeto de deliberaciones y discusiones, pero a partir de la reforma integral que el Gobierno se propone presentar al Congreso”. Aún se desconoce cuál será la propuesta en este aspecto que hará el Ministerio del Interior y Justicia.
• Otras elecciones políticas: Las altas Cortes también tienen la obligación de elegir a otros altos funcionarios como al procurador y al Contralor General. Según han sostenido algunos medios de comunicación en la reforma que prepara Vargas Lleras, se suprimirían estas facultades, que han sido objeto de innumerables roces entre el poder judicial y otros poderes como el Ejecutivo.
• Supresión del Consejo Superior de la Judicatura: Uno de los temas mas debatidos ha sido quitarle a la Judicatura su función jurisdiccional, con la que se han controvertido y revocado sentencias de la jurisdicción penal y disciplinaria. En este aspecto, la comisión de reforma a la justicia, convocada por el gobierno de Álvaro Uribe, propuso crear un órgano independiente dedicado a manejar exclusivamente el presupuesto de la Rama Judicial.
• Tutela contra sentencia judicial: Acabar con el choque de trenes ha sido uno de los temas más recurrentes a la hora de hablar de una reforma judicial. Este tema ha sido objeto de controversia entre el Consejo Superior de la Judicatura, que ha argumentado que la Constitución establece que la tutela es la acción idónea para buscar el amparo de los derechos, por lo que puede ser interpuesto en cualquier instancia, y la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que tienen la tesis de que por ser los órgano de cierre de la Justicia Penal Ordinaria y de ka Justicia Administrativa, sus fallos no pueden ser controvertidos por otra Corte.
• Sistema de cooptación: Otro de los temas que ha creado disenso entre las mismas altas Cortes y con otros poderes del Estado, es el del sistema de elección de los magistrados. Actualmente funciona el sistema de cooptación, donde un magistrado es elegido por la Sala Plena del alto Tribunal donde se presenta la vacante, de una lista de cinco a 15 aspirantes enviada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior son elegidos por el Congreso de la República, lo que ha generado críticas y controversias.
• Competencias disciplinarias: Si se contempla suprimir la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o el alto Tribunal en su totalidad, se requiere decidir quien asumirá las competencias disciplinarias para investigar a magistrados, jueces y abogados. En discusiones anteriores, se había propuesto volver al sistema que existía antes del 1991, donde la Procuraduría investigaba disciplinariamente a magistrados y jueces.
• Jurisdicción electoral: Un tema que no puede escapar a una reforma judicial es el que tiene que ver con las competencias para decidir demandas por irregularidades en elecciones. La última reforma política planteó que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien deberá conocer estas demandas, para descongestionar los procesos que tiene el Consejo de Estado. Sin embargo, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha sostenido que esa facultad no puede recaer en un órgano compuesto por magistrados que son elegidos por el Congreso de la República y de nombres postulados por los partidos políticos.
• Doble instancia: La doble instancia judicial para aforados es otro de las papas calientes que debe ser concertada con las altas Cortes. Esta propuesta nació con las primeras condenas en el caso de la parapolítica y se ha insistido en la creación de una superporte que haga de segunda instancia en los juicios contra congresistas.
• Comisión de Investigación y Acusación: Es la comisión de la Cámara de Representantes encargada de indagar a los máximos dignatarios y funcionarios del Estado. Actualmente esta comisión adolece de presupuesto y de personal para investigar al presidente de la República, magistrados de altas Cortes y al Fiscal General, entre otros.
