Procuraduría está tramitando conciliación extrajudicial solicitada por Íngrid Betancourt
Estas solicitudes obedecen a la competencia que la ley ha otorgado al Ministerio Público al establecerse como requisito de procedibilidad obligatorio antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa en acción de reparación directa.
Las pretensiones acumuladas de las dos solicitudes presentadas por Ingrid Betancourt y la señora madre Yolanda Pulecio, su hermana Astrid Betancourt, y sus hijos Melanie Delloye y Lorenzo Delloye, por perjuicios morales y materiales ascienden a la suma de 15.431.351.537.
La Procuraduría convocará a la Nación representada en el Ministerio de Defensa (Ejército y Policía Nacional) y al Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de cumplir la diligencia de conciliación.
En diálogo con los medios de comunicación, el Delegado para la Conciliación Extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, Isnardo Jaimes, explicó que luego de recibirse la solicitud, el trámite establece que “una vez analizados los requisitos de forma se citará a una audiencia pública a los convocados en un término de 30 días”.
El Ministerio Público tendrá entre dos y tres meses para definir si llega o no a la conciliación, en caso de conciliarse precisó que el acuerdo será remitido al juez competente, en este caso el Tribunal “para que decida si lo aprueba o no”. Si no hay acuerdo, “se entregará una constancia al convocante para que pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a presentar la acción de reparación directa”.
“La Procuraduría General, en este caso como en las cerda de 30 mil solicitudes de conciliación solicitadas en lo que de este año actúa como mediadora”, indicó el Delegado Jaimes.
Versión de prensa
Íngrid sorprende con demanda al Estado
Por Tomás Betín Del Río
El Heraldo
Bogotá.
Frente a la demanda que presentará Íngrid Betancourt contra el Estado colombiano por unos $15 mil millones debido a los perjuicios morales y materiales que padeció por su secuestro, el Gobierno Nacional se declaró “sorprendido” y “apesadumbrado”, y dijo que no hay nada que haga deducir la responsabilidad oficial en los hechos. Mientras tanto, la Procuraduría General asumió la conciliación de la acción judicial.
La ex secuestrada durante más de seis años por las Farc dice que el Estado debe indemnizarla por 5.822 millones de pesos, por el dinero que dejó de devengar desde cuando fue hecha cautiva en febrero de 2002. La cifra fue calculada por ella misma según el salario que percibía en esa época, cuando era Senadora de la República.
Por su parte, la familia de Betancourt, su madre Yolanda Pulecio y los hijos de Ingrid, reclaman una cifra de 9.600 millones de pesos en otra demanda que también fue presentada el pasado 30 de junio.
En su alegato postuló a 23 de sus compañeros de secuestro como testigos de la tristeza, la enfermedad, el fallecimiento de su padre y el salario que dejó de recibir durante su cautiverio. Al parecer, entre estos posibles testigos estarían Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Géchem, John Frank Pinchao, Luis Herlindo Mendieta y Mark Gonzalvez..
Gechem dijo ayer que también contempla la posibilidad de demandar. Y Alan Jara dijo que lo está pensando.
Anoche Gabriel Devis, abogado de Ingrid, precisó que no han demandado al Estado colombiano, sino, propuesto una conciliación por los daños y perjuicios que provocó su privación de la libertad durante seis años por parte de la guerrilla.
El Estado, según lo que alegan las demandas, omitió prestar la seguridad a que estaba obligado en el desplazamiento de la ex candidata presidencial hacia el municipio de San Vicente del Caguán, en el Guaviare. Y, así mismo, por impedir que viajara en avión con su comitiva hasta dicho lugar.
“Se le advirtió el peligro”
El secretario general del Ministerio de Defensa, Luis Neira, leyó un comunicado en el que el Gobierno señala que tiene “la convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita decidir la responsabilidad del Estado en el secuestro” de Íngrid. El Ministerio de Defensa aseguró que la entonces candidata fue advertida, en dos ocasiones, del peligro que significaba su decisión de viajar a ese lugar del país y, sin embargo, ella determinó asumir esa responsabilidad. El caso ya está bajo análisis de los asesores jurídicos del Gobierno, que hará, seguramente, una fiera defensa, sobre todo, por los esfuerzos de las Fuerzas Militares en la ‘Operación Jaque’, que la rescató junto con 11 militares y tres norteamericanos el 2 de julio de 2008.
"No es una demanda", dice abogado
Bogotá (EFE). El abogado de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, quien junto a su familia presentaron una acción de conciliación contra el Ministerio de Defensa, aclaró hoy que no hay demandas contra nadie y refutó la versión de cómo fue el secuestro.
Gabriel Devis, el defensor de Betancourt, así lo señala en un comunicado dirigido “a los medios de comunicación y a la opinión pública”, en el que habla de la acción de conciliación, pero no proporciona cifra alguna como la difundida por el Ministerio de Defensa unas horas antes.
El secretario general del Ministerio, Luis Manuel Neira, confirmó hoy en un comunicado que el pasado 30 de junio se recibieron dos solicitudes de conciliación extrajudicial por parte de Betancourt, su madre Yolanda Pulecio, sus dos hijos y su hermana.
Las solicitudes, según Neira, exigen el pago de 13.000 millones de pesos (unos 6,84 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados durante su secuestro de más de seis años.
LA ACLARACIÓN
Devis señala en el comunicado que “no se ha demandado a nadie, ni al gobierno colombiano, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la operación de liberación” de Betancourt.
Añade que refuta “totalmente las informaciones amañadas sobre las condiciones en las cuales se produjo el secuestro” y subraya que desde el inicio del trámite de conciliación “se me dieron instrucciones de no instaurar ninguna demanda contra el Estado colombiano”.
Para el defensor de Betancourt, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante seis años y medio, “una conciliación es una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo”.
Devis ratifica “el profundo y permanente agradecimiento” de los Betancourt “con el gobierno colombiano, las Fuerzas Militares y todos aquellos que de una u otra forma, valientemente expusieron su vida por lograr su liberación y la de sus compañeros de cautiverio”.
En el sexto y último punto del comunicado el abogado Devis señala que “todo Estado de Derecho ampara a sus ciudadanos víctimas de terrorismo”.
Y puntualiza en que tiene la confianza en que “este debate permita adelantar una toma de conciencia de nuestra sociedad en torno a los daños morales que sufren las familias víctimas del secuestro y a la legitimidad de sus reparaciones”.
EL GOBIERNO “SORPRENDIDO”
El Ministerio de Defensa se declaró antes, “sorprendido y apesadumbrado” por la presentación de las solicitudes, “máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la operación Jaque”, por la que fue liberada Betancourt en julio del 2008.
La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002,* le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro*.
Sin embargo, algunas declaraciones de este viernes como reacción a la conciliación presentada, entre ellas la del ex alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, contradicen la versión de la misma ex candidata presidencial y de su familia.
Según Gómez, en declaraciones a emisoras, a la política se le advirtió del riesgo que corría al internarse por una carretera e incluso firmó una minuta sobre su responsabilidad.
Gómez precisó que se le pidió (a Betancourt) que se abstuviera de ir allá y ella tomó la decisión de ir, “llegó hasta el retén militar más avanzado y allí los militares le pidieron que no continuara y está firmado en la minuta, en el libro de la guardia de ese retén, que ella dice que continúa bajo su responsabilidad”.
El Ministerio de Defensa recordó también que Betancourt “desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política”.
El Gobierno colombiano, subrayó la cartera de Defensa en su comunicado, está seguro de que no existe “ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en esos hechos”.
Junto a la entonces candidata a la jefatura de Estado por el Partido Oxígeno Verde, fue secuestrada también su compañera para la vicepresidencia, Clara Rojas, liberada seis meses antes, en enero de 2008.
