16 de agosto de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

¡Cuál traición a la patria! No hay derecho a tanta estupidez.

28 de agosto de 2010

Y esto solo se alcanza, cuando los apetitos de poder individual, en ciertos dirigentes, cedan al interés general, comenzando por su propio partido.
La oposición no se puede ejercer como simple charlatanería, solo por el prurito de convertirse en una persona negativa o de alcanzar un espacio efímero en el mundo mediático o ganar una u otra alabanza de corifeos o creer erróneamente que es la mejor forma de sobresalir en su grupo político. No, la oposición  se hace con responsabilidad y con conocimiento de causa sobre hechos concretos de manera clara, precisa y concisa, consultando siempre lo bueno para coadyuvarlo, y procurando disuadir de lo malo o perjudicial por medio de la denuncia pública y, aún, recurriendo a instancias internacionales y con la prueba a mano.
En un Estado Social de Derecho, como el nuestro, el acatamiento de la normatividad jurídica es “ergo omnes”, o sea, obliga a todo el mundo, tanto a gobernantes como a gobernados. Nadie puede impunemente infringir el ordenamiento jurídico, por màs que ostente jurisdicción y mando. El gobernante, por igual, tiene que someterse al imperio de la ley, y tiene un juez natural para su juzgamiento, salvo que se trate de hechos delictuoso excepcionales que pueda llegar a conocer las Cortes internacionales, en caso de no juzgarse estas conductas en el respectivo país, evitando asì la impunidad.
Es por ello, que se me hace un poco ridícula y, ante todo, inocua la demanda que se está ventilando por estos días contra el ex-presidente Uribe, por el presunto delito de Traición a la Patria, Prevaricato y Abuso de Poder, por parte de un parlamentario perteneciente a un Partido de oposición y un colectivo de Abogados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por suscribir el Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad con el gobierno de los Estados Unidos.
Para evitar elucubraciones jurídicas de fondo, de pronto ininteligibles para algunos, sobre los presuntos delitos enunciados, basta solo hacer una simple y sencilla consideración de la conducta asumida por el entonces presidente Álvaro Uribe para la suscripción de los dos mencionados tratados: en cumplimiento de su deber, al tenor del artículo 189 de la Carta, corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso; proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación.
En cuanto al Tratado de Libre Comercio, todavía no puede ser referente ni para bien ni para mal, ya que éste no se ha consumado, no tiene vida jurídica, no obliga a las partes por cuanto no se ha perfeccionado, es un acto complejo que requiere la aprobación del Congreso de los dos países firmantes. En el Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia en Defensa y Seguridad, se creyó en un principio que no era necesario su paso por el Congreso para su aprobación por tratarse de una complementación a un Acuerdo anterior, sin alterarse en lo màs mínimo su objeto y su causa, a lo cual la Corte Constitucional en su revisión ordenó que se subsanara y concedió al gobierno un plazo de un año para su trámite legal ante el parlamento, sin señalar ninguna conducta delictuosa en perjuicio de la Nación.
Nuestro ordenamiento jurídico en materia penal dispone de manera taxativa y de fácil comprensión, para entender la estupidez y pérdida de tiempo con la denuncia penal, lo siguiente: para que una conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable; para que  una conducta típica y antijurídica sea punible debe realizarse con culpabilidad, no hay responsabilidad objetiva; no hay culpabilidad si el hecho no se ha realizado con dolo, culpa o preterintencional. Presupuestos estos que brillan por su ausencia en la conducta asumida por el ex- Presidente al firmar los Acuerdos mencionados.
¿Cómo se fortalecería nuestra democracia si los partidos de oposición y el colectivo de Abogados dejaran de lado preocupaciones o denuncias baladíes y su atención se enfocara en situaciones o hechos de mayor monta que, de una u otra manera, afectan la institucionalidad y la convivencia social?
¿No creen que en Colombia se ha vivido y padecido situaciones escabrosas y macabras que merecen ser investigadas a fondo y penadas sin contemplación, aún por Cortes internacionales?
Álvaro Uribe Vélez está en la obligación histórica e ineludible de dar explicaciones creíbles y, ante todo, satisfactorias ante la Corte Penal Internacional sobre el grado de culpabilidad o responsabilidad o clase de injerencia en la creación de las cooperativas de seguridad privada- CONVIVIR- destinadas a proteger y fortalecer el paramilitarismo en Antioquia, cuando fue gobernador; en 1996, las masacres de Remedios y Yendo; en 1997, la matanza en el corregimiento de El Aro en Ituango; en 1990,la relación suya y de su hermano Santiago con el grupo paramilitar ‘los doce apóstoles’ que operaban en Santa Rosa de Osos y Yarumal, con su cuartel general en la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vèlez; y, ni hablar, de las ejecuciones extra judiciales o ‘falsos positivos’, sustentación estrella de su política de seguridad democrática.
Además, si la Corte Penal Internacional ejerce su jurisdicción se tiene la certeza de una cumplida justicia y la aplicación de las normas de Derecho Internacional y de Derechos Humanos, que son reglas de obligatorio cumplimiento en la justicia colombiana y que estamos distantes de hacerlas efectivas, como la figura de la jurisprudencia internacional  denominada Empresa Criminal Conjunta: los grupos paramilitares; su responsabilidad penal se determina por acción directa o indirecta, incluida la pertenencia o participación por omisión, aquiescencia, no impedir, investigar o castigar cuando se tiene autoridad de facto, extensiva a responsables militares y autoridades civiles . Artículo 25.3- responsabilidad penal individual- Estatuto de Roma.- Corte Penal Internacional.
Lo que se busca es que La Corte Penal Internacional avoque el conocimiento y juzgamiento de esta época macabra que vivió Colombia y establecer inequívocamente el por qué de la determinación intempestiva de ordenar la extradición de la cúpula ‘paramilitar’ por parte del gobierno, ya que con esta decisión se cortó de ‘tajo’ la búsqueda de la verdad y su merecido castigo a los cómplices necesarios, ya unos a buen recaudo y otros muchos que faltan, y lo cual iba bien  direccionado por parte de los Operadores Judiciales, así las cosas, queda plasmado inequívocamente la responsabilidad del Estado por la falta de voluntad y el no querer llevar a cabo el respectivo juicio penal por razones bastante  notorias, tales como parentesco, estrecha amistad y coaliciones políticas y, aquí, si se tiene suficiente evidencia documental y circunstancial que prueba, sin mayor esfuerzo, el ocultamiento de la verdad y la obstrucción a la justicia.
Quedan faltando por enunciar muchísimos presuntos delitos ‘domésticos o caseros’, y que no clasifican en los de ‘lesa humanidad’. Y, sin embargo, Uribe Vélez fue ungido como Jefe natural de ese ‘acrisolado’ partido de ‘la U.”. Doy mi voto por Roy Barreras.

Manizales, Agosto 28 de 2010.