19 de agosto de 2022
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Juan Sebastián Giraldo Gutiérrez

Asesinos en potencia

29 de agosto de 2010

La pobre mujer que murió, una madre dedicada, deja un gran vacío entre los suyos, y el desafortunado jurista vive su propio infierno: se le acabó la vida.

Esta historia lamentable se repite a diario en nuestro país, y lo peor es que cualquiera pude convertirse en victimario: es una costumbre muy arraigada en Colombia, casi que un condicionamiento cultural, manejar en estado de embriaguez, al punto de considerar que se conduce mejor cuando se tienen unos tragos encima. Es absurdo y ridículo el grado de negligencia e irresponsabilidad con que algunos llevan la vida, al igual que la aceptación social que tiene el citado despropósito: todo el mundo ve normal la mezcla del licor y la cabrilla.

Nuestra legislación penal determina que este tipo de situaciones –la de causarle la muerte a otra persona con un vehículo bajo los efectos del licor o las drogas- se encuadren en el tipo de homicidio culposo, en donde lo que se castiga básicamente es la imprevisión de lo previsible. La adecuación culposa de una conducta entraña un tratamiento benévolo para el infractor (no hay cárcel, el problema se arregla con dinero y la pena es menor), pues se tiene como cierta la ausencia del propósito de causar un daño o perjuicio; en otras palabras, el homicidio culposo es un accidente, una fatalidad que se da por falta de precaución.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por vía jurisprudencial acaba de modificar, a través de un fallo de casación, la interpretación y aplicación de la ley, al considerar que el individuo que pueda prever las consecuencias de ingerir licor y manejar embriagado actúa de manera dolosa, con una clara intención de causar daño. A falta de una ley severa y contundente, la Corte aplicó la teoría del dolo eventual, que les permitirá a los jueces encausar a los procesados en estos casos por homicidio doloso, evitando con ello que se les condene por homicidio culposo o imprudente.

Acertada la decisión de la Corte, pero yo iría más allá: es evidente que quien maneje imbuido por el licor, las drogas o ambos, tiene consciencia del riesgo al que se somete a sí mismo y a los demás, por el simple hecho de manejar en esa condiciones. Por eso la persona debería ser judicializada con severidad, sin que se requiera para ello que muera un inocente. Conducir enajenado por las drogas o el licor debe ser considerado un delito de peligro y no de resultado. Frente a estas graves conductas el legislador tiene la obligación constitucional y legal de crear normas fuertes que guarden proporción entre el riesgo creado, el daño infligido y la sanción por imponer.

La misión del derecho penal es la garantía de la estructura normativa de la sociedad; su función se refiere a la orientación de conductas, y los precedentes judiciales son determinantes para ello, pues por ese conducto se les envía un mensaje ejemplarizante a los administrados.

Es injusto e inhumano que la vida de quienes mueren a manos de los borrachos del volante se comercie y negocie como si de animales se tratara.

Ya basta de eufemismos: quien maneja borracho es un asesino en potencia y debe ser tratado como tal.

La ñapa: ya se empiezan a conocer con claridad todas las irregularidades en las que incurrió Andrés Felipe Arias cuando estuvo al frente del ministerio de agricultura.El Heraldo.