Las víctimas no son los culpables
Sobre estos argumentos escribió Jorge Orlando Melo un excelente comentario en su última columna (“Delitos y culpas”, El Tiempo, julio 7, 2010) que concluye diciendo que no comparte las ideas de Cepeda y que rechaza algunos de sus métodos, de la misma manera que deplora el criminal ataque al Palacio de Justicia, pero que cree firmemente, al mismo tiempo, que se debe castigar a quienes se convierten en criminales cuando están reprimiendo delitos y que nadie tiene derecho a asesinar a otros. Dejar estos crímenes sin resolver o en la impunidad fomenta los asesinatos ‘políticos’ y hace progresar la idea de que si a las víctimas las mataron o las desaparecieron eran culpables de algo.
Cuando este tipo de argumentos se popularizan desaparece la justicia y se abren paso la arbitrariedad y el terror, como sucedió en Argentina en épocas del ‘Proceso’ militar, y como sucede soterradamente en otros países americanos y en regiones del nuestro. Dejar progresar esa filosofía es condenarnos a la ignominia, poner al país en la picota, y excluirlo del mundo civilizado, todo lo contrario de lo que está tratando de lograr el Presidente electo en su gira por Europa.
Él ha aprovechado la atención que ha recibido en ese continente para distanciarse de estas ideas y proyectar la imagen de un líder moderno y democrático que, sin desconocer los logros de su antecesor, está dispuesto a cambiar de prioridades y de métodos, a sepultar antipatías con sus vecinos y hasta a compartir con la oposición los “votos de honestidad y legalidad” que ella ha hecho (Financial Times, “Colombia’s Santos Offers Change of Tone”, julio 7, 2010).
En los círculos de extrema derecha, de donde emanan las teorías raras y los sofismas que alientan comportamientos criminales o violaciones de los derechos civiles o humanos, no se tiene en cuenta que la comunidad internacional percibe estas ideas como la otra cara del programa de seguridad democrática. Los demócratas y los sindicatos de los Estados Unidos han utilizado la falta de atención y el benigno desentendimiento del país con los derechos humanos y los derechos sindicales para bloquear legislación favorable a Colombia en el Congreso de ese país; y en Canadá trataron de obstaculizar el tratado de libre comercio con los mismos argumentos. El presidente Uribe no puede llegar a ningún foro internacional sin que lo acosen con preguntas sobre estos temas.
La comunidad internacional no reconoce la ley del Talión como uno de los pilares de la legislación mundial en el siglo XXI, no ve con buenos ojos la desaparición de jóvenes de las barriadas urbanas que luego reaparecen muertos vistiendo uniformes nuevos de la guerrilla, ni que asesinen políticos que simpatizan con la guerrilla, o que se desprestigie u hostigue a los jueces por tratar de hacer justicia.
Los exportadores de derivados de la palma africana ya están en la mira de quienes se oponen a la importación de esos productos con argumentos de protección del medio ambiente y de los derechos humanos. Si se destruyó bosque tropical o se desplazaron colonos a la fuerza para establecer esos cultivos, no se les augura mucho éxito en los mercados mundiales. El país no puede seguir operando como si fuera La Vorágine y a nadie le importara el poco respeto que aquí se le tiene a la vida, y en general a las reglas del mundo civilizado.
